Los efectos de la pandemia de coronavirus no están solo en la dimensión sanitaria, obviamente la más delicada; también lo están a nivel económico, factor que debe enfatizarse, para entender la urgencia con que deben implementarse políticas públicas, en especial para los sectores más impactados por la crisis. Ayer, por ejemplo, se informó que la tasa de desocupación regional fue 11,2% (trimestre diciembre 2020- febrero 2021, INE), indicador que aumentó en 3,6 puntos porcentuales respecto a igual período del año anterior. El problema se ve más agudizado por el hecho que los ocupados disminuyeron 6,5% en doce meses, equivalente a 20.682 personas menos.

La magnitud queda todavía más clara con otro indicador presentado por el INE: el de los "inactivos potencialmente activos", cifra que llega a las 46.650 personas. Con ello queda en mayor evidencia que la destrucción de puestos de trabajo podría estar afectando directamente a unas 200 mil habitantes de la región.

El deterioro económico tiene otro efecto inmenso sobre la vivienda y el incremento de campamentos, tal como lo mostró el último Catastro Nacional 2020-2021 elaborado por Fundación Techo Chile y Fundación Vivienda. El texto dio cuenta que estos asentamientos aumentaron un 12,7% en la Región de Antofagasta, pasando de 79 a 89.

Sabido es que nuestra región presenta una de sus peores brechas en vivienda, en especial de tipo social, considerando que el asunto fue desatendido por más de una década. La expresión de aquella omisión es el factor expuesto: un incremento insospechado de ocupaciones ilegales y peligrosas para muchas familias, especialmente inmigrantes, quienes tienen enormes dificultades para acceder a un arriendo o compra, debido a los altos costos determinados por la escasa oferta existente.

Y a las razones sociales y éticas, hay que sumar las sanitarias, ya que el 98% de las familias que habitan estos lugares no cuentan con acceso a agua potable y alcantarillado.

El gobierno, el Estado en definitiva, debe abordar el asunto de la construcción de viviendas sociales, y obras públicas en general, considerando el beneficio concreto que significará para muchas familias, además del positivo impacto gatillado en la creación de empleo y reactivación, tan urgentes por estos días.

La pandemia no ha terminado, y luego de un primer año complejo, duro e intenso, nos somete nuevamente a periodos críticos. Sin embargo, por complejo que se vea el panorama debemos quedarnos con lo que hemos ganado, partiendo por nuestra capacidad de reacción y, sobre todo, por la experiencia adquirida.

En relación con esto último, quisiera recordar que ante la incertidumbre generada por un fenómeno desconocido, como gremio impulsamos rápidamente una serie de medidas, que estuvieron condensadas en un eficaz protocolo sanitario; herramienta que en Calama complementamos con otras exigencias de la minería, y que en conjunto entregaron como resultado al país la tan necesaria continuidad operacional y la mantención de innumerables fuentes de trabajo para las familias de nuestra provincia.

Ese aporte es indiscutible y en la medida en que lo mantengamos, seguirá siendo clave para reactivar nuestra economía. Por lo mismo hoy quisiera agradecer el compromiso conjunto del sector empresarial, y de todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra Provincia de El Loa.

Pero, aunque las medidas se mantengan, es importante que no bajemos los brazos. Estamos adentrándonos en una nueva y compleja etapa, y ante ello debemos seguir avanzando como hasta ahora.

Ya demostramos que con responsabilidad podíamos cuidarnos. Así lo hicieron todas nuestras empresas socias locales, y las más de dos mil que aplicaron el protocolo sanitario de la CChC a nivel nacional. No obstante, la pandemia no da tregua y ahora nos exige un nuevo esfuerzo.

Para poder tomar medidas que sigan siendo eficaces, necesitamos un mayor compromiso con la reportabilidad. Por este motivo hemos instado a nuestros asociados a mantener sus registros actualizados semana a semana en nuestro portal, incluso cuando, afortunadamente, no existan nuevos casos.

Necesitamos monitorear esas tasas de contagios en obras y centros de trabajo, porque solo ellas reflejarán con sinceridad la evolución de esta crisis en la industria, permitiéndonos reaccionar con mayor agilidad. Por otra parte, estas mismas cifras permitirán que desde el sector público se sigan tomando decisiones adecuadas y conectadas con la realidad. Es fundamental que lo hagamos constantemente, para que todo lo vivido vaya quedando pronto en el pasado. Reportemos y sigamos cuidándonos. Hoy la tarea es no retroceder.

Desde fines de febrero fuimos testigos de un nutrido debate entre las autoridades del Mineduc y diversos sectores del mundo educacional, entre ellos el Colegio de Profesores, sobre la conveniencia y posibilidad de retornar a clases presenciales. Todo tipo de argumentos se esgrimieron de ambos lados, los que como en toda situación tenían siempre algo de razón. Sin embargo, el Mineduc fue insistente en que tenían que iniciarse las clases de todos modos, fundamentando ello en el aporte de lo presencial, lo que nadie discute.

Así empezaron a funcionar jardines infantiles, escuelas y liceos, los que no siempre estaban del todo preparados ya que el personal y docentes tenían sus vacaciones en febrero y se reencontraron el 1 de marzo. Los datos sobre cuántos establecimientos iniciaron difieren y no todos se han hecho públicos, en especial, en educación parvularia.

Pero en toda esta discusión parece increíble que no se haya tenido más en cuenta lo que era obvio y que, desde el sector de Salud y con las experiencias de Europa, sumado a los casos de enfermedades asociadas al Covid como el PIMS en menores de edad, no hayan sido considerados. Esta semana, casi 14 millones de chilenos estarán en cuarentena por el rebrote postvacacional. Por tanto, nuevamente se cierra la mayoría de aquellos establecimientos que lograron abrir por algunos días y siguen casi todos en clases remotas, en especial, en las comunas de más escasos recursos que son siempre los más desfavorecidos.

Sin duda que para aquellos niños, niñas y jóvenes que pudieron reencontrarse fue positiva la experiencia, en especial, emocionalmente, pero lo cierto es que sabíamos que el primer semestre escolar iba a desarrollarse en un cuadro de incertidumbre y riesgos. De esta manera vuelven las educadoras y profesores a preparar rápida y esforzadamente sus clases remotas, cuando quizás desde diciembre podría haberse preparado mejor el inicio de este año por parte de equipos de trabajo con experiencia, elaborando materiales educativos de calidad, que los que puede contar un docente con sus limitados recursos. Lo mismo es válido para JUNAEB y sus prestaciones.

Esperamos que las políticas y medidas educacionales sean realmente co-construidas con la experiencia y visión de todos, pensando en lo mejor para nuestros niños y niñas, y no se constituyan en un campo de debate perdido donde se gastan esfuerzos y tiempo en hacer lo que es realmente necesario.

Doctora María Victoria Peralta

Premio Nacional de Educación y académica UCEN