El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se sumó a la preocupación expresada por el diputado del Movimiento Autonomista, Gabriel Boric, respecto de la situación en que se encuentra la machi Francisca Linconao, que cumplió 11 días en huelga de hambre en protesta por la decisión judicial de mantenerla en prisión preventiva por su supuesta participación en el asesinato del matrimonio Luchsinger-MacKay.

En una declaración pública, el INDH recordó que el uso de la prisión preventiva "debe ser compatible con el principio de presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal", reconocidos en la Constitución y Tratados Internacionales ratificados por Chile.

El proceso

Linconao, de 60 años, está procesada desde hace nueve meses junto a otros 10 comuneros en el juicio por el homicidio del matrimonio de ancianos agricultores que murieron calcinados en su vivienda, incendiada por encapuchados a comienzos del año 2013 en la región de La Araucanía.

La machi, que padece varios problemas de salud, comenzó la huelga de hambre el 23 de diciembre, después que la Corte de Apelaciones de Temuco revocó por cuarta vez una resolución del tribunal de garantía de cambiarle la prisión preventiva por arresto domiciliario.

Según la Fiscalía, los autores del incendio en que murieron los agricultores se habrían reunido en la casa de Linconao para planificar el atentado.

EL INDH señaló en su declaración que la corte ha negado la excarcelación de la machi porque los jueces no han logrado un acuerdo unánime, y que su situación -en ayuno e ingresada en un hospital- "se ve agravada por su delicado estado de salud".

Críticas de Boric

Según el diputado Gabriel Boric, el requisito de la unanimidad de los jueces para otorgar una excarcelación se utiliza solo con los presos mapuches, lo que es el resultado "de una política sistemática y racista de represión y criminalización del movimiento mapuche", según sostuvo en una declaración publicada el domingo en su sitio de Facebook. "En La Araucanía opera una versión muy distinta del derecho", agregó.

Al respecto, el INDH llamó a las autoridades a avanzar "en el reconocimiento jurídico y en políticas públicas tendientes a hacer efectivos los derechos del pueblo mapuche y de todos los habitantes de las regiones involucradas".

Juan Carlos Reinao, alcalde de la localidad de Renaico y presidente de la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuche visitó el domingo a Linconao en el hospital y afirmó que si la mujer no queda en libertad, "saldrá en un cajón" desde ese recinto.

"Ingresó con 46 kilos y hoy está en 42. Ella no va a transigir ni es negociable: Sale de ahí libre o sale en un cajón", aseguró Reinao.

Para el diputado Boric, la situación de Linconao "es un eslabón más en la cadena de dirigentes y líderes mapuches presos sin pruebas y sin condenas, que suma varias decenas".

Acciones en el exterior

En este contexto, Alejandro Navarro, senador y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, afirmó a radio Cooperativa que "voy a visitarla en las próximas horas" y advirtió que "si esto continúa, si la Fiscalía insiste en este trato vejatorio, vamos a realizar acciones a nivel internacional".

"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a conocer este caso y si es necesario que el relator de DD.HH. para pueblos indígenas visite Chile, así lo exigiremos", acusó el parlamentario.

El Senado dará cuenta hoy del ingreso de la contienda de competencia que definirá si será la Contraloría o los tribunales de justicia los que decidan el sistema previsional de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Se trata de más de 1.300 trabajadores que demandan al Estado su traspaso desde las administradoras de fondos de pensiones (AFP) a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

Por esto, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, interpuso una contienda de competencia con el Poder Judicial para que sea el Senado el que se pronuncie en esta materia.

El presidente de la instancia, el independiente Pedro Araya, dijo que "esta contienda de competencia no tiene plazo para su resolución y lo que debiera hacer la comisión, en primer lugar, es escuchar a ambas partes, es decir, a la Contraloría General de la República y al Poder Judicial a través de la Corte Suprema".

El parlamentario agregó que "probablemente los interesados, como funcionarios de la DGAC o del Gobierno, también harán sus descargo en esta materia".

Carga de trabajo

Previo a la vista del procedimiento, Araya advirtió en radio Cooperativa que "hay que tener presente que la Comisión de Constitución es una de las comisiones que más sobrecarga de trabajo tiene en el Congreso. Además nosotros ya teníamos calendarizado el mes de enero con los proyectos que íbamos a abordar, entre otros, el proyecto de ley del aborto, el del fortalecimiento del Sernac y el de tribunales tributarios".

Frente a este escenario, el senador Alberto Espina (RN) argumentó que "hay que poner acelerador a fondo en el despacho de estos proyectos de ley y resolverlos además con buen criterio".

"Es un tema bien relevante, por lo tanto, habría que tratar de resolverlo antes. Yo creo que hay una prioridad muy importante, porque donde hay una contienda de competencia y donde hay derechos de ciudadanos involucrados, lo razonable es que podamos resolverlo lo antes posible", argumentó sobre el tema el parlamentario opositor.