Pablo Orellana G.

De visita en la región, y principalmente en la comuna de San Pedro de Atacama, el director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Luis Penchuleo, participó de varias actividades, como la entrega de 47 títulos de dominio en la localidad de Río Grande; y aprovechó de analizar además la conmemoración de los 30 años de la promulgación de la Ley Indígena.

Conadi continúa entregando títulos de dominio en comunidades indígenas en El Loa. ¿Es una de las mayores demandas de los pueblos originarios?

-Es una de las principales, y por esa razón concurrimos hasta la localidad de Río Grande. Hubo bastante gente, y muy contenta, sobre todo por estas entregas de títulos de dominio, los cuales demoran bastante tiempo, y llegar a concluir estos procesos, y que entregan además certezas jurídicas de la propiedad de los terrenos, principalmente destinados para la vivienda y de cultivos, y que les permite también el poder postular a distintos beneficios de otras instituciones del Estado.

En la conmemoración de los 30 años de la Ley Indígena. ¿Qué destacó de esta con las comunidades originarias de El Loa?

-Durante todo este mes conmemoraremos la entrada en vigencia de la Ley Indígena, y poniendo de relieve el proceso histórico que llevó a su implementación. Quiero destacar que el pueblo Lickan Antai, fue uno de los pioneros y en relevar la importancia de contar con un cuerpo legal como este, y que además fue uno de los primeros en ser reconocido como tal con esta ley, y que inicialmente reconoció a ocho pueblos indígenas.

¿Y en esta visita qué tareas o temas se lleva para analizar y trabajar con las comunidades originarias en El Loa?

-Son temas muy particulares de la región pero que tienen una base común en todos los pueblos originarios en el país y que se traduce básicamente en la falta de Estado en aquellas localidades que están más apartadas. Lamentablemente muchas de estas carecen de servicios básicos (agua potable, energía eléctrica) y de accesos a bienes y servicios públicos. También la demanda de más recursos a la Conadi, y esa ha sido una de las líneas fundamentales de nuestra gestión que es trabajar por un presupuesto mayor al que se tiene hoy. Hace 30 años, y cuando se crea la Ley Indígena, sólo el 5% de la población del país se consideraba indígena (unas 700 mil personas). Hoy casi tres millones de personas tienen un origen indígena, un 13% de la población nacional, pero lo paradójico de esto es que evolucionó la realidad indígena, donde el público objetivo de la Conadi ha crecido, pero no a la par del presupuesto de la corporación. Cuando surge la Conadi, en el año 1994, recibió el 0,2 por ciento del presupuesto del Estado. Y hoy recibe casi lo mismo que hace ya 30 años de promulgada la Ley.

¿Y cómo ha abordado Conadi la reticencia de las comunidades atacameñas a la Estrategia Nacional del Litio presentada por el Presidente Gabriel Boric?

-Nosotros tenemos un planteamiento coincidente que tienen los pueblos indígenas, y porque tenemos un mandato legal de velar por los derechos de los pueblos originarios. Como Conadi, y en esta gestión, nos posicionamos, y en lo grueso, en colectivo de las comunidades, en avanzar a estándares internacionales. La política pública debe llevarse adelante con la perspectiva y enfoque de derecho de los pueblos indígenas. Hay en nuestro país este tipo de instrumentos, y que se respetan como el convenio de la OIT, el 169. Entonces se tiene que considerar a las comunidades atacameñas con la Estrategia Nacional del Litio, y que no vuelva a ocurrir una relación de no considerarlos. Ellos han aprendido. Y en esta nueva oportunidad que tiene el país de dar un salto al desarrollo, no deje de lado a las comunidades originarias. Y como Conadi vamos a ir acompañando esos procesos.

¿Y cómo se acompaña en ese proceso, esa relación?

-Es un tema complejo, un desafío importante que enfrenta hoy el Estado con los pueblos indígenas porque no es fácil compatibilizar los intereses, en esta caso de la minería, y de la demanda internacional por el litio; con los derechos que tienen las comunidades originarias. Pero se tiene que dar una instancia de diálogo, de considerar las opiniones de las comunidades atacameñas. Y nosotros estamos detrás de ese diálogo. No estamos para guiar la opinión de los pueblos indígenas. Lo que nos interesa es que los pueblos indígenas estén en diálogo permanente, y que en las distintas etapas de este proceso estén presentes en al ámbito de la autonomía, con poder de decisión, y que se plantee un foco de desarrollo con la incorporación del pueblo Lickan Antai y no al margen como ha ocurrido históricamente en otras instancias.

Hace algunas semanas comunidades de la comuna de San Pedro de Atacama, ingresaron una solicitud -acogida- al Juzgado de Letras de Letras de Calama, ante el interés de una empresa minera por explorar 70 mil hectáreas desde Atacama La Grande a Alto Loa. ¿Qué acciones tomará Conadi?

-En este caso las comunidades indígenas hacen uso de los recursos que tienen disponibles, en base al derecho internacional, y que les asisten y eso es parte también de los proceso legales en los cuales están insertos. Como Conadi somos respetuosos de los tribunales y de lo que dispongan. Vamos a colaborar a la institucionalidad, en este caso la Justicia, y vamos a responder a cada uno de sus requerimientos que se nos soliciten y que se haga el trabajo con el mayor profesionalismo posible y que se emitan informes en base a la legislación vigente. Teniendo presente los derechos que les asisten a los pueblos indígenas.

Y en lo inmediato, tras esta visita a la provincia de El Loa, ¿qué pendientes se llevará?

-Tenemos desafíos transversales, a todas, las 11 etnias reconocidas por Conadi en el país. En este caso y para las comunidades precordilleranas tanto de San Pedro de Atacama como del Alto Loa, es atender a la presencia del puma, una situación contingente, y que está atacando a la ganadería local y que es parte de su base económica y alimenticia que tienen las comunidades de la zona. Vamos a efectuar una coordinación con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), y tomar medidas al respecto. Y en lo transversal ya está el diagnóstico hecho, y en que la Conadi recibe el 0,2% del presupuesto, y con ese aporte no podemos resolver los problemas de forma total que tienen los pueblos indígenas a nivel nacional, y por lo tanto lo que podemos hacer es incentivar y poner mucho más énfasis en la coordinación del Estado con las distintas instituciones públicas y que vayamos dando respuestas coordinadas, con soluciones integrales a las distintas materias que demandan las comunidades en materia de riego, agrícola, desarrollo económico y de territorialidad.

En lo pronto, ¿visitará de nuevo la zona?

-Siempre estamos atentos a la contingencias y también a las distintas situaciones que se van dando en esta parte del norte de Chile y sus pueblos originarios. Por cierto estaremos muy pendientes, sobre todo en lo que a la Estrategia Nacional del Litio se refiere. También a esta situación del puma que está rondando poblados. Y espero volver pronto a la zona.

"La política pública debe llevarse adelante con la perspectiva y enfoque de derecho de los pueblos indígenas. Hay en nuestro país este tipo de instrumentos, y que se respetan como el convenio de la OIT, el 169". "Se tiene que considerar a las comunidades atacameñas con la Estrategia Nacional del Litio, y que no vuelva a ocurrir una relación de no considerarlos".