Como un "hecho histórico y un precedente a nivel nacional", calificó el Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet), la admisión a trámite del Primer Juzgado de Letras de Calama de la reclamación ética interpuesta por el gremio contra dos médicos veterinarios no colegiados que durante el 2020, inocularon personas con la vacuna óctuple canina con la falsa y errónea promesa de tratamiento preventivo contra el covid-19.

"Nuestro Tribunal de Ética Nacional nos indica que todo lo expuesto sugiere una conducta contraria a la ética profesional y nos recuerda también que es un deber ético de los dirigentes del Colmevet la de realizar lo que corresponda frente a casos de menoscabo y desprestigio profesional. Por esto, hicimos la presentación al tribunal de Calama, porque en el caso de la inoculación de personas con vacuna canina, tenemos la convicción de que los médicos veterinarios involucrados transgredieron la ética profesional gravemente, experimentando en humanos, además de ofender a nivel nacional e internacional la reputación de la profesión médico-veterinaria", señaló Diego Gallegos, abogado de Colmevet.

Al respecto, el asesor legal explicó que la actual Constitución delegó la jurisdicción ética a los colegios profesionales y a tribunales especiales, que nunca se constituyeron. Al no existir estos tribunales, cobra vigencia la disposición transitoria constitucional que entrega la competencia para conocer de reclamos éticos contra profesionales no colegiados a los tribunales ordinarios.

"Nuestros estatutos permiten rechazar una afiliación sólo en ciertos casos. Uno de ellos es que exista una sentencia en materia ética. Entonces, necesitamos esta sentencia para protegernos y poder rechazar la afiliación de estos profesionales. Agregar a lo anterior, que si se colegian tampoco podríamos juzgarlos por hechos anteriores a la afiliación, por lo que resulta inaceptable que exista impunidad, incluso en materia ética, respecto de la experimentación en humanos", sostuvo el asesor legal de Colmevet.

En Colmevet indicaron que, con esta acción, también, se busca llamar la atención de las autoridades, quienes no han aplicado las sanciones prescritas por el art. 20° de la Ley 20.120, que podría generar la suspensión o inhabilitación de profesionales que experimentan con seres humanos contraviniendo la norma vigente, denuncia que también el gremio realizó ante los tribunales y autoridades competentes.

Pablo Orellana G.

Tal y como lo había programado el Tribunal Ambiental, ayer se procedió a la inspección de las instalaciones de la empresa Recimat, la cual procesa y acopia plomo en Calama, y en la cual participaron tres ministros del organismo, y también vecinos de la junta número 19 de la villa Kamac Mayu.

Esta visita, enmarcada en la interposición de un recurso de reclamación por la junta de vecinos, permitió además que profesionales del Tribunal Ambiental, de la corporación Yareta -que brinda asistencia legal a los vecinos-, y de la propia empresa revisaran protocolos y también el trabajo al interior de la planta ubicada en Puerto Seco, sector adyacente a la villa Kamac Mayu, y donde los residentes denunciaron la presencia del material.

Visita

Liderados por el ministro Marcelo Hernández, se efectuó una revisión a la planta, "y no sólo a ella, sino que también pudimos entregar más antecedentes sobre otras irregularidades en el sector de Puerto Seco, de las cuales se tomó nota por parte de los científicos que acompañaron a la comitiva del Tribunal Ambiental", explicó el abogado y asesor de la junta de vecinos número 19, Sergio Chamorro.

Además, se revisó el antiguo terreno donde operaba la planta de plomo, "donde se efectuaron pericias, que detectaron la presencia de plomo en niveles de 216 a 220 PPM, y que si bien no están fuera de norma, siguen aún presentes en el lugar", agregó Chamorro.

Dudas

Según los vecinos y el abogado de la Corporación Yareta, "la visita inspectiva generó aún más dudas acerca de la situación ambiental en Puerto Seco. Si bien recibimos una completa exposición por parte de la empresa, se generaron otras interrogantes de las cuales tomó nota el Tribunal Ambiental, y que se tomaron en cuenta en esta visita, sobre todo porque nuestra reclamación se basa en el principio de precautorio, es decir que no hay certezas de cómo esta operando la planta, y también ese sector industrial que genera impactos en la villa Kamac Mayu y en el polígono que incluye al instituto Teletón".

Marcelo Hernández, ministro que lideró las inspecciones comentó que "la diligencia judicial de la Junta de Vecinos Kamac Mayu contra la Superintendencia de Medioambiente, por el plan de cumplimiento de la empresa Recimat, la cual procesa plomo en Calama, consistió en un trabajo de gabinete, para conocer procesos productivos y los elementos controvertidos en esta reclamación, con visitas a las instalaciones y procesos como abatimiento y acopio; incluyó también la visita a sus exinstalaciones, donde hubo un estudio de suelo, con algunos puntos donde existía presencia de plomo en el suelo y que tuvo además reuniones con los propios vecinos y las comunidades indígenas de Yalquincha".

El Tribunal Ambiental tiene un plazo de 15 días para emitir un informe al respecto del recurso de reclamación interpuesto por la junta de vecinos número 19 de Kamac Mayu, "pero este plazo puede ampliarse porque no actúa como otros tribunales. Esto porque su labor es eminentemente científica, y los datos recabados deben ser analizados, así también los entregados por la empresa y los aportados por los residentes", explicó Sergio Chamorro.

Los vecinos expusieron a los ministros del Tribunal Ambiental que "no estamos contra la planta, pero no sabemos en qué condiciones está operando. Y una de las propuestas presentadas fue la de remover las instalaciones, pero también que se tomen en consideración otras situaciones de afectación al sector".

"La visita inspectiva generó aún más dudas acerca de la situación ambiental en Puerto Seco".

Sergio Chamorro, Abogado Corporación Yareta

15 días tiene el Tribunal para emitir un informe, aún cuando puedan extenderse el análisis de los datos.

5 sectores fueron recorridos por los ministros en una maratónica jornada de inspecciones.