La comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el Caso Convenios determinó ayer, a primera hora, citar por tercera vez, tras dos negativas anteriores, "de manera presencial, al jefe de asesores de la Presidencia, señor Miguel Crispi". Esto, luego de que hace unos días él descartó asistir por tener contrato a honorarios. Luego el Gobierno dijo que no era su obligación y, finalmente la semana pasada, tras un oficio de Contraloría solicitando una explicación, Crispi accedió a declarar en calidad de funcionario público.

"Si llega a no venir este caballero, otro será el trato, que hasta ahora ha sido bastante bueno", dijo ayer el presidente de la comisión, diputado Juan Luis Castro (RN).

"Han sido dos veces que se ha citado a este funcionario público y él ha hecho caso omiso. Esto ha traspaso esta comisión y se ha transformado en una lucha de los poderes del Estado, (con el debate) en qué se puede o no hacer", agregó el legislador.

Crispi deberá explicar a la comisión, el próximo 6 de noviembre, cómo se realizó la firma de un convenio entre el Gobierno Regional (Gore) de Antofagasta y Fundación ProCultura, por $630 millones para la pintura de fachadas, debido a que, entonces, el militante de RD ocupaba el cargo de subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere).

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, afirmó que "Crispi es un gran profesional, una persona que ha aportado en las distintas cosas que ha estado y tendrá que definir él con su equipo, y en la instancia en la que está, cómo sigue el proceso".

"Entiendo que él está dispuesto a ir, y creo que es importante que vaya lo antes posible", añadió el secretario de Estado, por lo cual "yo no quiero hablar para atrás. Creo que si él dijo que quería ir y, a su vez, la comisión lo citó, yo creo que se empieza a encontrar una línea para enfrentar este problema".

La actitud de Crispi ha sido criticada incluso por el oficialismo, desde Socialismo Democrático, frente a lo que Montes respondió que "en la democracia hay ciertas diversidades, diversos puntos de vistas sobre muchas cosas y espero que seamos muy objetivos y muy serios", porque "cada cosa que uno dice tiene implicancias cuando se está gobernando, y somos un bloque de Gobierno que tiene que tener capacidad de diálogo entre nosotros y también con la sociedad".

La ministra vocera, Camila Vallejo, destacó además que "el asesor en cuestión mostró disponibilidad frente a la insistencia de poder asistir", y "lo va a hacer en la fecha indicada. Nosotros pensamos que podría haber sido esta semana, pero va a demorar un poco más".

"secretismo"

El diputado e integrante de la comisión, Juan Antonio Coloma (UDI), dijo esperar que Crispi "venga en forma pública a dar conocimiento de los antecedentes, y no pretenda esconder ningún tipo de respuesta en un eventual secretismo".

"Ese sería simplemente el peor de los escenarios, o que el señor Crispi venga y pida sesiones secretas, la verdad es que prefiero ni siquiera ponerme en ese escenario, porque ahí pasaríamos de la transparencia total que nos dijo el Presidente (Gabriel) Boric, al oscurantismo absoluto del señor Miguel Crispi", sostuvo el parlamentario.

Su par, Rubén Oyarzo (PDG), agregó que "el asesor no puede darle dolores de cabeza al asesorado. Es decir, aquí el señor Crispi por superioridad moral le está dando un problema al Presidente".

Mañana se debería votar en la Comisión de Seguridad y en la Sala del Senado el veto a la ley de usurpaciones ingresado por el Gobierno luego de que se aprobara una ley que la ministra del Interior, Carolina Tohá, calificara como "peligrosa" porque en su opinión generaba una autotutela del uso de la fuerza a quien fuera víctima de este delito y además configuró una escala de penas que el Ejecutivo consideró excesiva en algunos casos, como las tomas de terreno "no violentas" para instalar campamentos.

Esta discusión ha sido intensa entre el oficialismo y la oposición, que incluso ha acusado a La Moneda de estar del lado de los delincuentes y no de las víctimas con un veto que propone 14 modificaciones a la legislación aprobada por el Congreso.

Ayer, en la previa de definir esta discusión, la senadora republicana Carmen Gloria Aravena, autora de uno de los proyectos que se fusionó y despachó a ley, dijo que existía la opción de declarar inadmisible el cambio del Gobierno que introduce la multa en la toma sin violencia.

"Esta es una norma trascendental para enfrentar el grave delito de usurpación que sufren muchísimas familias en este país. En la medida que se mantengan las penas de cárcel, como contempla la ley aprobada, que fue vetada por el Gobierno, en cuanto a la inadmisibilidad o recalificación del veto, es muy relevante porque puede tener efectos concretos", manifestó la legisladora.

Mientras que el senador Iván Flores (DC), ha hecho insistentemente el punto de que hay que terminar rápido con la tramitación: "Necesitamos una ley de usurpaciones. Con violencia o sin violencia, destruye o no destruye a gente que es propietaria legítima, y (al autor) no le pasa nada más que una multa que, dicho sea de paso, muchas veces tampoco se cumple. Me preocupa mucho más eso, que alguna consecuencia menor que pueda aparecer si es que se rechaza el veto del Gobierno".

Gobierno y autotutela

La bancada del Partido Comunista formuló a la nueva norma "observaciones sobre el tipo y magnitud de las penas de presidio que mantiene el veto".

"No estamos en disposición de apoyar medidas que signifiquen que las familias que viven en asentamientos irregulares, incluidas las que están en el Registro Nacional de Campamentos del Minvu, corran el riesgo de tener penas efectivas de cárcel", indicó el partido oficialista.

La ministra militante del PC, Camila Vallejo, recordó que "el corazón del veto tiene que ver con no posibilitar la autotutela. La autotutela nos lleva a la ley de la selva y eso es un problema". "Evidentemente hay distintas apreciaciones, tanto de la oposición como en el oficialismo, pero esperamos obviamente a que este veto pueda ayudar a que la ley de Usurpaciones sea una ley que sirva, que no nos haga retroceder, que dé más seguridad y que nos permita mantener y resguardar el Estado de derecho sin afectar a las personas que, por necesidades habitacionales, viven en campamentos".

La Superintendencia de Pensiones instruyó el "cese inmediato" de las operaciones de la empresa Aridum, la cual ofrecía un servicio financiero relacionado a la Cuenta 2 de las Administradoras de Fondos de Pensiones, un caso que hizo recordar el protagonizado por Felices y Forrados y su fundador, Gino Lorenzini, que recomendaba a sus clientes cambiarse de multifondo cada semana a los que según su opinión tendría mejor rentabilidad.

Según el regulador, el pasado viernes se instruyó a la firma que debía poner fin al ofrecimiento y prestación de servicios relacionados con la Cuenta de Ahorro Voluntario -también llamada Cuenta 2-, "por cuanto se trata de una asesoría financiera previsional, actividad para la que no tiene la debida autorización".

Entre las razones expuestas, el ente fiscalizador expuso que Aridum no forma parte del Registro de Asesores Financieros Previsionales que fiscalizan conjuntamente la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero.

La instrucción de la Superintendencia también implica la baja de todos los contenidos sobre la materia en el sitio web de Aridum, sus publicaciones en redes sociales y en cualquier otro medio o plataforma en los que la entidad, su sociedad, accionistas o trabajadores puedan operar.

Previamente, con fecha 18 de octubre de 2023 la Superintendencia de Pensiones reiteró e impartió a las AFP instrucciones en materia de acreditación de recaudación de cotizaciones, depósitos y aportes, así como respecto del retiro de fondos de cuentas personales.

Además reiteró a sus regulados las obligaciones fiduciarias y la responsabilidad legal que tienen en la revisión de las operaciones realizadas de depósito y retiro de recursos desde los fondos de pensiones, así como la debida diligencia continua que las obliga a tomar todas las medidas de resguardo de acuerdo con las finalidades y objetivos del sistema de pensiones.