El domingo 07 de mayo, nuevamente los ciudadanos deberán concurrir por medio del voto obligatorio a elegir a los y las 50 representantes que integrarán el Consejo Constitucional, el que deberán redactar una propuesta constitucional que se plebiscitará el 17 de diciembre de este año.

A diferencia del fallido proceso anterior, el contexto sociopolítico que rodea el proceso actual es muy diferente del anterior. En primer lugar, en la Región de Antofagasta al igual que en resto del país, los negativos efectos de la experiencia pasada y las preocupaciones ciudadanas por la contingencia han disminuido de manera preocupante la atención frente a la nueva elección. La Encuesta Barómetro Regional de Antofagasta, realizada por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte constató que los principales problemas señalados por los entrevistados, como son la delincuencia, la inmigración ilegal incontrolada y el costo de la vida han tenido como resultado una aguda disminución en el apoyo ciudadano a la democracia, que experimento un agudo descenso del 73 % de adhesión el año 2021 al 42 % en abril del 2023.

En segundo lugar, el proceso actual se organizó de muy diferente manera, ya no habrá hoja en blanco para escribir el nuevo texto, sino un esquema preestablecido por los partidos y el Congreso Nacional como es el Acuerdo por Chile, un estatuto que impone 12 principios que deberán ser integrados y que no podrán ser traspasados. A lo señalado, se agrega una Comisión compuesta por 24 expertos que redactaran un borrador que servirá de base para el trabajo del Consejo Constitucional; y adicionalmente, al final del proceso se incorpora un Comité técnico compuesto de 14 integrantes, el cual tendrá por misión revisar el apego de las normas aprobadas a las bases institucionales aprobadas en el Acuerdo por Chile. Un esquema resultado de los esfuerzos por evitar la experiencia anterior, pero que podría tener el efecto negativo de debilitar la legitimidad de la futura carta constitucional.

El actual proceso constitucional no estará exento de dificultades y de riesgos. La centralidad de las preocupaciones por la aguda situación de inseguridad que golpea al país y la región, no solo han afectado negativamente la valoración ciudadana en la democracia y sus instituciones, sino que también han terminado invisibilizando o al menos debilitando la importancia de los grandes temas institucionales que definirá el Consejo Constitucional que se elegirá el 7 de mayo. También, son difíciles los pronósticos sobre los resultados, cuando esta será solo la segunda ocasión en que el voto obligatorio empujará a las urnas a un amplio porcentaje de ciudadanos mayoritariamente desafectados de la política, que solían no participar de los procesos electorales en el pasado, y que componen una población atemorizada por los embates de la inseguridad.

Un contexto que esperamos sea superado en las urnas, con el objetivo de facilitar los acuerdos institucionales que posibiliten las transformaciones políticas, sociales y económicas que el país y las regiones esperan de este nuevo ensayo.

El último miércoles se conmemoró el Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido. Una efemérides que para muchos pasa inadvertida, no obstante, para un grupo no menor les recuerda el problema que los aqueja y los incentiva a seguir luchando para que sus barrios estén libres de todo tipo de emanaciones de ruidos molestos. En la capital regional, si se analizan las estadísticas de denuncias que dispone la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), se podrá coincidir que en ciertos sectores se vive una situación grave.

El ranking de denuncias es liderado por la comuna de Antofagasta (628), seguida por Santiago (615), Providencia (504) y Concepción (489).

El mayor número de las denuncias se concentra en locales nocturnos como Discotecas y Pubs, los que funcionan con música en vivo o envasada, hasta avanzada la madrugada en un volumen que transgrede la norma para las llamadas fuentes fijas.

Los vecinos del Barrio Croacia están entre los más perjudicados y los que presentan mayor cantidad de denuncias. De allí la importancia del simbolismo de silenciar sus altavoces una hora, el miércoles pasado, al que se sumaron varios de este tipo de negocios.

Fue una muestra, pero no es una solución al problema final y que apunta a recobrar la tranquilidad en los sectores residenciales. Acabar con el bullicio ensordecedor tiene alternativas bien claras y exigen un compromiso de las fuentes emisoras, en este caso los locales nocturnos: tienen que invertir en medidas de aislación de ruidos o someterse al pago de multas hasta terminar en una clausura definitiva.

Lo positivo es que en el rubro de la entretención ha surgido la necesidad de establecer criterios y ceñirse a la norma en un ambiente de convivencia. Creen que pueden lograr avances en ese sentido y ser parte de la solución y no del problema.

La mirada vecinal no es distinta. Los dirigentes de estos barrios, exigen inversión en la búsqueda de insonorizar estos espacios de entretención. Junto a ello, definir horarios de trabajo en la semana y así entregar tranquilidad a los residentes.

Es posible caminar por esa vereda, pero necesariamente deberá ser bajo la convicción que los infractores deben solucionar sus problemas en beneficio de los vecinos.

Han sido semanas intensas de mucho despliegue territorial y policial por la provincia El Loa. Tras los hechos acontecidos el pasado 18 de abril llegó de forma inmediata, el Escuadrón Centauro de Antofagasta y personal de Control de Orden Público para reforzar la labor de Carabineros en Calama. Así también, arribó a la ciudad, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien trajo medidas concretas y de aplicación inmediata.

Entre estas acciones, se consideró la implementación de la Unidad Especializada de Delitos Violentos de la Policía de Investigaciones, con la llegada de nuevos funcionarios quienes arribaron el lunes a Calama, siendo su primera actividad reunirse con el fiscal jefe de la Fiscalía de Calama, para iniciar el traspaso de información y con ello poder iniciar el trabajo para esclarecer los homicidios, que aún no tienen responsables.

Asimismo durante los últimos tres días, la Policía de Investigaciones y su trabajo conjunto con la Fiscalía, ha tenido importantes golpes, logrando desarticular la banda que marcaba y robaba a las personas saliendo de los bancos. Una acción que valoramos de sobre manera, porque tras un arduo análisis criminal del actuar de estos cuatro sujetos, se logró dar con su paradero y con esto devolvemos en parte la tranquilidad a las y los vecinos de Calama.

Asimismo, iniciaron un trabajo investigativo que dejó como saldo 36 detenidos que mantenían órdenes de detención vigentes, esto en el lapso de una semana.

Asimismo, entre las medidas anunciadas por el subsecretario en su paso por la ciudad, se consideraba que Calama contará con un Escuadrón Centauro permanente hasta fin de año, equipo que llegó el lunes y desde ese día ha estado reforzando la labor que realizan las y los carabineros de la Primera Comisaría, dejando solo en esta primera semana un total de 72 detenidos y cerca de mil controles.

El Plan Calles Sin Violencia comenzó a aplicarse de forma coordinada en Calama, en el que se están generando las estrategias para intervenir el territorio, de acuerdo a su realidad y de forma integral. Es por ello, que todas las acciones de fiscalización y clausura de locales se enmarcarán dentro de este plan que llegó para establecer la carta de navegación, en donde Gobierno, Carabineros, PDI y Ministerio Público convergemos para brindar más seguridad a las y los vecinos.

Pero durante esta semana, no fueron las únicas noticias relevantes que recibimos, ya que ad portas de una nueva conmemoración del Día del Trabajador y la Trabajadora, el proyecto de las 40 horas laborales ya es Ley y fue publicado en el diario oficial beneficiando a más de 4 millones de trabajadoras y trabajadores del país.

Como Gobierno avanzamos y lo hacemos de forma integral. Hoy la ciudadanía de Calama, en particular, nos demandó en la calle más seguridad y estamos dando respuestas con acciones concretas.

Miguel Ballesteros,

Delegado presidencial provincial de El Loa