Las esquirlas del llamado Caso Convenios, que destapó cómo varias fundaciones lograron obtener millonarios fondos públicos vía trato directo con servicios del Estado, han caído al menos sobre la mitad de las regiones de Chile y no han dejado autoridad por alcanzar, incluso con efectos en La Moneda.

Mientras el Ministerio Público o Contraloría investigan distintas "aristas" en todo el país, el manejo de la crisis por parte del Ejecutivo ha sido calificado desde el propio oficialismo como errático, enredado y lento. Una de las voces más fuertes ha sido la del senador socialista Juan Luis Castro, cuyo partido apoya desde Socialismo Democrático a la actual administración, aunque con cierta distancia. El legislador por la Región de O'Higgins es duro y aprovecha de cobrar cuentas a sus actuales socios.

-¿Qué impresión tiene de lo que pasó?

-Bueno, aquí se urdió una organización de carácter fundación para acercarse al Estado y sacar recursos cuyo propósito todavía no está bien definido. Una organización de un partido político se aprovechó de reglas del Estado que ellos usaron a partir de una actitud maliciosa, burlando la normativa, inventando giros que no tenían, para recibir dinero cuyo fin todavía lo ignoramos, pero finalmente defraudando al Estado, defraudando la confianza pública y, sobre todo, luego de una promesa de probidad y transparencia que la nueva generación del Frente Amplio se ve traicionada con estas conductas políticas dentro de un partido que es el más antiguo dentro del Frente Amplio.

-¿Ha llegado a alguna convicción respecto a este caso? ¿Hay delito, por ejemplo, en el caso de Democracia Viva?

-Mire, me da la impresión de que hay delito en el caso de Democracia Viva. Esa es mi impresión. No soy el juez ni el fiscal, pero creo que estamos frente a una asociación, probablemente ilícita, que ocupó reglas complacientes del juego y que permitió llegar a este punto de aprovechamiento y triangulación de dinero francamente indebido. No sé las otras fundaciones, porque aquí hay varias que están mencionadas. La de Democracia Viva me parece que es la más categórica hasta el minuto, la que primero estalló y donde entiendo va a venir muy pronto un pronunciamiento de la Contraloría General de la República.

-De acuerdo lo que usted ya ha visto, los antecedentes que se han conocido, ¿estaba preparado el Estado para detectar este tipo de cosas a tiempo o simplemente hubo, al menos, negligencia de las autoridades que debieron fiscalizar?

-Está claro que el Estado no estaba preparado, porque este tema traía reglas antiguas. Ahora recién se van a preparar reglas diferentes con este comité de expertos que se anunció. Yo creo que la colaboración público-privada tiene que existir, no hay que negarla, pero desgraciadamente había ciertos vacíos, ciertas ambigüedades con discrecionalidad para que autoridades del Estado autoricen y firmen para transferirles a personas que tenían conflicto de interés con ellos. Gente del mismo partido, que ha trabajado en las mismas organizaciones antes... o sea, eso francamente es inaceptable y se rompieron todos esos criterios. Y eso, claramente significa un nuevo ordenamiento, una agenda de probidad nueva, 2.0, que restablezca la confianza de nuevo y que el Estado pueda administrar bien los recursos y que los

"No soy el juez ni el fiscal, pero creo que estamos frente a una asociación, probablemente ilícita, que ocupó reglas complacientes del juego y que permitió llegar a este punto de aprovechamiento y triangulación de dinero francamente indebido".