El ministerio de Hacienda convocó a todos los gobernadores regionales para dar a conocer cómo será el proyecto de royalty minero, que tiene entre sus finalidades aumentar los ingresos propios de las regiones.

El proyecto establece que 35% de las recaudaciones esperadas del cobre, unos 450 millones de dólares, irán al aumento de las capacidades de gestión y financieras de las regiones, a través de un fondo regional para la productividad y el desarrollo, un fondo de apoyo para la equidad territorial y el fondo de las comunas mineras (ver tabla), con el cual se beneficiará a las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O'Higgins.

"También alcanzamos a conversar algo sobre el proyecto de ley de rentas regionales" que se enviará al congreso antes de fin de este mes", dijo Marcel.

Redacción

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó ayer en Canal 13 que "los partidos deben concordar una doctrina común en materia de seguridad", ante la crisis y los cuestionamientos a la Ley Naín-Retamal provenientes desde el propio oficialismo.

Llegar a acuerdos al interior de las colectividades "es la tarea de los presidentes de partido", agregó la autoridad, en referencia al presidente de CS, diputado Diego Ibáñez, que participó de una protesta afuera del Congreso contra la normativa, mientras al interior el Ejecutivo trabajaba en su aprobación.

El legislador luego señaló este fin de semana en El Mercurio que "le diría a mi sector que no pise el palito. (...) Condenar abusos policiales no tiene nada que ver con no apoyar a Carabineros". En tanto, los alcaldes de Ñuñoa y Maipú, Emilia Ríos y Tomás Vodanovic, ambos de RD, cuestionaron el trabajo del Gobierno hasta el momento, por la "falta de experiencia".

Monsalve agregó que "estamos en una crisis en materia de seguridad. Uno puede entrar en la reflexión de lo que hizo antes, también se puede hacer la reflexión sobre qué decisión se tomó antes para fortalecer las policías", porque "cuando termine el Gobierno del presidente Gabriel Boric, este Gobierno va a ser el que más respaldo le va a haber dado a Carabineros en materia objetiva".

La autoridad recordó la compra de 1.054 autos blindados, el cambio de uniforme con medidas de seguridad como chaleco antibalas, el reajuste de 10% a 20% de la asignación de riesgo para los uniformados que están en la zona norte, junto a la renovación de su sistema de comunicaciones.

"los van a abandonar"

Por otro lado, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), dijo ayer que "no veo ninguna figura política suficiente en este Gobierno como para hacerse cargo del tema de la delincuencia. El que más cercano está es el subsecretario Monsalve, es el que mayor confianza probablemente genera. Sin embargo, tiene 10.000 cosas por las que preocuparse y esto requiere un tonelaje y experiencia de Gobierno, y una mano firme que no veo en este momento en el Gobierno".

"Claramente la ministra (del Interior, Carolina) Tohá quedó fuera del juego con esto del 'gatillo fácil'", nombre que se dio en La Moneda a la Ley Naín-Retamal cuando aún era un proyecto. "El subsecretario de Prevención del Delito (Eduardo Vergara), perdón, pero no existe. (...) Los US$1.500 millones (en apoyo de las policías) muy bonitos, pero hay que gastarlos. (...) Todos estos anuncios si no vienen acompañados de obras concretas, finalmente todo el mundo va a abandonar al Gobierno, incluso sus coaliciones", agregó la exministra.

Las autoridades colombianas detuvieron a siete personas que integraban el "Clan Familiar", un grupo acusado de reclutar a mujeres jóvenes para explotarlas sexualmente en Chile, informó ayer la Fiscalía.

Las jóvenes, detalló la institución en un comunicado, eran reclutadas en "sectores marginales" de Manizales, la capital de la región de Caldas, y "con falsas expectativas laborales las convencían de viajar a Chile para someterlas a tratos inhumanos y explotarlas sexualmente".

"Al parecer, les tramitaban los pasaportes, les proporcionaban los pasajes aéreos para trasladarlas de Pereira a Bogotá, y, posteriormente, a Chile donde les retenían los documentos y las ubicaban en casas de citas en Osorno, Puerto Montt y Temuco", agregó la información.

Operación de la banda

Según la investigación de las autoridades colombianas, a las víctimas "les fijaban una deuda que partía en unos mil dólares" para los gastos de los pasajes aéreos.

Esa cifra "iba en aumento por los gastos de manutención en territorio extranjero y por concepto de multas que les imponían por no acceder a las pretensiones sexuales".

La Fiscalía obtuvo 350 audios para "detectar el entramado criminal" y en este caso han sido acreditadas 27 víctimas, de las cuales cuatro contaron lo que vivieron.

"Indicaron que permanecieron encerradas en inmuebles, hacinadas en una pequeña habitación en medio de precarias condiciones de salubridad que atentaban contra su dignidad personal. En esos mismos recintos habrían sido obligadas a sostener relaciones sexuales con hombres que las contactaban a través de dos sitios web", añadió la Fiscalía.

También fueron obligadas a "grabar videos con contenido explícito mostrando la cara y aseguraron que los registros obtenidos eran usados como método de intimidación para que no escaparan, en el entendido de que la estructura ilegal los enviaba a sus familiares para generar vergüenza y a las autoridades migratorias de Chile para que fueran detenidas y expulsadas".

La banda

De los siete detenidos, que fueron capturados en operaciones en Manizales y Bogotá, cinco personas forman parte de una misma familia y fueron imputadas por distintos delitos "según el posible rol que cumplieron" en la organización.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos y todos "recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad".