Gobernadores proponen al Ejecutivo nueve medidas en materia de seguridad pública
POLÍTICA. Informe elaborado por la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile (Agorechi) fue presentado al Ministerio del Interior la semana pasada.
En el marco del "acuerdo nacional" por la seguridad pública que está reuniendo a dirigentes de las distintas instituciones políticas del país en La Moneda, durante la semana pasada representantes de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile (Agorechi) sostuvieron una mesa de trabajo en conjunto a la ministra del Interior, Carolina Tohá, para entregarle un informe elaborado por la agrupación con nueve propuestas en esta materia.
El documento, titulado "Propuestas para el acuerdo nacional por la seguridad", está compuesto por 23 páginas y fue presentado el martes 13 de diciembre a la secretaria de Estado y al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Por la Agorechi, en tanto, llegaron hasta el Palacio el gobernador de la Región de Antofagasta, Ricardo Díaz; de la Metropolitana, Claudio Orrego, y de O'Higgins, Pablo Silva.
Además, vía telemática participó el gobernador de Los Lagos y presidente de la Asociación, Patricio Vallespín, y sus pares de Biobío y La Araucanía.
Las propuestas
Dentro del informe se establece que "las propuestas de la Agorechi se plantean en dos ámbitos: Modificaciones relacionadas con el rol preventivo de los gobiernos regionales y modificaciones legales en cuerpos legales fundamentales para la seguridad y el orden público".
El primer punto, por ejemplo, recomienda "establecer la función preventiva de los Gores en materia de Seguridad". Esto, proponen desde la Asociación, se podría lograr incorporando a la ley orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional una nueva norma que abarque el rol preventivo de los gobiernos regionales.
En el segundo apartado, se propone incorporar a un representante de la Agorechi al Consejo Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, en la siguiente recomendación los gobernadores regionales manifiestan el gobernador debería participar "en el Consejo Regional de Seguridad Pública Interior", de sus respectivas zonas. En tanto, en otro de los apartados se plantea la "Creación de un Consejo Regional de Prevención del delito y atención a víctimas, presidido por el Gobernador Regional".
El gobernador Ricardo Díaz comenta que junto al resto de gobernadores del país han trabajado "desde hace meses" en la propuesta, "a partir de las reuniones que tenemos semanalmente". Argumenta que, "cuando revisas los aportes de todos los Gores en el país, te encuentras que los 16 han entregado más de $300 mil millones en temas asociados a Seguridad".
"Esto significa que tenemos que jugar un rol respecto de la visión preventiva que debemos tener dentro del Estado. Por eso entregamos esta proposición al Ministerio del Interior, en el marco del gran acuerdo por la seguridad, para que se reconozca el rol preventivo y también de apoyo a las víctimas que podemos jugar los gobiernos regionales", añade Díaz.
Actualmente, sostiene el gobernador de Antofagasta, "las inversiones que nosotros hacemos apuntan, por ejemplo, al control del delito de forma de generar elementos disuasorios, como cámaras de vigilancia, programas de seguridad con las comunidades, trabajos con adolescentes respecto a la prevención del consumo de drogas. Son elementos que nosotros constantemente estamos financiando a partir de las glosas de interés regional. Eso nos da una posibilidad de acción que no necesariamente tienen las delegaciones presidenciales o las policías, que están más bien en el control del delito".
Además de lo anterior, desde la asociación de gobernadores buscan "que se genere la división de prevención del delito y apoyo a las víctimas, como estructura de los gobiernos regionales, y que también se nos permita tomar acciones cuando se esté gravemente afectando a la comunidad, que podamos querellarnos en casos determinados".
Los puntos en debate
Precisamente, de los nueve puntos presentados por los gobernadores del país, solo dos siguen en discusión con el Ministerio del Interior.
En detalle, el primero es el punto 8, que recomienda la "facultad de los Gobernadores para presentar denuncia o querella para iniciar investigación de los delitos descritos y sancionados en la Ley N°12.927, en los Títulos I, II y VI, Párrafo 1° del Libro II del Código Penal y en el Título IV del Libro III del Código de Justicia Militar", refiriéndose a la ley de Seguridad del Estado.
El siguiente apartado pide "facultar a Gobernadores Regionales para ejercer las acciones por los delitos previstos en la Ley N°18.314 (determina conductas terroristas y fija su penalidad)".
Con todo, si bien el gobernador Díaz es esquivo en referirse a estas recomendaciones aun -puesto a que siguen las conversaciones con Interior-, comenta que, "en la dinámica de la descentralización, el que nosotros los gobernadores podamos proteger a la ciudadanía en aquellos casos que son emblemáticos, que impactan, nos permitiría actuar con un mayor sentido de premura. Esperamos que se allane esa conversación con el Ministerio del Interior".
Consejeros
Sobre la propuesta, el consejero Víctor Guzmán (PC) indica que, "ejecutar un plan como este, necesita la articulación de todos los que tienen que ver con el poder político, legal y también el de la ciudadanía, para organizarse en torno a la seguridad. Si no, las policías y los fiscales no darán abasto".
Asimismo, el consejero Dagoberto Tillería (UDI) comenta que "me parece muy bien para 5 o 10 años más, cuando estas modificaciones legales estén listas", en referencia a que la mayoría de los puntos parten por la base de modificaciones al código penal o a la Constitución. Sobre esto último, Tillería dice que es "aventurado esto, puesto que todos sabemos que hay un proceso de cambio a la actual Constitución y no sabemos si los capítulos que se pretenden modificar existirán en la constitución política nueva".
Mientras, la consejera Katherine San Martín (ind.) destaca "que es el camino que los gobernadores se reúnan y tengan una mirada única frente al combate de la delincuencia y el crimen organizado".
Para la consejera Paula Orellana (RD), "si bien esta propuesta aún no ha sido socializada ante el CORE, creo que es fundamental que los gobiernos regionales tengan mayor incidencia en la agenda de seguridad, con un enfoque integral, territorial y multisectorial", y que "debemos seguir sumando voluntades a este esfuerzo y trabajar en conjunto estrategias que se direccionen a la prevención y apoyo de las víctimas, sobre todo de VIF".
Los puntos clave de la propuesta
Establecer la función preventiva de los Gore en materia de Seguridad: "Diseñar, aprobar, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos en materia de prevención de delitos y asistencia y reparación a víctimas".
Incorporación de un representante de la Asociación Nacional de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile al Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Participación del gobernador regional en el Consejo Regional de Seguridad Pública Interior.
Nueva División de Prevención del Delito y Asistencia a Víctimas.
Facultad de los gobernadores para presentar denuncia o querella para iniciar investigación de los delitos descritos y sancionados en la Ley N°12.927 (Seguridad Interior del Estado).
Facultar a gobernadores regionales para ejercer las acciones por los delitos previstos en la Ley N°18.314 (determina conductas terroristas y fija su penalidad)