Agencias

El proyecto de ley con el que el presidente de EE.UU., Joe Biden, busca promover una ambiciosa reforma migratoria que otorgue una vía a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados llegó al Congreso, con el respaldo del senador de origen cubano Bob Menéndez y la legisladora Linda Sánchez, de raíces mexicanas.

Menéndez, el latino de más alto rango en el Legislativo estadounidense, y Sánchez son los patrocinadores de la Ley de Ciudadanía Estadounidense de 2021, la propuesta bandera con la que el Gobierno de Biden busca remodelar el sistema de migración del país, que desde hace más de 30 años no aprueba una reforma de este tipo.

"dreamers"

La amplia iniciativa busca garantizar una solución a largo plazo para los "dreamers", como se conoce a los migrantes llegados al país siendo niños y amparados por el programa DACA; y a los beneficiados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) -que en su mayoría proceden de Centroamérica- y los trabajadores agrícolas inmigrantes.

Amplía además los visados de diversidad de 55.000 a 80.000, promueve cambios en el sistema de inmigración basado en el empleo y tiene entre sus prioridades mantener a las familias inmigrantes unidas.

Un esfuerzo similar fue liderado en 2013 por el entonces presidente Barack Obama -quien tuvo como vicepresidente a Biden-, pero naufragó en la Cámara de Representantes pese a haber conseguido la aprobación del Senado.

Para convertirse en realidad, la propuesta de Biden deberá contar con la totalidad de los votos demócratas en el Senado, 50, y asegurar diez republicanos. De lo contrario, estará condenada a fracasar como ha sucedido con los intentos de regularizar en años anteriores.

Camino de ocho años

Al dirigirse a sus colegas republicanos, Méndez dijo que el voto latino no es propiedad de ningún partido y destacó que los hispanos son "la mayor minoría racial y étnica del país".

El proyecto prevé un proceso de ocho años para que los indocumentados puedan alcanzar la ciudadanía. Previamente, quedarán amparados por un estatus temporal y, después de cinco años, podrán optar por una tarjeta de residencia permanente ("green card").

Para los "soñadores", los beneficiarios del TPS y los trabajadores agrícolas inmigrantes, la iniciativa propone una residencia legal de "inmediato" y tres años más tarde la ciudadanía. Será un requisito fundamental para estas personas "haber estado en el país antes del 1 de enero de 2021".

El proyecto de ley deroga además la prohibición de reingreso para quienes hayan permanecido de forma irregular en territorio estadounidense, elimina los topes por país para los visados basados en el empleo y aumenta de 10.000 a 30.000 los cupos para los visados U (que se otorgan a víctimas de abuso físico o mental).

Asimismo, elimina el plazo mínimo de un año para que quienes se encuentren en el país puedan solicitar asilo, reemplaza el término "extranjero" por "no ciudadano" y promueve la reunificación de familias. Por otro lado, aborda las causas de la migración al financiar un plan de la Administración de Biden para aumentar la asistencia a El Salvador, Guatemala y Honduras, de donde procede la mayoría de inmigrantes que buscan cruzar a EE.UU. desde México.

También crea opciones para que las personas que buscan protección puedan solicitar un estatus legal en Centroamérica; restablece el programa de menores centroamericanos que permite reunirlos con sus padres que residen en EE.UU.; y destina recursos para uso de tecnología en fronteras.