Una ampliación al proceso judicial al que se somete Celso Tapia, quien es acusado de estafar a 11 pobladores por la venta de sus terrenos en el sector de la ex Finca San Juan se anunció ayer. Esto, debido a la cantidad de testigos y pruebas por ambas partes, por lo que los magistrados del Primer Juzgado Oral en lo Penal de Calama determinaron aumentar las jornadas para la próxima semana.

En definitiva, para el próximo lunes, miércoles y viernes se presentarán las últimas probatorias de los litigantes, quienes acusan de apropiación indebida por el lado de los persecutores y por el de la defensa, se cuestiona la necesidad de incurrir a un juzgado penal en un caso que consideran entre particulares.

Caso

El drama quedó en evidencia en 2012, cuando se efectuó la venta del lote de terrenos en el sector mencionado a una empresa local. Los propietarios firmaron al acusado, Celso Tapia, un mandato que le entregaba la facultad de negociar, ofertar, vender y traspasar estas propiedades en un plazo indefinido, siempre que la transacción no fuera inferior a las 2,8 Unidades de Fomento por metro cuadrado, mientras que todo el ganancial quedaría para Tapia en su condición de intermediario.

El fiscal a cargo del caso, Eduardo Peña, explicó que este es un caso complejo con muchos testigos y documentación, por ello, se requiere de este tipo de jornadas tan extensas y no descarta que se tomen toda la semana en el proceso.

"Tenemos la convicción que podremos demostrar que existió una apropiación indebida, en calidad de reiterada. Lo que aumenta el daño, es que los afectados son en su mayoría pobladores de muy escasos recursos, de una avanzada edad y que difícilmente podrán contar con una nueva oportunidad de recuperar estos bienes inmuebles, que además hoy tienen un valor sustancialmente superior que en el tiempo de su venta", expresó el representante del Ministerio Público.

La avanzada edad de los afectados, que en muchos casos presentan síntomas de senilidad, algunos fallecidos, obliga a sus sucesores a testificar para esclarecer los hechos.

Una semana repleta de actividades que culmina hoy con la presentación de lo que realizaron en los talleres de baile, fue la que disfrutaron los pequeños pacientes de la Fundación Teletón en Calama. Cincuenta niños que compartieron junto a sus amigos, jóvenes voluntarios que fueron capacitados para atender las necesidades de los pequeños a su cargo.

Actividades inclusivas, donde los niños y niñas tuvieron la ocasión de generar lazos de amistad y aumentar la autoestima, por medio de su participación en los talleres de batucada, rugby, danza, repostería, pintacaritas, arte, donde además participaron representantes de Bomberos y Carabineros de Chile.

Carolina Albarracín, coordinadora del Voluntariado Teletón Calama, dijo que "muchos de los niños que asisten a Teletón no tienen posibilidad de tomar vacaciones, debido a la baja oferta de espacios accesibles donde ir o por la falta de recursos económicos de muchas de las familias. El Verano Teletón les da la oportunidad de compartir con otros niños y voluntarios", señaló.

La promulgación de la Ley que crea la subsecretaría de Derechos Humanos, significa una nueva instancia para aquellos chilenos y chilenas que vieron vulnerada su dignidad e integridad en distintas instancias, y también puedan recibir una reivindicación de parte del Estado, pero, es mucho más que eso.

Así lo manifestó el secretario regional ministerial de Justicia, Marcelo Encina, cartera que se encargará de velar por el bienestar y la calidad de vida enmarcados en las diversas convenciones a las que se suscribe Chile en pos de respetar la condición humana de sus ciudadanos y residentes.

"Se cumple con un compromiso con el país, pero también con el deber superior que como Estado tenemos, de dar el máximo nivel institucional a una materia tan trascendental como los derechos humanos ", manifestó la autoridad regional.

La subsecretaría tendrá entre sus atribuciones "crear también el comité interministerial de Derechos Humanos (DDHH), integrado por ocho ministerios, y encabezado por la ministra (o ministro) de Justicia; consagra la obligación de fijar políticas mediante el plan nacional de DDHH. Junto con las atribuciones más generales de diseñar la política de DDHH se confieren potestades más específicas como promover la no discriminación arbitraria mediante la Ley Zamudio y normas internacionales; promover la educación y formación en DDHH desde la educación parvularia a la educación superior; promover la capacitación en DDHH; también le va a corresponder la promoción del cumplimiento de las medidas; y se instaura el deber de promover la preservación de la memoria histórica de violaciones a los DDHH", explicó.

Calama

Marcelo Encina, acotó que han tenido diversas reuniones con algunas de las agrupaciones dedicadas a la búsqueda de reivindicaciones y la verdad en torno a sus casos de violaciones a los derechos humanos.

Además, la subsecretaría se instalará en la región, con personal dedicado exclusivamente a esta tarea, no sólo por los crímenes vividos en la dictadura, sino que respondiendo a todos los casos en que se vulnera la dignidad de los chilenos o extranjeros como en diversas particularidades.

"Será parte de un trabajo permanente que tiene nuestro Ministerio, que ahora pasará a llamarse de "Justicia y Derechos Humanos", lo que significa que será una piedra angular de nuestra labor. Se monitoreará las condiciones de hacinamiento en las cárceles, se verá las condiciones de trabajo de todo tipo de empleados en diversas faenas y oficinas, es decir, tendremos un amplio rango de actividad", agregó el secretario regional.