Ayer en la mañana comenzaron a votarse las 622 observaciones al texto constitucional propuesto por el Consejo en el pleno de la Comisión Experta. Se esperaba que la tarea concluyera de madrugada.

Antes de la votación del Capítulo 1, la presidenta de los Expertos, la PPD Verónica Undurraga, dijo que "debemos asegurar que (el texto) provoque los menos problemas posibles por el bien de nuestros habitantes de neutro país".

Sobre los acuerdos

Sobre los acuerdos no alcanzados antes de recibir el texto, el comisionado Alexis Cortés (PC) indicó que "la propuesta en discusión es un reflejo del abrumadora mayoría que tiene la derecha en el órgano electo. (...) El Consejo Constitucional tiene un mandato popular, es cierto, pero debo preguntar, ¿el mandato fue para redactar una Constitución, de acuerdo exclusivamente a sus ideas o fue para redactar una Constitución que permita la convivencia de las ideas que nos constituyen como país?".

El comisionado UDI Hernán Larraín reparó en que "es cierto que no hubo un acuerdo integral, pero admitamos que eso siempre es algo muy difícil de alcanzar, porque en la vida, en ninguna arista existe el 100%. Pero si no lo logramos y sólo alcanzamos un 80, un 70% de acuerdo, ¿hay que considerar que esto es un fracaso? Por cierto que no, eso es lo propio del maximalismo que solo acepta y valora algo cuando hay acuerdo totales".

El comisionado de Republicanos, Carlos Frontaura, señaló estar "satisfecho con el resultado de este trabajo, porque el borrador que estamos construyendo logra compatibilizar la historia constitucional chilena con las necesidades de cambio, (...) No puedo decir que es un texto perfecto, porque no lo es, no puedo decir con convicción que me interpreta completamente o que cada uno de sus detalles, incisos o definiciones son como yo los hubiera redactado, porque eso no es así y tampoco es posible, pero es mejor que el texto vigente en muchos sentidos, infinitivamente mejor que el texto rechazado" en septiembre de 2022, el de la Convención.

"quien está por nacer"

En la votación, destacó la aprobación con votos de la DC de una enmienda opositora que devuelve al Artículo 1 la definición que Chile "el Estado de Chile es social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales, y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas" (inciso 3 aprobado).

Más tarde, fueron rechazadas las enmiendas que buscaban reemplazar la expresión que establece que "la ley protege la vida de quien está por nacer", en el inciso 1 del artículo 16 del capítulo 2, por lo que se mantiene la redacción aprobada por el Consejo Constitucional. También se rechazó la indicación de Chile Vamos que buscaba sustituir la expresión por "la ley protege la vida del ser humano antes de nacer".

Redacción

Las personas que admiten tener un alto temor a ser víctimas de la delincuencia en Chile llegaron al nivel más alto desde que existe el índice que desarrolla la Fundación Paz Ciudadana hace 23 años. En septiembre último, según el informe entregado ayer, el 30,5% de los consultados dijo tener "alto temor" a sufrir un delito, mientras el 36,6% de los hogares nacionales dice que ha sufrido uno en los últimos seis meses, la mayor cifra desde el 40,6% de 2019.

De acuerdo al estudio, aplicado a 1.863 personas de todo el país, la preocupación es 2,5 puntos mayor que la de hace un año y 10 puntos por encima de la informada en 2021.

La encuesta muestra que las personas más atemorizadas son aquellas que viven en Santiago (33,1%), de nivel socioeconómico bajo (34,6%), y las mujeres (35,6%, 10 puntos más que los hombres).

Dentro del grupo que declara haber sido víctima, 69% corresponde a robos consumados y 31% a intentos de robo; en el 27% de los casos violento; y 90% ocurrió fuera del hogar.

En Santiago, la victimización creció a 39,3% y fue mayor que en regiones, donde llegó al 32,1%.

Además, a nivel de hogares el 15,8% ha sufrido revictimización, es decir, uno de sus integrantes ha sido víctima de robo o intento de robo en más de una ocasión.

Sin embargo, solo 52,8% de las quienes sufrieron un robo o intento de robo realizaron la denuncia correspondiente.

"Chile está viviendo tiempos complejos. Hay un incremento del delito y las familias con un nivel de temor alto a ser víctimas de un delito vuelven a aumentar, alcanzando el mayor nivel desde que tenemos registros. Esto es preocupante porque la inseguridad afecta el comportamiento de las familias, impidiéndoles disfrutar de beneficios que la ciudad ofrece", dijo el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson.

"falta audacia"

Según la encuesta, el 73% dice que ha dejado de salir a determinadas horas; el 73% ha dejado de usar artículos de valor en público; el 72% ha dejado de ir a ciertos lugares; el 69% se ha puesto de acuerdo con sus vecinos para ayudarse; un 65% ha reforzado la seguridad de su casa; el 60% ha cambiado su ruta habitual a otras más concurridas; y un 56% admite que envía su ubicación a personas cercanas para su monitoreo.

"Es preocupante, porque la inseguridad afecta el comportamiento de las familias, impidiéndoles disfrutar de beneficios que la ciudad ofrece", expuso Johnson.

Durante la presentación del estudio, el exministro del Interior, Jorge Burgos, dijo que "lo que está haciendo el Estado está en la línea correcta", a pesar de las críticas y de haber "avanzado a veces a tropezones".

El exsubsecretario del Interior Felipe Harboe, cree sin embargo que "si se han adoptado un conjunto de medidas presupuestarias, legislativas, operativas, y no están dando resultados, evidentemente se requiere una definición más audaz. No vamos a mejorar la seguridad en Chile si seguimos haciendo más de lo mismo y más con lo mismo".

Evaluación

La encuesta también reveló un aumento de las familias con bastante o mucha confianza en Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI) de cinco puntos porcentuales, alcanzando un 55% y un 65% respectivamente, consolidando la recuperación que han mostrado ambas instituciones en los últimos años.

Sin embargo, la evaluación de las instituciones públicas con injerencia en seguridad sigue baja, alcanzando nota sobre 4 sólo la PDI (4,7) y Carabineros (4,4).

Luego vienen los alcaldes con un 3,7; el Gobierno con sólo un 3,2; los tribunales de Justicia con un 3; la Defensoría Penal Pública con un 2,8; los fiscales del Ministerio Público con un 2,7; y, al final, los peor evaluados, senadores y diputados, con apenas un 2,2.

Antes de volar hoy a China, el Presidente Gabriel Boric afirmó que bajo su administración se ha "logrado contener el alza de los homicidios y hemos encauzado institucionalmente la crisis de seguridad que recibimos". Además, afirmó que la inversión en seguridad ha sido "la mayor en los últimos años".