Aumento de campamentos
El Estado debe abordar el asunto de la construcción de viviendas sociales considerando el beneficio para la población, además del impacto en el empleo El 98% de las familias que habitan en campamentos no cuentan con acceso a agua potable.
Los efectos de la pandemia de coronavirus no están solo en la dimensión sanitaria, obviamente la más delicada; también lo están a nivel económico, factor que debe enfatizarse, para entender la urgencia con que deben implementarse políticas públicas, en especial para los sectores más impactados por la crisis. Ayer, por ejemplo, se informó que la tasa de desocupación regional fue 11,2% (trimestre diciembre 2020- febrero 2021, INE), indicador que aumentó en 3,6 puntos porcentuales respecto a igual período del año anterior. El problema se ve más agudizado por el hecho que los ocupados disminuyeron 6,5% en doce meses, equivalente a 20.682 personas menos.
La magnitud queda todavía más clara con otro indicador presentado por el INE: el de los "inactivos potencialmente activos", cifra que llega a las 46.650 personas. Con ello queda en mayor evidencia que la destrucción de puestos de trabajo podría estar afectando directamente a unas 200 mil habitantes de la región.
El deterioro económico tiene otro efecto inmenso sobre la vivienda y el incremento de campamentos, tal como lo mostró el último Catastro Nacional 2020-2021 elaborado por Fundación Techo Chile y Fundación Vivienda. El texto dio cuenta que estos asentamientos aumentaron un 12,7% en la Región de Antofagasta, pasando de 79 a 89.
Sabido es que nuestra región presenta una de sus peores brechas en vivienda, en especial de tipo social, considerando que el asunto fue desatendido por más de una década. La expresión de aquella omisión es el factor expuesto: un incremento insospechado de ocupaciones ilegales y peligrosas para muchas familias, especialmente inmigrantes, quienes tienen enormes dificultades para acceder a un arriendo o compra, debido a los altos costos determinados por la escasa oferta existente.
Y a las razones sociales y éticas, hay que sumar las sanitarias, ya que el 98% de las familias que habitan estos lugares no cuentan con acceso a agua potable y alcantarillado.
El gobierno, el Estado en definitiva, debe abordar el asunto de la construcción de viviendas sociales, y obras públicas en general, considerando el beneficio concreto que significará para muchas familias, además del positivo impacto gatillado en la creación de empleo y reactivación, tan urgentes por estos días.