La Guardia Civil española requisó ayer más de 1,3 millones de carteles y folletos a favor del referendo para la independencia de Cataluña, convocado de manera unilateral por el Gobierno regional para el 1 de octubre y prohibido por el Tribunal Constitucional español.

Agentes del Gobierno central retiraron desde una imprenta cerca de 700 mil folletos que promovían el "sí" al separatismo, junto a unos 130 mil carteles de menor tamaño y 370 mil dípticos con el logotipo del Gobierno catalán, correspondientes a la campaña institucional de la votación, así como 138 mil carteles del partido independentista y antisistema CUP. Durante el operativo no se registraron hechos de violencia.

El Ministerio del Interior español dijo que los materiales "estaban empaquetados y listos para su distribución".

La Fiscalía General del Estado ordenó a las fuerzas de seguridad actuar ante cualquier acción dirigida a la preparación y celebración de la consulta del 1 de octubre.

El Gobierno catalán convocó el referendo el 7 de septiembre, pese a la oposición del Ejecutivo español, encabezado por Mariano Rajoy, que lo impugnó ante la Justicia.

El Tribunal Constitucional suspendió la convocatoria, prohibiendo la votación. Desde entonces, el Estado ha puesto en marcha mecanismos para impedir la consulta. Los independentistas catalanes, con el Gobierno regional de Carles Puigdemont al frente, aseguran que siguen con sus planes.

Matías Jullian Velás quez

Nueva polémica en Venezuela. La semana pasada, en República Dominicana, representantes del Ejecutivo y de la oposición sostuvieron reuniones -las que continuarán el 27 de septiembre- para iniciar un diálogo político. Sin embargo, mientras el Presidente Nicolás Maduro afirmó que el intercambio ya está en marcha, los disidentes lo negaron y calificaron las reuniones de "proceso exploratorio".

Ante esto, el Mandatario dijo que "es inaudito totalmente, a la luz de la política nacional e internacional, que salga el señor Julio Borges (jefe del Parlamento) a negar la existencia de negociaciones, de conversaciones entre el Gobierno revolucionario que yo presido (...) y la oposición venezolana".

"El señor Leopoldo López (uno de los máximos líderes opositores), inclusive en su condición de penado, yo he autorizado como jefe de la administración penitenciaria, ha asistido a reuniones", agregó.

Condiciones

El sábado, el negociador de la oposición, Luis Florido, aseguró que no negociarán con el Gobierno hasta que este dé las garantías que le solicitaron para ello. Entre las condiciones planteadas están las elecciones presidenciales transparentes y democráticas con un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE, Poder Electoral), con garantes y observación internacional, y con garantías democráticas para quienes sean electos.

También incluye la liberación de "presos políticos" y a los exiliados, la restitución de funciones de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento de mayoría opositora), y la atención a la "emergencia humanitaria que viven los venezolanos".

Ante esto, Maduro anunció que no dará libertad a quienes hayan cometido "crímenes de terrorismo", en referencia a lo planteado por los disidentes. "Aquí no va a haber impunidad en la mesa de diálogo. El que cometió crímenes de terrorismo pagará, nadie saldrá en libertad por esa mesa de diálogo si tiene causa con la justicia", dijo a través de la televisora estatal VTV.

El oficialismo de Venezuela ha calificado de terrorista -entre otros- a quienes, a su juicio, fueron responsables de las más de cien muertes que dejaron a su paso las manifestaciones que sacudieron al país caribeño entre abril y julio de este año, y a quienes, afirma, han tramado un golpe de Estado contra Maduro.

Acto con morales

Ayer, en tanto, se realizó en Caracas el acto "Todos somos Venezuela", actividad que tenía como fin planificar una agenda de políticas en defensa de los derechos ciudadanos. En ella participó el Presidente de Bolivia, Evo Morales, quien aseguró que su país no va a "abandonar" a Venezuela en su lucha.

Los Presidentes surcoreano y estadounidense, Moon Jae-in y Donald Trump, respectivamente, acordaron ayer aplicar "a fondo" las sanciones impuestas por la ONU a Corea del Norte para que se abstenga de efectuar más provocaciones con sus ensayos de armas.

Ambos líderes coincidieron durante una conversación telefónica en la necesidad de "implementar a fondo" las medidas sancionadoras para que Pyongyang vea que, de seguir con su actitud, "sólo se aislará más diplomáticamente y se enfrentará a más presión económica", lo que le llevará "al colapso", reveló la oficina presidencial de Seúl.

También coincidieron en "ejercer más presión práctica" sobre Norcorea, incluyendo la aplicación de la nueva batería de sanciones adoptada por unanimidad por el Consejo de Seguridad de la ONU la semana pasada.

El presidente surcoreano subrayó la importancia de mejorar las capacidades defensivas propias de su país, además de contar con el respaldo de las tropas del país norteamericano. Trump reiteró, por su parte, el pleno apoyo de Estados Unidos a Corea del Sur y aseguró que seguirán proporcionando toda la ayuda y apoyo necesario para fortalecer aún más su alianza, según relató Seúl.

Moon y Trump se reunirán esta semana en Nueva York por la Asamblea General de la ONU.

Por otro lado, la embajadora de EE.UU. ante la ONU, Nikki Haley, aseguró que el Consejo de Seguridad del organismo no tiene opciones para contener el programa nuclear de Corea del Norte e insinuó que, de no cambiar el rumbo de la situación, su Gobierno tendrá que poner el asunto en manos del Pentágono.

"Hemos agotado casi todas las cosas que podemos hacer en el Consejo de Seguridad en este momento", dijo Haley a CNN. "Queríamos ser responsables y pasar por todos los medios diplomáticos para llamar su atención en primer lugar. Si eso no funciona, el general (James) Mattis se encargará de ello", agregó en alusión a transferir el asunto al secretario de Defensa.