El 21 de agosto, el Consejo Regional de Antofagasta, bloqueó el financiamiento para un banco de suelos públicos para la Región, que tenía como objetivo realizar vivienda social en zonas bien ubicadas en nuestras ciudades. Esta iniciativa, no solo daba más cabida y velocidad para la construcción de más viviendas, si no que daba un giro radical, a la mala política pública de los últimos periodos, de concentrar a las familias más vulnerables en la periferia de la ciudad, dando oportunidad de integración social y acceso urbano a los grupos más vulnerables, los cuales son los que más lo necesitan.

Lamentablemente, se plantearon excusas como, falta de análisis de congestión vehicular o falta de información de la iniciativa, la cual lleva más de un año en discusión, pero lo más indignante de esto, es que fue planteado por sectores que se jactan de defender la equidad y justicia social.

Este triste hecho, revela 2 preocupantes hipótesis. La primera, que ya enfrentamos tiempos de campaña electoral, donde se hará todo lo posible para retrasar las buenas iniciativas para la Región, o la segunda, igual de preocupante, que realmente nuestras autoridades no están a la altura para discusiones técnico-estratégicas, que permitan desarrollar una capacidad de gestión en nuestro territorio.

Hoy en tiempos de descentralización, en los cuales tenemos que saber trabajar unidos en post de la Región, es muy importante que estas dos brechas se aborden, no podemos seguir en una guerra fría con fines electorales, y debemos tener autoridades técnicamente capacitadas para poder enfrentar este tipo de discusiones, de lo contrario se termina hipotecando el bien común y el desarrollo de nuestra Región y habitantes.

Hoy, tenemos tremendas brechas en vivienda, protección medio ambiental, descentralización financiera, formulación y gestión de planes de inversión integrados, por decir algunas, pero es fundamental tener representantes políticos con altura de miras, más allá de cualquier mezquindad electoral, o nunca podremos dar el salto que añoramos para nuestros territorios.

No culpemos más al centralismo o la vereda de enfrente, hoy es tiempo de hacer una profunda reflexión, para que estas situaciones no sigan sucediendo.

Tenemos infinitas oportunidades, pero está en nosotros saber aprovecharlas.

Pocas leyes, de las muchas que son tramitadas, tienen impactos profundos en las personas y sociedades. La mayoría de los marcos legales se refiere a cuestiones puntuales y precisas, pero una minoría es la que puede aspirar a una modelación profunda de los acuerdos sociales.

La nacionalización del cobre, la propuesta del Plan Auge, el derecho a voto de la mujer, la libertad de expresión, el fin de la esclavitud, la separación de la Iglesia del Estado, son ejemplos sobresalientes, que fueron un punto de inflexión en nuestra nación.

Y hace poco ocurrió una muy relevante, como suele ocurrir, con escaso reconocimiento y recuerdo.

Hace poco más de un siglo, el Sexto Censo General de la República de Chile, realizado en 1907, arrojó resultados lapidarios en términos educacionales del país. Por entonces se descubrió que el 48,4% de la población permanecía analfabeta y respecto de los niños entre 5 y 15 años, el análisis de las cifras mostraron que solo el 17% de ellos asistía a clases.

Durante las administraciones de Domingo Santa María y José Manuel Balmaceda, se había experimentado un crecimiento de establecimientos educacionales construidos por el Estado y aumentado la cantidad de casas en arriendo, para que funcionaran como escuelas, mejorado la dotación de normalistas y creando el Instituto Pedagógico, para formar profesores secundarios. Sin embargo de poco servía si los menores seguían en sus casas trabajando.

Con el objetivo de cambiar ese escenario se tramitó y promulgó la "Ley de Educación Primaria Obligatoria", que entró en vigencia el 26 de agosto de 1920, la que estableció en su artículo primero que: todos los niños chilenos entre los 6 y 16 años, que estudiaran en escuelas administradas por el Estado y las municipalidades del país, estaban obligados a cursar cuatro años de enseñanza básica.

Hoy los números nacionales son propios de país desarrollado y eso fue posible porque se avanzó en una política pública de bien común que transformó positivamente el país, lo que implicó romper esquemas y poner como objetivo principal el beneficio de la mayoría.

El Estado, a través de la ley genera mundos posibles. En este caso específico el resultado fue notable y un excelente ejemplo de que las cosas bien hechas perduran en el tiempo y significan oportunidades concretas para las personas.

Hace algunos días, el Congreso aprobó de manera unánime y despachó la Ley que asegura el pago de pensiones alimenticias con el 10% de la AFP, iniciativa presentada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mandatado por nuestro Presidente Sebastián Piñera. Así, la nueva normativa, permitirá que realizada la solicitud de retención por parte del alimentario (en www.tramitefacil.pjud.cl), el juez deberá resolver de plano y en el más breve plazo, que no podrá exceder de 48 horas, dictando una resolución que ordene sea notificada la AFP de la medida cautelar de retención del 10%. Luego, las compañías serán las encargadas de comunicar a sus afiliados sobre el estado de sus dineros.

Entre los principales alcances de esta iniciativa, está el hecho de hacer efectiva la retención con la mera notificación del Tribunal de Familia a las AFP, y soluciona el problema que tienen los Juzgados para ubicar a los deudores de pensiones alimenticias. La nueva ley, además, establece que si la persona que realizó la solicitud de retención no conoce cuál es la AFP del demando deudor, entonces el Tribunal deberá notificar de esta retención a todas las AFP del país, para cautelar el pago.

Además, la nueva normativa establece que, al momento de iniciar el trámite del retiro, las AFPs consultarán a sus afiliados si tienen o no deudas alimentarias. De ser afirmativa la respuesta, quedará suspendida la tramitación de retiro de fondos. Ahora bien, si el solicitante indica que no tiene deuda por concepto de pensión de alimentos impagos y si la tiene, la AFP respectiva deberá remitir los antecedentes al Ministerio Público para que investigue los hechos y persigan las responsabilidades legales que correspondan.

Esta Ley, además de ser una muy buena noticia y un avance en la materia, ha permitido abrir el debate sobre el actual sistema de pago y del alto número de deudores de alimentos que existe, que afectan principalmente mujeres y sus hijos y cuyo total nacional supera los 180 mil millones de pesos. Para nuestro Ministerio, es una preocupación permanente velar por su correcto funcionamiento, ya que se trata de dineros que van destinados al cuidado y resguardo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

Es en este contexto que quisiera destacar que el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín y la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett convocaron a representantes del Poder Legislativo, Poder Judicial y a la academia a la primera mesa técnica de pensiones alimenticias para trabajar en mejorar el sistema actual de pago de pensiones y proteja efectivamente a niños, niñas y adolescentes, además de apoyar a miles de madres.

La mesa pretende revertir las cifras negativas del actual sistema. El incumplimiento en los pagos de pensiones alimenticias se instaló en nuestra sociedad, por lo que a través de estas iniciativas podremos revertir los incumplimientos y así proponer una solución concreta. A nivel regional, trabajaremos coordinadamente con las distintas instituciones bajo el liderazgo del Intendente Regional, Edgar Blanco.

Paula García Barría

Seremi de Justicia y Derechos Humanos