Pablo Orellana G.
Ingresada al Tribunal Ambiental la demanda colectiva contra el Estado por daño ambiental en Calama y su zona circundante, de 21 organizaciones sociales de la ciudad, "el primer avance será que esta sea declarada admisible por el tribunal. Y es ahí donde de verdad comenzará un diálogo con el Estado sobre su negligente actuar en materia medio ambiental en la comuna que se arrastra desde el año 2009", comentó el vocero de la corporación Yareta, interviniente en esta causa.
De ser admisible la demanda, "será un hito, y es por eso que esperamos con cautela el próximo pronunciamiento del Tribunal Ambiental. Hemos ido adjuntando todos medios probatorios, los pronunciamientos previos, testimonios, estudios científicos, e informes que nos permitan que esta sea admitida", agregó el abogado ambientalista.
"Es sin duda un hito, que marca la comunidad organizada de la ciudad por un derecho constitucional de vivir en un ambiente libre de contaminación. Es también importante porque acá el Estado se olvidó de Calama y la salud de su gente", dijo el alcalde de Calama Eliecer Chamorro en su pasada intervención de apoyo a la demanda ante el Concejo Municipal.
Retiro de estación
Para el vocero de la corporación Yareta, "uno de los principales errores y negligencias cometidas desde el año 2009 a le fecha, fue el retiro de la estación de monitoreo de la calidad del aire, en el año 2018, y que se ubicaba en el Servicio Médico Legal. Eso no sólo afectó la medición, también que Calama fuera declarada zona de latencia y no saturada, sino que también se perdiera información de un sector de alta representatividad poblacional".
Para los ambientalistas, un antecedente claro, una evidencia, "es haber tenido un Plan de Descontaminación Atmosférico (PDA) de Calama; y anulado por parte del Tribunal Ambiental en el año 2023. El cual fue elaborado para una zona en estado de latencia, y no saturada como lo es Calama".
Fue precisamente esa sentencia del Tribunal Ambiental, "en junio del 2023, la que motivó el inicio de esta acción legal. Nos demoró bastante el poder elaborar esta demanda. Estructurarla, argumentarla e ir armando el caso, y que tiene muchos antecedentes que dan cuenta del actuar negligente del Estado en esta materia, y de sus servicios y ministerios", explicó Sergio Chamorro.
Diego Bascuñán, abogado asesor del municipio en esta causa, comentó ante el Concejo Municipal que "será una lucha larga, en la cual todas las empresas emisoras, van jugar sus cartas, con Ley del Lobby, a través de publicidad, y otras que vamos a marcar un precedente al Poder Judicial, en tomar una decisión tan relevante y que tenga tantas consecuencias, y que obligue al Estado a ponerse serio con la situación actual de Calama, y que sea una decisión ratificada por los tribunales de Justicia".
El profesional agregó que "la demanda, en las partes más pertinentes, contiene mucha información del daño constante y la desidia que ha tenido el Estado; que pese a ser declarada zona saturada en el año 2009, no presenta mejoras, y no se tenga información aún, al 2025, acerca del nuevo Plan de Descontaminación Atmosférica para Calama".
Minería sustentable
Los ambientalistas explicaron también que "no estamos contra la minería. Queremos justicia ambiental. Que la actividad sea realmente sustentable. Sabemos que Calama es una zona minera, pero esta actividad debe hacerse con los más altos estándares productivos y que por años han tenido efectos en la salud pública y medio ambiente de la comuna. Que las empresas emisoras operen resguardando la salud pública de las personas de Calama que comen polvo", dijo el vocero de la corporación Yareta.
Malfredo Mamani, concejal y presidente de la comisión de Medio Ambiente del Concejo Municipal de Calama, comentó al respecto que "hay antecedentes suficientes que nos indican, nos establecen el impacto de la actividad minera en Calama, pero también es un hecho que el Estado no hecho lo suficiente en un tema delicado, sensible y de salud pública que afecta a Calama. Además hemos analizado la posibilidad de que se le dote a la ciudad de más estaciones de monitoreo a la calidad del aire y aprobar recursos para ello".
Transversalidad de querellantes
En total son 21 agrupaciones sociales, indígenas, " y unas 500 que de forma personal adhirieron a esta demanda, incluida la Municipalidad de Calama, la asociación Indígena de La Banda, el centro de madres Corazón de Jesús, entre otras importantes organizaciones", dijo Sergio Chamorro.
Si bien no hay un plazo exacto para el pronunciamiento, los ambientalistas comentaron que "atendido a los hechos y negligencias detalladas en la demanda, Esperamos hay una respuesta pronto".