El 1 de junio pasado, el Presidente Boric daba su primera cuenta pública al país, mostrando los desafíos que tendría y sus prioridades. A casi un año de ese discurso, lamentablemente la seguridad no fue la primera prioridad, reflejándose en los pocos compromisos que tenía sobre la materia donde aspectos muy relevantes no fueron cumplidos, su cumplimiento fue tardío o simplemente se desconoce su materialización.

Se comprometió disminuir la inseguridad. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. El 2022 los delitos aumentaron sustantivamente: homicidios (+42%); lesiones (+25%); robos con violencia (+63%); robos con fuerza (+47%) y las violaciones (+12%). El 2023, las cifras siguen en aumento.

También sostuvo que avanzaría con la reforma a Carabineros "para mejorar la seguridad del país". La realidad es que el proyecto de ley lleva 583 días tramitándose y no ha tenido urgencia alguna de parte del actual Gobierno estando estancado. Señaló también "su compromiso para avanzar en la creación del Servicio Integral de Apoyo a Víctimas de Delitos". Al respecto, nada ha ocurrido, la iniciativa legal lleva 867 días tramitándose, sin urgencia del Gobierno, estando paralizada.

La modernización del Sistema de Inteligencia del Estado por su parte, también comprometida, lleva 1651 días tramitándose y recibió la primera urgencia legislativa recién un año después desde el arribo del Presidente Boric a La Moneda retrasando inexplicablemente su avance. Se desconoce también la efectividad del incremento en un 40% del ingreso de Carabineros de Chile el 2023 y el Plan de Seguridad en Rutas para la Macrozona Norte, entre otros incumplimientos.

La seguridad debe ser la primera prioridad para el Presidente y los compromisos cumplirse. Son varios los desafíos: Desde ya la urgencia a la reforma que presentamos junto a un grupo transversal de senadores que permite el resguardo por parte de las FF.AA. de los barrios críticos amenazados por el crimen organizado y el narcotráfico. Asimismo, la creación de la Defensoría de la Víctimas de Delitos. De igual forma, la tipificación del ingreso clandestino al país como delito, el compromiso con materializar verdaderamente las expulsiones de migrantes ilegales y la urgencia al "Criterio Valencia" para que delincuentes extranjeros indocumentados queden en prisión preventiva. Se requiere de una Estrategia Nacional de Inteligencia y el fortalecimiento institucional de las policías y el Ministerio Público para mejorar sustantivamente tanto la prevención como la persecución penal. La prioridad está clara.

La seguridad como prioridad

Recientemente la firma SQM entregó aportes por 135 mil millones de pesos de su ejercicio 2022 al Gobierno Regional de Antofagasta y los municipios de San Pedro de Atacama, María Elena y Antofagasta, en el marco de los recursos compensatorios originados en la renegociación de contratos de explotación del litio en el Salar de Atacama.

El espíritu del acuerdo apunta que los recursos sean destinados para proyectos de desarrollo y fomento productivo y están orientados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. En el detalle el Gore recibió un aporte que supera los 103 mil millones, mientras que San Pedro de Atacama recibió $15.983 millones y los municipios de María Elena y Antofagasta $7.991 millones cada uno.

Sobre los aportes entregados por la minera, explicaron las autoridades, corresponden a siete veces más que el año anterior, duplicando incluso los recursos disponibles en el Fndr de la Región de Antofagasta. El aumento de la producción y la mejora del precio internacional del litio explican el incremento exponencial de los recursos.

Paradójicamente entonces, por segundo año consecutivo, los municipios y el Gore reciben aportes históricos por parte de la minería privada. Aportes extraordinarios que sin embargo, parecen no tener un contrapeso técnico que permita aprovechar los inusuales aportes. Ni en los sectores de Vivienda, Salud y Obras Públicas se advierten iniciativas de largo plazo que permitan el aprovechamiento de los recursos.

Hoy resulta prioritario entonces en el gobierno regional y las reparticiones públicas la conformación de equipos técnicos competentes que permitan el aprovechamiento eficiente de importantes recursos.