Discrepancia entre el MOP y concesionaria
La recomendación del Panel Técnico de Concesiones reabre el debate acerca del diseño del modelo de gestión concesionado para recintos hospitalarios en Chile. Llama la atención por tanto que la discrepancia a la que se enfrenta el Ministerio de Obras Públicas y la concesionaria del HRA se extienda por más de un año desde cerrada el acta de finalización.
La decisión del Panel Técnico de Concesiones de recomendar el pago de más de 71 mil UF's a la sociedad concesionaria del Hospital Regional por los sobrecostos incurridos en servicios prestados en la pandemia, devuelve nuevamente al debate el modelo de gestión planteado para el principal establecimiento de salud público de la macrozona norte.
Pasados los momentos más críticos de la pandemia, es menester sostener que la disponibilidad de una infraestructura sanitaria prácticamente nueva fue una de las grandes y afortunadas fortalezas con que el sistema pudo afrontar la emergencia sanitaria.
Sin duda que la existencia de un modelo concesionado -y por tanto de contratos acordados entre el Estado y privados- exigió no solo flexibilizar los servicios a un escenario desconocido e insospechado hasta ese momento. En ello la voluntad de ambas partes y el deber de brindar atención de salud oportuna a la población fue prioritario. En el balance general, la apertura de más de 100 camas críticas y la concentración de gran parte de la atención covid de la región permitió sortear adecuadamente la enorme demanda de salud entre el 2020 y 2021.
Llama la atención por tanto que la discrepancia a la que se enfrenta el Ministerio de Obras Públicas y la concesionaria del HRA se extienda por más de un año desde cerrada el acta de finalización de la comisión regional que analizó los sobrecostos y que una de las alternativas expuestas por los representantes del MOP, además, haya sido continuar con un litigio judicial extenso, constituye una preocupante señal.
Y es que el modelo de concesiones, precisamente, se basa en la idea de agilizar la relación entre el sector público y privado. Y ello no solo en la etapa de construcción, sino en la explotación de los proyectos. La resolución de conflictos, por tanto, también opera en esa lógica, lo que claramente, a la luz de los argumentos expuestos, contradice cualquier modelo de concesión.
Las diferencias de criterios y mirada sobre los gastos mayores parecen tan profundos, como insalvables. Vale decir que en este caso, el Estado, a través de la inspección técnica, detenta la responsablidad del control sobre la operación del contrato. Y más allá de la situación de pandemia ocurrida, esa tarea, al menos en lo local, parece ser el punto crítico de la discusión por cuanto su decisión fue revisada y cuestionada a nivel central.