De viajes, señales y cumplimientos
"Los anuncios y planes del Gobierno serán bien evaluados en la medida que produzcan una disminución en la delincuencia".
El próximo miércoles, el Presidente Gabriel Boric vendrá por primera vez a Antofagasta, en una visita que se extenderá hasta el viernes. Ese mismo día, llegaría también la ministra del Interior, Carolina Tohá, todo en un contexto en que la inmigración descontrolada y una profunda crisis de seguridad ciudadana ya rebasan todos los límites de lo aceptable.
En febrero pasado, cuando me reuní con el entonces Presidente electo Gabriel Boric, le retraté con la mayor fuerza posible este dolor de Antofagasta, y puse a disposición mi trabajo en el Congreso para la búsqueda de acuerdos transversales y soluciones integrales. Por eso, me parece que esta visita y los anuncios que se harían, en torno a la presentación de una modificación a la Ley de Migración y Extranjería para facilitar las expulsiones administrativas, y un nuevo proyecto que habilitará la expulsión de extranjeros condenados por la Ley de Drogas, son una señal correcta, más allá de la tardanza con que se presentan.
Sin embargo, están muy lejos de ser suficientes. Será necesario que el Ejecutivo los acompañe de acciones concretas, recursos humanos, financieros y administrativos, que le entreguen a nuestras policías y autoridades herramientas adecuadas para el combate de las mafias, asociaciones ilícitas y grupos criminales que se esconden detrás de la inmigración. Será ineludible, también, sumar a la mesa de trabajo al Ministerio Público, Jueces y Cancillería, para lograr, de una vez por todas, la ansiada coordinación de todos los actores involucrados. Un paso adicional será que La Moneda considere una adecuación de la partida presupuestaria contemplada para el combate de la inmigración irregular y las bandas delictivas organizadas, especialmente en el norte del país, para que esté acorde a la magnitud del desafío.
Finalmente, es fundamental que existan metas concretas, indicadores transparentes y públicos, así como plazos que pongan a los compromisos en la arena del accountabilty social, en que las personas puedan participar, evaluar y exigir respuestas, porque todos los anuncios y planes del Gobierno serán bien evaluados por la ciudadanía sólo en la medida que produzcan una disminución en la delincuencia y un mayor orden público.