José Francisco Montecino L.

Poco más de tres meses después de que se impusiera el Rechazo a la propuesta constitucional en el plebiscito de salida, finalmente hubo humo blanco desde el ex Congreso el lunes en la noche. Las fuerzas políticas suscribieron a un acuerdo para dar otro cauce a la elaboración de una nueva Carta Magna para Chile.

Esta vez, el órgano que será electo por voto popular se denominará Consejo Constitucional, compuesto por 50 personas que deberán elaborar una propuesta de Constitución. Asimismo, se instalará una Comisión Experta que trabajará en un anteproyecto para el Consejo. Paralelamente, además, trabajará una comisión técnica que revisará si las normas aprobadas por los dos organismos anteriores son admisibles constitucionalmente o no.

El camino comenzará en menos de un mes. Se espera que la comisión de expertos comience a funcionar en enero del 2023. En abril se escogerán a los miembros del Consejo, y al mes siguiente deberán sesionar. Finalmente, en noviembre se debería realizar el plebiscito ratificatorio.

El mecanismo

Los académicos consultados concuerdan en que el mecanismo que se empleará en esta nueva etapa no tiene precedentes en otros países.

"Generalmente, lo que uno encuentra son dos escenarios: Por un lado, una convención constitucional que es completamente designada por los ciudadanos, sin la participación de expertos. En el otro lado, se da la confección de la Constitución dentro de los marcos legales normales. Por ejemplo, el Congreso se encarga de redactar una nueva carta, o reforma la existente", indica Francisco Sanz, director del Magíster en Derecho de la U. Católica del Norte y profesor de Derecho de Constitucional en la misma casa de estudios.

En tanto, Rodrigo Espinoza, director de Administración Pública de la U. Diego Portales, comenta que "podríamos llamarlo un mecanismo de carácter híbrido. Por una parte, tenemos un grupo de 24 expertos que van a presentar una propuesta al Consejo Constitucional, que va a ser el órgano electo".

Además, precisa que, "bajo esa premisa, lo curioso de esto es que habitualmente los grupos, las secretarías técnicas, o los expertos que participan dentro de los procesos apoyando, no suelen presentar ellos un anteproyecto. Entonces, la señal que queda con el mecanismo actual es que básicamente se van a elegir 50 representantes para ratificar una propuesta que va a venir redactada de acuerdo al Senado desde enero".

"Es bastante curioso, bastante atípico, pese a que es una mixtura y básicamente se encamina a lo que fue la propuesta constitucional de Michelle Bachelet, que al tipo de órgano que se encargó de redactar la propuesta de nueva Constitución que fue rechazada en septiembre", agrega el académico de la UDP.

Más crítico es Jerson Valencia, profesor de Derecho Constitucional de la U. de Antofagasta: "este sistema se parece -en cuanto a sus etapas y funciones de los órganos- al proceso constituyente que culminó con la dictación de la Constitución de 1980. En ese proceso, el órgano encargado de elaborar el anteproyecto de nueva constitución también fue una comisión de expertos, denominada en ese entonces como Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política de la República de Chile".

"Si bien, ese proceso adoleció de otros vicios, podemos evidenciar ciertas similitudes con el proceso del 2022, principalmente, por la existencia de dos de los tres órganos que intervendrán: la Comisión Experta que elaborará el anteproyecto -que vendría a ser la CENC que funcionó entre 1973 y 1978-, y el Consejo Constitucional, que revisará el anteproyecto, que ejercería una función similar al del Consejo de Estado que revisó el anteproyecto entre 1978 y 1980", aclara el académico.

Como sea, Sanz dice que "es obviamente un mecanismo que busca superar las fallas que se presentaron con el primer intento de construcción constitucional. Me parece que es un mecanismo importante, relevante, y bien aplicado podría permitir la confección de la caja política. Va a permitir una participación más ordenada de los ciudadanos, pensando en la conformación del consejo constitucional, y la participación de expertos va a permitir evitar los errores que se presentaron en el proceso original".

Mientras, la exgobernadora Fabiola Rivero destaca que, "desde la perspectiva de género, es valiosísimo que se haya mantenido la paridad, que es una verdadera aceleradora de la igualdad sustantiva. Me parece adecuado, además, que se mantenga la exigencia de conformación paritaria de género de las listas de entrada y también de salida, algo indispensable para que las candidaturas de mujeres no sean meramente testimoniales y propendan a la elegibilidad real".

¿Entramparse?

Con todo, al contar con más organismos que revisarán las normas que contendería la propuesta de carta fundamental, siembra la duda de si podría generar un estancamiento del proceso una vez comience.

José Miguel Cabezas, académico del Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la U. Mayor, sostiene que "efectivamente, mientras más chequeos y control, de peso y contrapeso, va a ser mucho más entrampado o -utilizando un término que ahora está muy de moda- "mucho más cocinado" y controlado el texto. Por lo tanto, va a tener sí o sí, bajo este nuevo diseño, un componente mucho menos novedoso o distinto a la Constitución del 80 que actualmente rige".

"Más que entramparse, considero que el resultado implicará contar con una Constitución que obedecerá a elementos tecnócratas, al ser el resultado de un proceso en el que los órganos con miembros elegidos por los poderes constituidos terminarán imponiéndose por sobre aquel que sea integrado por votación popular directa y universal, afectando el carácter soberano del órgano constituyente", complementa Bruno Aste, doctor en derecho y también académico de la UA.

Otro aspecto que también generó debate un día después del acuerdo es el tiempo -el acuerdo busca empezar el próximo mes, y tener la Constitución redactada para noviembre. Al respecto, el académico argumenta que "lo relativo a la suficiencia del plazo es algo que estará condicionado por la forma en cómo se abarque la discusión de los contenidos. Por tanto, resulta complejo determinar si éste será suficiente para cumplir con el objetivo del órgano constituyente".

Este órgano reemplazará a la antigua Convención, aunque con solo 50 miembros electas por votación directa. El proceso de elección será universal y obligatorio, además de mantener el principio de paridad. Se espera que en abril del próximo año se realicen estos comicios, donde se podrán postular listas abiertas compuestas por partidos o pactos de partidos, incluyendo a personas independientes. Su sistema electoral, en tanto, será aplicable a las circunscripciones senatoriales. Es decir, en la Región de Antofagasta se deben escoger tres escaños, mientras que en la Metropolitana o Valparaíso saldrán cinco representantes. También habrá escaños indígenas supranumerarios, asignados de acuerdo con el porcentaje de votación efectiva en la elección. El objetivo del Consejo será discutir y aprobar una propuesta de texto de Constitución, y se disolverá una vez se cumpla la tarea. Las normas deben aprobarse por tres quintos de los consejeros. De igual forma, la propuesta final deberá aprobarse por el mismo quórum.

Estará conformado por 14 "juristas de destacada trayectoria profesional y/o académica". Serán electos por el Senado en base a una propuesta emanada desde la Cámara. Ambas elecciones deben tener quórum de 4/7 de los integrantes. Su tarea será revisar las normas aprobadas tanto por la Comisión Experta como el Consejo Constitucional, "a fin de determinar una eventual inadmisibilidad de éstas cuando sean contrarias a las bases institucionales", se señala en la página del Senado.