El 7 de mayo, un desafío para la democracia
"Un esquema resultado de los esfuerzos por evitar la experiencia anterior, pero que podría tener el efecto negativo de debilitar la futura convención". Cristián Rodríguez Salas, Director del Instituto de Políticas Públicas UCN
El domingo 07 de mayo, nuevamente los ciudadanos deberán concurrir por medio del voto obligatorio a elegir a los y las 50 representantes que integrarán el Consejo Constitucional, el que deberán redactar una propuesta constitucional que se plebiscitará el 17 de diciembre de este año.
A diferencia del fallido proceso anterior, el contexto sociopolítico que rodea el proceso actual es muy diferente del anterior. En primer lugar, en la Región de Antofagasta al igual que en resto del país, los negativos efectos de la experiencia pasada y las preocupaciones ciudadanas por la contingencia han disminuido de manera preocupante la atención frente a la nueva elección. La Encuesta Barómetro Regional de Antofagasta, realizada por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte constató que los principales problemas señalados por los entrevistados, como son la delincuencia, la inmigración ilegal incontrolada y el costo de la vida han tenido como resultado una aguda disminución en el apoyo ciudadano a la democracia, que experimento un agudo descenso del 73 % de adhesión el año 2021 al 42 % en abril del 2023.
En segundo lugar, el proceso actual se organizó de muy diferente manera, ya no habrá hoja en blanco para escribir el nuevo texto, sino un esquema preestablecido por los partidos y el Congreso Nacional como es el Acuerdo por Chile, un estatuto que impone 12 principios que deberán ser integrados y que no podrán ser traspasados. A lo señalado, se agrega una Comisión compuesta por 24 expertos que redactaran un borrador que servirá de base para el trabajo del Consejo Constitucional; y adicionalmente, al final del proceso se incorpora un Comité técnico compuesto de 14 integrantes, el cual tendrá por misión revisar el apego de las normas aprobadas a las bases institucionales aprobadas en el Acuerdo por Chile. Un esquema resultado de los esfuerzos por evitar la experiencia anterior, pero que podría tener el efecto negativo de debilitar la legitimidad de la futura carta constitucional.
El actual proceso constitucional no estará exento de dificultades y de riesgos. La centralidad de las preocupaciones por la aguda situación de inseguridad que golpea al país y la región, no solo han afectado negativamente la valoración ciudadana en la democracia y sus instituciones, sino que también han terminado invisibilizando o al menos debilitando la importancia de los grandes temas institucionales que definirá el Consejo Constitucional que se elegirá el 7 de mayo. También, son difíciles los pronósticos sobre los resultados, cuando esta será solo la segunda ocasión en que el voto obligatorio empujará a las urnas a un amplio porcentaje de ciudadanos mayoritariamente desafectados de la política, que solían no participar de los procesos electorales en el pasado, y que componen una población atemorizada por los embates de la inseguridad.
Un contexto que esperamos sea superado en las urnas, con el objetivo de facilitar los acuerdos institucionales que posibiliten las transformaciones políticas, sociales y económicas que el país y las regiones esperan de este nuevo ensayo.