Al igual que los años anteriores, nuevamente la Corporación de Asistencia Judicial de las Regiones de Tarapacá y Antofagasta se viste de gala, y conmemora este 29 de septiembre el Día Nacional de Acceso a la Justicia, el cual se erige como un derecho fundamental, que tiene por propósito exigir a los Estados garantizar de una manera adecuada la posibilidad de recurrir a un sistema de justicia y obtener una solución efectiva a una problemática de carácter legal.

Nuestra Carta Fundamental va más allá, y establece, a propósito de los Derechos y Deberes Constitucionales, en particular en su artículo 19 número 3, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, como así mismo la posibilidad que toda persona, sin distinción alguna, tenga derecho a una defensa jurídica, y la protección efectiva en el sentido que nadie pueda restringir, impedir o perturbar la debida intervención de un letrado si hubiese sido requerida.

En este último aspecto me quiero detener y enfatizar para claridad de nuestros lectores, en el sentido que nuestra institución desde su creación hace ya treinta y siete años, se ha constituido en la institución que garantiza y permite un real acceso a la justicia por intermedio de nuestros profesionales quienes han logrado cumplir con esta premisa.

Nuestra corporación ha sabido responder adecuadamente a las reformas que en los últimos años se han realizado en nuestro ordenamiento jurídico, y es así entonces, que con la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, nuestra institución crea el Centro de Atención de Víctimas de Delitos Violentos; posteriormente y a propósito de la creación de los tribunales de familia, se especializa a los profesionales de nuestros consultorios jurídicos para responder de una mejor manera a esta nueva legislación y años más tarde con la reforma a la legislación laboral la institución crea las Oficinas de Defensa Laboral.

Siguiendo con esta tendencia de especialización, en los últimos diez años, se han creado nuevas oficinas, enfocadas a los adultos mayores, a las niñas, niños y adolescentes, personas en situación de discapacidad y migrantes, que unidas a nuestras oficinas más tradicionales, nos permite decir que somos un servicio público autónomo que garantiza a todas las personas en condiciones de vulnerabilidad la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, a través de un equipo humano competente y altamente comprometido. Para este año continúan nuevos desafíos, como el avance del Proyecto de Ley que permitirá la creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas.

Para finalizar solo queda señalar, que el acceso a la justicia se ha erigido como el eje central de nuestra institución y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos impulsado por el Gobierno del Presidente de la República don Gabriel Boric Font, dando preponderancia a la idea que todas las personas, sin distinción de ninguna especie, deben tener un real acceso a un profesional letrado que pueda defender sus derechos conculcados ante situaciones de conflicto.

Es probable que haya dos factores claves para explicar impactos positivos en la región durante los últimos 35 años: el desarrollo de la minería privada y la consolidación de las universidades regionales.

Ambas van, de alguna forma, de la mano, pues la segunda no sería posible si no tuviéramos una industria potente como soporte, a la vez que la primera demanda profesionales cada vez más calificados.

Un ejercicio comparativo simple realizado por este Diario dio cuenta de cuánto han cambiado los planteles que proveen a nuestras autoridades: si en 1990, la mayoría de los mandos regionales provenía de universidades en Santiago o no tenía profesión, en la actualidad son los centros educativos nortinos los

que tienen mayor influencia en la generación de capital humano.

La Universidad de Antofagasta, la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Tarapacá, especialmente, han sido un tremendo motor en este ámbito, al proveer de mujeres y hombres en todas las áreas del conocimiento, incluyendo a quienes participan de las distintas instancias y poderes del Estado, esto es, el gobierno, el poder Judicial y el Legislativo.

Lo que parece obvio, no lo es tanto, pues transformaciones estructurales como esta, en una generación o menos, son inmensas y complejas.

Todo ello da cuenta de la relevancia de nuestras centros educativos, los mencionados y otras, lo que debe ser materia de ponderación y apoyo, pues alcanzar el desarrollo y una mejor calidad de vida, pasa inevitablemente por contar con personas competentes y educadas. Nuestra región juega su destino en atraer y retener el mejor talento y en esto las universidades son fundamentales.

Al igual que los años anteriores, nuevamente la Corporación de Asistencia Judicial de las Regiones de Tarapacá y Antofagasta se viste de gala, y conmemora este 29 de septiembre el Día Nacional de Acceso a la Justicia, el cual se erige como un derecho fundamental, que tiene por propósito exigir a los Estados garantizar de una manera adecuada la posibilidad de recurrir a un sistema de justicia y obtener una solución efectiva a una problemática de carácter legal.

Nuestra Carta Fundamental va más allá, y establece, a propósito de los Derechos y Deberes Constitucionales, en particular en su artículo 19 número 3, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, como así mismo la posibilidad que toda persona, sin distinción alguna, tenga derecho a una defensa jurídica, y la protección efectiva en el sentido que nadie pueda restringir, impedir o perturbar la debida intervención de un letrado si hubiese sido requerida.

En este último aspecto me quiero detener y enfatizar para claridad de nuestros lectores, en el sentido que nuestra institución desde su creación hace ya treinta y siete años, se ha constituido en la institución que garantiza y permite un real acceso a la justicia por intermedio de nuestros profesionales quienes han logrado cumplir con esta premisa.

Nuestra corporación ha sabido responder adecuadamente a las reformas que en los últimos años se han realizado en nuestro ordenamiento jurídico, y es así entonces, que con la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, nuestra institución crea el Centro de Atención de Víctimas de Delitos Violentos; posteriormente y a propósito de la creación de los tribunales de familia, se especializa a los profesionales de nuestros consultorios jurídicos para responder de una mejor manera a esta nueva legislación y años más tarde con la reforma a la legislación laboral la institución crea las Oficinas de Defensa Laboral.

Siguiendo con esta tendencia de especialización, en los últimos diez años, se han creado nuevas oficinas, enfocadas a los adultos mayores, a las niñas, niños y adolescentes, personas en situación de discapacidad y migrantes, que unidas a nuestras oficinas más tradicionales, nos permite decir que somos un servicio público autónomo que garantiza a todas las personas en condiciones de vulnerabilidad la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, a través de un equipo humano competente y altamente comprometido. Para este año continúan nuevos desafíos, como el avance del Proyecto de Ley que permitirá la creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas.

Para finalizar solo queda señalar, que el acceso a la justicia se ha erigido como el eje central de nuestra institución y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos impulsado por el Gobierno del Presidente de la República don Gabriel Boric Font, dando preponderancia a la idea que todas las personas, sin distinción de ninguna especie, deben tener un real acceso a un profesional letrado que pueda defender sus derechos conculcados ante situaciones de conflicto.

Es probable que haya dos factores claves para explicar impactos positivos en la región durante los últimos 35 años: el desarrollo de la minería privada y la consolidación de las universidades regionales.

Ambas van, de alguna forma, de la mano, pues la segunda no sería posible si no tuviéramos una industria potente como soporte, a la vez que la primera demanda profesionales cada vez más calificados.

Un ejercicio comparativo simple realizado por este Diario dio cuenta de cuánto han cambiado los planteles que proveen a nuestras autoridades: si en 1990, la mayoría de los mandos regionales provenía de universidades en Santiago o no tenía profesión, en la actualidad son los centros educativos nortinos los

que tienen mayor influencia en la generación de capital humano.

La Universidad de Antofagasta, la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Tarapacá, especialmente, han sido un tremendo motor en este ámbito, al proveer de mujeres y hombres en todas las áreas del conocimiento, incluyendo a quienes participan de las distintas instancias y poderes del Estado, esto es, el gobierno, el poder Judicial y el Legislativo.

Lo que parece obvio, no lo es tanto, pues transformaciones estructurales como esta, en una generación o menos, son inmensas y complejas.

Todo ello da cuenta de la relevancia de nuestras centros educativos, los mencionados y otras, lo que debe ser materia de ponderación y apoyo, pues alcanzar el desarrollo y una mejor calidad de vida, pasa inevitablemente por contar con personas competentes y educadas. Nuestra región juega su destino en atraer y retener el mejor talento y en esto las universidades son fundamentales.