Entre los múltiples flancos abiertos que enfrenta el Gobierno, como la seguridad con el veto a la ley de usurpaciones o la discusión del presupuesto en medio de cifras negativas de crecimiento, la crisis de la salud amenaza con agravar la situación ya que parlamentarios de varios sectores han reconocido que evalúan someter a una acusación constitucional a la ministra de la cartera, Ximena Aguilera.

La secretaria de Estado es cuestionada por la lentitud en la tramitación de la ley corta de isapres, que tras 10 meses recién avanzó el martes en la Comisión de Salud del Senado, la desvinculación de 6.300 trabajadores tras el fin de la alerta sanitaria por la pandemia de covid, las movilizaciones de la Confusam y las críticas del Colegio Médico al presupuesto 2024 para el sector, que consideran insuficiente.

El primero en levantar la voz contra la ministra Aguilera fue un legislador oficialista: el diputado radical Tomás Lagomarsino cuestionó que se pidiera una segunda prórroga para hacer cumplir el dictamen de la Corte Suprema contra las isapres. Tras ello, explicó el parlamentario, "le solicité a mi equipo jurídico que iniciara el estudio de una acusación constitucional contra la ministra Ximena Aguilera".

RN y PPD

A esta idea se sumaron diputados de Renovación Nacional. Andrés Celis expuso que a causa de la demora en la ley corta "siguen creciendo las listas de espera. Eso se traduce en que el sistema de salud público sigue colapsando. Siguen, lamentablemente, falleciendo más personas. Si la ministra no acusa recibo de lo grave que hoy está sucediendo en el país en el tema de salud, Renovación Nacional va a estar dispuesto a analizar todos los elementos y antecedentes", añadió.

Mónica Arce (ind.-PPD) añadió que "nosotros pusimos ya en reflexión nuestra votación de Salud 2024 respecto del presupuesto. Y vemos que aun así tampoco se ha mostrado ninguna voluntad de querer abrir espacios, ni siquiera de diálogo".

Sin embargo, la representante del Gobierno no acusa recibo de las críticas y, por el contrario, defiende la actuación que ha tenido a cargo del ministerio y destacó que "lograr que el sector tenga el crecimiento más importante dentro del Presupuesto es parte de una gestión política. Que hayamos superado la crisis invernal, la mayor crisis de virus respiratorio sincicial con la menor cantidad de fallecidos y lo que ha significado el seguir avanzando en la reducción de lista de espera, dan cuenta de una gestión que es política técnica".

"Yo estoy satisfecha con lo que hemos estado realizando. Pero los parlamentarios tiene sus atribuciones y tienen que ejercerla en forma responsable también", sentenció.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó ayer que determinó sancionar al gerente general de Cencosud S.A., Matías Videla Solá, por comprar 613.026 acciones de la compañía en 2022 usando información privilegiada.

El monto involucrado fue de $799.998.502 (sin IVA) y la multa de la CMF es de UF 15.000, unos $543.030.000. La sanción es infringir la prohibición de adquirir valores haciendo uso de información privilegiada.

Según la CMF, Videla efectuó la operación a través de la filial de Cencosud en Brasil y requirió un crédito de $800 millones a Santander Corredores de Bolsa.

Tras calificar como "grave" la conducta de Videla, la CMF dejará los antecedentes en poder del Ministerio Público.

Con alta tensión se vivió ayer la primera jornada de discusión del veto a la ley de usurpaciones en la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, instancia en que el principal enfrentamiento fue entre la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el senador de Evópoli Felipe Kast.

Al comienzo de la sesión, la ministra del Interior, Carolina Tohá, reconoció que originalmente la idea era hacer un sólo veto sustitutivo, pero luego de una serie de reuniones, el Ejecutivo se inclinó por presentar 14 observaciones, entre aditivas, sustitutivas y supresivas "para mantener el buen clima".

Luego apuntó que la moción presentada por el senador Kast proponía un castigo menor, consistente en trabajos comunitarios. Ante ello el aludido explicó que "cuando ingresamos (esa idea) muchos penalistas nos dijeron que era mejor que hubiera penas de cárcel, por la proporcionalidad de la pena, porque no puede ser que un robo de un celular o de una mochila tengan pena de cárcel y un delito que es más grave, como la usurpación, tenga una pena menor".

En cuanto a la posibilidad de un acuerdo, cuando algunos sectores del oficialismo se oponen a que estos hechos se castiguen con presidio, Kast dijo haber manifestado a la ministra "nuestra disposición a construir un acuerdo, siempre y cuando se mantenga la voluntad del Congreso de que esto tenga pena de cárcel en todo tipo de usurpaciones".

Sin embargo al finalizar la sesión se volvió a tensar la discusión cuando la ministra respondía a las preguntas y el senador, presidente de la instancia, la interrumpió. Ante ello el senador José Miguel Insulza (PS) criticó a Kast y ambos subieron el tono.

Finalmente, en vista de los desencuentros expuestos, el Gobierno decidió que el veto no quedara con discusión inmediata (que daba 6 días como plazo para su despacho) y le impuso suma urgencia (15 días).

El mes pasado, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reveló en la comisión parlamentaria que investiga la asignación de pensiones de gracia a víctimas del estallido social con antecedentes penales. En esa ocasión también dijo que "si el Presidente de la República así lo estima pertinente, podría revocar el beneficio".

Ayer, sin embargo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aclaró que "no hay manera de revertir el beneficio", a menos que las condiciones que lo motivaron ya no existan. "La ley no contempla ninguna modalidad para revertirlo", agregó la ministra y aseguró que "nunca se ha revertido una pensión de gracia" otorgada en el país.

Tohá concluyó que la única manera es "anularlo a través de un decreto, lo que tendrían que resolver la interpretación los tribunales".

La comisión investiga cómo fue que 40 personas con antecedentes penales recibieron la pensión de gracia.