Durante la semana pasada firmamos un acuerdo a nivel central, con los Ministerios de Vivienda y Urbanismo, Economía y Obras Públicas, cuyo propósito es garantizar que los protocolos sanitarios se apliquen en todas las obras que comiencen a reanudarse, como parte de la reactivación económica del país y del Plan Paso a Paso.

Si bien nuestra comuna permanece en cuarentena y aún no se encuentra en una fase que permita hablar de un pronto retorno, debemos considerar este periodo como una oportunidad para prepararnos. En esta tarea, los empresarios tenemos que asumir los mayores desafíos.

Sabemos que la seguridad de nuestros trabajadores y trabajadoras es fundamental, y nuestras empresas socias se han comprometido en un 100% con las indicaciones que dispone el protocolo que elaboramos como cámara. Sin embargo, nos parece fundamental que, considerando que esta protección es una preocupación compartida, seamos capaces de homologar las medidas que aplicamos en las distintas faenas.

En ese sentido, hacemos un llamado a nuestras empresas mandantes de la región para que, en lo posible, traten de homologar los protocolos sanitarios o unificar criterios, ya que toda medida a aplicar, se traduce en utilización de mayores recursos. A la vez, invitamos a todos quienes aún no cuentan con alguna herramienta similar, a tomar la que preparamos con mucha responsabilidad y dedicación, toda vez que entendemos que mientras más nos protejamos, más seguro será el proceso de reactivación.

En el caso de la Provincia de El Loa, la mayor parte de proyectos que se reanudarán son de carácter público y, por ende, tienden directamente a mejorar calidad de vida de nuestra gente, por lo que no pueden seguir esperando. No podemos seguir aplazando la construcción de viviendas sociales, ni permitir que continúen detenidos por meses proyectos de mejoramiento en infraestructura, conservación de avenidas, o construcción de nuestros ansiados parques.

Queremos que cada uno de esos sueños se concrete, pero que se lleven a cabo en obras seguras. Para eso contamos con un protocolo validado por todas las autoridades pertinentes. Considerando que su fin máximo es contribuir en la protección de la salud de trabajadores(as) y de toda la comunidad, estaremos felices de compartirlo con aquellas empresas que aún no cuenten con una herramienta de este tipo, sean o no sean socias de la Cámara Chilena de la Construcción.

Ante las lecciones y desafíos a los que nos hemos visto enfrentados, reaccionamos conscientes de lo valiosa que es la colaboración y, por sobre todo, del papel que debemos jugar todos en la superación de esta crisis.

Alfonso Sánchez Díaz

Presidente CChC Calama

Con un oficialismo golpeado por la casi nula conducción política del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, desde antes del estallido social, y con cifras de contagios y muertes por Covid-19 que invitan a dudar del Plan de Desconfinamiento y la estrategia general de Salud, la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) propuso por arte de magia, sin mediar un plan de acción, la privatización de Codelco.

¡Vaya! Qué momento para perder el norte el partido que durante la pandemia se ha opuesto a todas las iniciativas que tienen como eje de las políticas públicas a las personas.

La propuesta de vender Codelco, que la derecha viene intentando conseguir desde mediados de la década de los 90, la reflotan nuevamente, pero esta vez en un momento en que las prioridades nacionales están enfocadas en algo que es, literalmente, de vida o muerte: detener la escalada de contagios, establecer medios de contención del coronavirus, y delinear las medidas que permitan a las familias más vulnerables y de clase media no tener que enfrentar la cesantía, el hambre y la pobreza que acompañan una enfermedad que puso en jaque el modelo de desarrollo de nuestro país.

Entonces, esta idea -que parece sacada de un panfleto doctrinario más que planteado por un grupo de personas electas para representar a la ciudadanía- es un desatino tanto en su fondo como en su oportunidad.

Una pregunta: ¿Cuál es el afán ideológico en querer privar a Chile de una de sus cartas de presentación en el mundo? Es más, ¿cuál es la obsesión por dejar a nuestro país sólo como un mero recolector de impuestos en lugar de una nación que crea valor a través de lo público?

Habrá grupos que cuestionarán la gestión y planificación estratégica de Codelco, pero ellos no pueden desconocer que es una empresa pública, grande, robusta, con una fuerza de trabajo pujante; compuesto por un capital humano consciente de su significado y del legado que arrastran en cada jornada laboral. Querer desprenderse de la cuprífera, que literalmente extrae valor para nuestro país desde el fondo de nuestra tierra, es perder además un componente importantísimo de nuestra capacidad productiva.

A casi cinco décadas del hito que significó la nacionalización del cobre, pretender enajenar -lisa y llanamente, hacer ajenos- los frutos del esfuerzo de trabajadores de la minería, y la historia de familias que han hecho su vida en torno a la cuprífera nacional, es una afrenta a nuestra historia en un contexto donde el país sufre los embates de una enfermedad sin cura.

Además, en un escenario que nos exigirá poner todas nuestras capacidades al servicio de una recuperación económica sostenible y justa para todos y todas, donde sin duda Codelco jugará un rol crucial.

Codelco es de Chile y de los chilenos y chilenas.

Chile no se vende; Codelco no se vende.

Un grupo transversal de parlamentarios presentó un proyecto de ley que busca aumentar las penas para los responsables de violencia de género y potenciar la ayuda a las mujeres que sufren de ataques de distinta índoles en el país, promoviendo su protección, a raíz de la connotación que ha tenido el caso de la joven Antonia Barra, quien se suicidó en la Región de La Araucanía tras un episodio de violación.

A juicio de los proponentes, las víctimas de abuso o violación requieren de una mayor y mejor protección de parte de los organismos del Estado, resguardando la privacidad de su identidad, con el fin de que además no sean expuestas ante la sociedad, ya que esto representa una forma de revictimización. Asimismo, se ha solicitado que los delitos de agresión sexual no prescriban antes de diez años y que el imputado sea considerado un peligro para la sociedad y por lo tanto sea sometido a prisión preventiva mientras dure la investigación, cuestión que sin duda generará debate con quienes plantean que hay que garantizar el principio de inocencia, hasta que en el juicio se demuestre la culpabilidad. Del mismo modo, piden que se considere la tipificación del delito en el caso de víctimas que se suicidan como consecuencia de un episodio de agresión o de violación.

Pese a las insistentes campañas que se han desarrollado en el país durante los últimos años, los ataques a mujeres por parte de sus maridos, parejas, convivientes o pololos no han cesado, incluso hasta llegar al femicidio, que es la forma más extrema de violencia. La observación de la mujer como un objeto parece ser la raíz de un asunto inaceptable.

En lo que va del año, se contabilizan 20 casos consumados de femicidios en el país y 66 frustrados. Es necesario conversar estos temas en las familias, con el fin de inculcar en los niños y jóvenes el respeto que debe existir en la relación de pareja. En una sociedad donde el machismo se encuentra tan arraigado, estos son comportamientos difíciles de modificar, lo que de ninguna manera justifica la violencia verbal o física, porque las relaciones deben sostenerse en la confianza y en el respeto de la libertad individual.