Actualmente, por parte del Gobierno de S.E. el Presidente Gabriel Boric Font, se llevan adelante simultáneamente varias reformas; en particular, respecto del sector de Justicia y Derechos Humanos, hay una que persigue tener impacto en la seguridad ciudadana a largo plazo y en la vida de los jóvenes en el corto: el nuevo sistema de justicia juvenil; es decir, las formas en que los jóvenes que están en conflicto con la ley -han cometido un delito- se relacionan con el Estado.
Cumpliendo deberes que vienen dados del derecho internacional (Convención de los Derechos del Niño-CDN), el Estado de Chile ha optado por la especialización respecto de la protección de niños, niñas y adolescentes; y también, respecto del tratamiento de los jóvenes infractores de ley. Un primer paso en ese camino fue la creación del Servicio de Protección especializada a la niñez y adolescencia, conocido como Mejor Niñez, el cual coordina, por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familias, los esfuerzos estatales para proteger a los NNA, velando por el interés superior del niño, considerándolos como sujetos de derecho y especial protección, asegurando para ellos una vida libre de violencia, a través de varios programas como las familias de acogida y la adopción, entre otras importantes misiones.
Por otra parte, la respuesta estatal ante el conflicto de los jóvenes con la ley viene de la mano del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que en la región ya reclutó a su director regional, Sr. Alejandro Aguirre Campusano. La misión fundamental y mandato legal de este incipiente servicio es administrar y ejecutar las medidas y sanciones contempladas por la Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente (Nº 20.084), mediante el desarrollo de programas que contribuyan a la reinserción social de las y los jóvenes en conflicto con la justicia penal, a su integración social y a la implementación de políticas conjuntas con este fin desde los distintos sectores del Estado.
Como se aprecia, en el funcionamiento práctico de las instituciones estatales resuenan las palabras del filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo Maximilian Carl Emil Weber, o Max Weber, padre y precursor de la burocracia, ideólogo de las estructuras altamente especializadas y jerarquizadas. Para Weber, autor de obras como: "¿Qué es la burocracia?", y "La ética protestante y el espíritu del Capitalismo"; el funcionamiento de la institución sea estatal o privada, debe ceñirse a principios claros que posibilitarán su éxito: la especialización, las normas formalizadas, la estructura jerárquica, los empleados bien formados, la dedicación de los directivos y la imparcialidad de la dirección. Todos estos principios los podemos contemplar en la ley, pero hay un extra que se pide a las autoridades, electas o designadas: la coordinación.
Sin este ingrediente, que se materializa en la conocida Inter institucionalidad, no podríamos alcanzar el anhelado mandato constitucional del bien común.
