A propósito de lo sucedido con el abogado Luis Hermosilla se ha abierto un intenso debate respecto a cierta urgencia por tener la capacidad para revisar los datos personales de quienes estén bajo escrutinio o investigación. Esto incluye las conversaciones privadas, correos, llamadas, contactos por WhatsApp, entre otros.
Sabemos que esto es normal y permitido en toda democracia, pero siempre imponiendo límites y cautelas. Habitualmente, esto se ejecuta cuando hay una solicitud-generalmente del Ministerio Público- al Poder Judicial, que es la única instancia que puede autorizar una medida de fuerza como la comentada.
Casos como indagaciones de terrorismo, narcotráfico y otros, son intensos en este tipo de acciones, pero siempre considerando el ordenamiento legal y nunca pasando a llevar la legislación.
La existencia o incluso la sospecha efectiva de que se está en presencia de la comisión de delitos, no puede hacer que los agentes del Estado pasen por sobre los marcos reguladores básicos de una sociedad democrática.
Eso debe mantenerse y cuidarse si riesgo de que el Estado, con todo su poder, o personeros del mismo, acometan en contra de las personas en una suerte de vigilancia permanente y discrecional.
Aquello atenta contra las libertades más elementales. Esto no significa que el aparato estatal, en especial, las policías y el gobierno dejen de hacer su labor. Más aún, deben perfeccionarla y dotarla de mejores elementos y tecnología, pero deben también someterse al escrutinio de un poder independiente, como es el judicial.
El mundo ha entrado en un momento en que la vigilancia sigue ganando espacios y aceptación ciudadana y política (sólo veamos lo que ocurre con las redes sociales), sin embargo observemos con criterio, transparencia y largo plazo, donde cada uno de los actores haga su labor y genere su propio enfoque, con el fin de construir marcos amplios de respeto por el individuo y el bienestar de la sociedad en su conjunto.