Es cierto, los indultos son una atribución presidencial exclusiva de quien ostente la primera magistratura del país. Por lo tanto a tamaña facultad debemos exigir la misma responsabilidad para ejercerla.

Este es el principal problema con la decisión del Presidente Gabriel Boric, indultar a una docena de condenados por actos delictuales parece poco pertinente y absolutamente fuera de contexto con la realidad que vive (sufre) el país en estos momentos.

En rigor, un indulto significa perdonar en nombre del estado los delitos cometidos, este perdón no anula el juicio ni cuestiona la culpabilidad sólo conmuta la pena en un acto de buena fe que espera que lo ocurrido no se repita por el bien de la ciudadanía.

¿Se puede perdonar a quien no ha pedido perdón? No se usted, pero no he escuchado ni leído a ninguno de los indultados y los que siguen presos perdir perdón a la sociedad por sus delitos. Es más, al salir de la cárcel uno de ellos siguió llamando a la insurrección y advirtió que ellos no se calman. Como escribió el francés Pierre Corneille "Quien perdona fácilmente invita a la ofensa".

Imposible entonces que como ciudadanos podamos sentir un poquito de simpatia por la decisión presidencial. En teoría cuando el Estado indulta busca de alguna forma el reencuentro y la comunión de sus ciudadanos, pero con estas decisiones basadas solamente por simpatía política la responsabilidad presidencial queda reducida a un gustito ideológico bastante caro.

Justificar que el Presidente Gabriel Boric tenía que cumplir una promesa de campaña es un argumento débil y peligroso. Es más, si revisamos la prensa encontraremos esta declaración: "No se puede indultar a una persona que quemó una iglesia o una pyme, o que saqueó un supermercado" (El Mostrador, 24 noviembre 2021) más allá de la repetida evidente contradicción del Presidente lo peor de este de este proceso ha sido el poco tino político del Presidente Boric para defender su exclusiva decisión.

Decir que un condenado por los tribunales no es delincuente y asegurar que los jucios fueron irregulares es un error político de marca mayor que deja al gobierno y al Presidente en una posición política muy incómoda. La declaración de la corte suprema fue absolutamente necesaria después del oprobio presidencial a otro poder del estado todo mezclado por la evidente incomodidad que ha producido la elección del fiscal nacional.

Es imposible no mencionar que todos los Presidentes utilizaron esta atribución constitucional. Se indultaron violadores de derechos humanos y narcotraficantes en gobiernos pasados, algunos por razones humanitarias a mi juicio siempre serán atendibles si se evalúan con objetividad y con antecedentes precisos sobre su salud. Lamentablemente los indultados en esta oportunidad no presentaron ninguno de esos motivos por eso la decisión solo se entiende desde la simpatía y cercanía ideológica.

Será el mismo Presidente el que deberá explicarnos y disculparse si alguno de los liberados vuelve a atentar contra la ciudadanía y su bienestar. La atribución es Presidencial, pero la responsabilidad es del Presidente.

El sostenido aumento de la población migrante en el país, potenciado con fuerza a partir de 2017 y 2018, ha traído consigo una paulatina mayor cobertura de prestaciones sociales para este segmento de la población, según han reconocido autoridades principalmente de la Macrozona Norte.

De acuerdo a cifras de Fonasa, entre el 2019 y el 2021, fueron casi 15 mil usuarios migrantes nuevos los que se incorporaron al sistema público de salud de la región. A diciembre del 2021, la población extranjera adherida al sistema llegó a 93 mil personas, de las cuales, 54 mil (69%) son mujeres, las que en su mayoría presentan rangos etarios por debajo de los 44 años.

El dato oficial, por cierto, deja fuera a cientos de familias migrantes que se encuentran en la informalidad y por tanto no son parte de las estadísticas oficiales, pero que sin duda requieren de servicios como salud y educación.

A nivel partos, según datos del DEIS, del Ministerio de Salud, se registraron un total de 220.332 partos a nivel nacional. Una cifra que en el caso de migrantes se situó en 47.023 (21.34% porcentaje del total). Durante ese mismo año, en tanto, la región registra 4.302 partos de migrantes, que representan la proporción más alta del país (53.18%) en relación al total. Luego siguen las regiones de Tarapacá (52.92%) y Arica y Parinacota (47.30%).

Las estadísticas además dan cuenta de un aumento progresivo en el número de nacimientos de madres extranjeras en toda la región. De acuerdo a los datos del Deis, la comuna de Mejillones registra el mayor porcentaje de partos de migrantes (85,71%) en la región. Luego siguen Antofagasta (62,64%), Tocopilla (40,24%), Calama (39,92%) y Taltal (8,33%).

Una situación de alta preocupación, en particular en comunas como Mejillones, donde la presencia del macro campamento, dificulta la tarea de atención al total de embarazadas.

Y si bien, se han adoptado estrategias locales, urge una mejor política pública desde el Ministerio de Salud que aborde de forma integral una situación que continuará presionando los sistema de salud de toda la macro zona norte.