Redacción

A las 00:00 horas de hoy comenzó a regir la Ley de nuevo etiquetado de alcohol -muy similar a la de alimentos -, que obliga a los productores a informar en las calorías del bebestible en la etiqueta, junto con incluir advertencias respecto al consumo y su relación con el embarazo, conducción y los efectos que podría tener en menores de 18 años, entre otros aspectos.

La información aparecerá acompañada de imágenes en, al menos, el 15% de la superficie posterior del envase: estas son las indicaciones que entraron en vigencia hoy, las que también deben ser incluidas en la publicidad de los productos.

La normativa incluye otros aspectos que empezarán a regir el 7 de julio de 2026, como la prohibición de publicidad dirigida a menores de edad. A esto se suma que los avisos televisivos sobre alcohol, destinados a cualquier público, no deben emitirse entre las 06:00 y 22:00 horas. En el caso de la radio, la regla será entre las 16:00 y 18:00 horas.

La publicación del Diario Oficial señala que el incumplimiento de estas medidas será "sancionado con multa de 5 a 200 UTM", es decir, entre $330 mil y $13 millones, aproximadamente, junto "con el comiso de las bebidas". Las sanciones "podrán imponerse dobladas en caso de reincidencia".

El reglamento completo sobre información al consumidor y publicidad de bebidas alcohólicas, así como las normas gráficas para los mensajes de advertencia y valor energético, junto al diseño de los sellos están disponibles en la página web del Ministerio de Salud, minsal.cl.

Stock anterior

El Servicio de Atención al Consumidor (Sernac) publicó en Instagram que "estaremos monitoreando la implementación de la nueva Ley de etiquetado de alcoholes, que comienza a regir este domingo. Considera que podrías encontrar productos sin etiquetado, correspondientes a stock anterior a la vigencia de la norma".

"Sin embargo, todos los productos de esta categoría, que sean fabricados a partir de esta fecha (7 de Julio 2024) deberán cumplir con esta obligación", agregó el servicio en su página web.

El presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), Máximo Picallo, se refirió ayer en Emol a los productos ya comprados por los locales, a los que "no se les debiese aplicar de forma retroactiva la Ley, de manera que no tengan que estar reetiquetando esos productos, ya que supone un costo adicional significativo".

El Sernac detalló, asimismo, que junto a la información sanitaria y de publicidad, buscará "fomentar prácticas de consumo más responsables". De este modo, fiscalizará a las empresas que venden este tipo de bebidas, "ya sea de forma presencial o digital, en los diferentes sitios de comercio electrónico".

El líder de la Asociación Gremial de Dueños de Botillerías, Marcial Pérez, señaló al respecto que "hay que atacar el clandestino, donde se abastecen (los menores)".

La nueva Ley, además, se complementa con la de protección de los derechos de los consumidores (LPDC), indicó el Sernac, ya que las personas "tienen derecho a que se les entregue información veraz, oportuna y comprobable sobre los bienes ofrecidos", además de "que la publicidad no induzca a error o engaño y tienen derecho a consumir alimentos que no afecten la salud", aunque "es deber revisar los productos antes de comprarlos".

De todas las crisis institucionales en las que estamos inmersos, existe una que ha pasado injustamente desapercibida: las dificultades en el nombramiento de altos cargos. Veamos algunos ejemplos. A la Corte Suprema le faltan tres ministros titulares y uno de esos cargos lleva vacante más de un año. Por otro lado, estamos a punto de completar siete meses con un Contralor General de la República subrogante, y hasta hace pocos meses, pasamos más de 100 días sin un Fiscal Nacional titular. Para qué hablar del Tribunal Constitucional, institución que alcanzó a estar más de dos años sin los diez ministros titulares. Como es evidente, los problemas que entrañan la ausencia de integrantes titulares son de diversa índole y gravedad. Por ejemplo, no existe ninguna seguridad de que los criterios jurídicos esgrimidos por los subrogantes serán seguidos por los titulares, además de un sinfín de aspectos administrativos que deberían ser decididos por estos últimos, tales como la reorganización de las funciones del órgano, el establecimiento de políticas estratégicas o el nombramiento de funcionarios subordinados.

Ahora bien, existe algo que todas estas designaciones tienen en común: la colaboración entre los tres poderes del Estado. Es decir, el procedimiento para nombrar a los titulares de dichos órganos está compuesto por etapas sucesivas, donde participan los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Por tanto, debemos preguntarnos qué hay detrás de las dificultades de cooperación entre nuestras autoridades. En este sentido, podríamos apuntar causas orgánicas y de otra naturaleza. Sobre las orgánicas, parece urgente reformar, al menos, el sistema político y el procedimiento de nombramiento de los jueces; afortunadamente, no faltan propuestas para acometer ambas tareas. Sin embargo, respecto de las causas "de otra naturaleza" nos encontramos en el descampado. ¿Cómo recuperar un clima de amistad cívica que nos permita trabajar juntos pese a las diferencias? ¿Cómo fortalecer la confianza en política? ¿Qué lugar tienen valores como el perdón, la lealtad, la gratuidad y la solidaridad en las esferas de poder? Estas no parecen preguntas irrelevantes si consideramos que ninguna reforma orgánica podrá contrarrestar el revanchismo y la mezquindad que detienen los acuerdos.

Y es que por anacrónico que suene, la virtud sí tiene un rol en política, rol que no se puede sustituir por mecanismos que sólo pongan los incentivos correctos. Incluso los mejores dispositivos institucionales tienen límites evidentes, y la historia así lo confirma. Que no se malentienda: nadie está hablando de una añoranza griega ni victoriana, sino simplemente de reconocer que hay ciertas disposiciones morales sin las que ninguna nación puede avanzar. Naturalmente, buena parte de este desgaste llegó a la política como un reflejo de lo que ha pasado antes en la sociedad civil, lo que sólo hace más difícil el camino. Pero el bien común de Chile exige mantener a la vista estos factores y no caer en el pesimismo de sólo intentar reformas orgánicas, por valiosas que sean.

"¿Cómo recuperar un clima de amistad cívica que nos permita trabajar juntos pese a las diferencias? ¿Cómo fortalecer la confianza en política? ¿Qué lugar tienen valores como el perdón, la lealtad, la gratuidad y la solidaridad en las esferas de poder?

*Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica del Maule y de la Universidad de los Andes. Investigador de Polis, el Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes.

El ministro de Energía, Diego Pardow, informó ayer que, desde que se abrió el proceso el pasado 1 de julio, van casi un millón de postulaciones al subsidio eléctrico que permitirá paliar el alza de las cuentas de la luz.

"Llevamos cerca de un millón de postulaciones al cierre de la medianoche de ayer (viernes), o sea, un poquito más tendremos hoy día (sábado), lo cual significa que la información está llegando", dijo el ministro durante una actividad en La Pintana.

Añadió que "vamos a seguir reforzando la presencia física, porque precisamente la última semana (el proceso finaliza el 14 de julio) es la semana donde necesitamos que aquellas personas que tienen más dificultad con el acceso a internet, puedan tener la posibilidad de hacerlo". La postulación al subsidio se realiza en la web subsidioelectrico.cl

Pardow reiteró que el Gobierno presentará un proyecto de ley para ampliar el subsidio y sobre las críticas en su contra señaló que "son legítimas en una democracia, son parte de una democracia. Uno trata en la posición que le toca, tomárselas de la manera más constructiva posible, y en la manera de que haya un espacio de mejora en algo de la gestión, adoptarla".