Un documento de 68 páginas, que fija sus prioridades en materia de pensiones, reforma tributaria, salud y, sobre todo, educación, presentó este miércoles el candidato Carlos Maldonado (PR), quien es uno de los tres aspirantes en disputa que se someterán -el próximo 21 de agosto- a una consulta ciudadana para dirimir al presidenciable único de Unidad Constituyente.

"Chile no es un país de extremos. Chile quiere cambios sociales, pero los quiere con estabilidad política y prudencia económica y eso se lo podemos ofrecer mejor nosotros que Gabriel Boric y Sebastián Sichel", aseguró Maldonado, quien admitió que le molesta "dar tanta explicación" sobre la frustrada primaria legal del sector, negando -de paso- haber tenido un tono "patriarcal" o conflictivo contra Yasna Provoste en el último debate, como ella reclamó.

"Las preguntas háganselas a los que no llegaron al servicio electoral", fustigó, insistiendo en la "deuda social" de la que su eventual gobierno busca hacerse cargo, teniendo entre sus ejes "romper la desigualdad, consolidar la democracia, convivir mejor y crecer económicamente. Todo debe ir de la mano para que el país avance de buena manera, si no, el país cojea, se detiene y se conflictúa", agregó.

Entre los principales contenidos del documento programático, Maldonado propone una reforma tributaria, con la cual aspira a incrementar en 20 mil millones de pesos los ingresos fiscales. Además, plantea mantener el sistema de AFP, pero sumando un ente público sin costos de comisiones y con pensiones garantizadas que tengan por piso el sueldo mínimo, cuya propuesta es que al menos llegue a los 500 mil pesos. También señala una reducción de la jornada de trabajo a 40 horas semanales.

En educación, en tanto, el candidato del PR aspira a ampliar la cobertura de educación inicial, universalizar el acceso a internet, promover la educación cívica, condonar el CAE a quienes cumplen estándares de gratuidad, y crear un Consejo Superior de Educación.

Redacción

Un mes desde su instalación cumplió la Convención Constitucional durante este miércoles, hito que se conmemoró con varios simbolismos, entre ellos la colocación de 27 banderas de pueblos originarios y la celebración de un ancestral pawa, con un ambiente que -durante momentos- distó de la crispación de los días previos.

Salir a regiones

La presidenta del ente, Elisa Loncon, destacó ayer en Cooperativa el primer mes de funcionamiento del órgano redactor, asegurando que ha permitido fijar "una normativa rigurosa" que permita dar pauta normativa y metodológica a la discusión. "Una Constitución no se parte redactando por un primer artículo", dijo, anticipando que durante agosto se seguirá trabajando en las comisiones y que "vamos a profundizar en el reglamento", y que durante septiembre la Convención saldrá "al territorio, a tomar contacto con el pueblo de Chile y a empezar el tema de los contenidos".

Loncon advirtió que "persisten las dificultades" en la relación con La Moneda, que vivieron su punto más complejo en la primera semana de trabajo. "Como sabe todo el pueblo de Chile, el Gobierno está en otra situación, este tema no es de su interés y por eso hemos tenido todas las dificultades", añadió, criticando la "agenda política de la derecha" que quiere involucrar a los convencionales "en esta situación de violencia".

ARANCIBIA y linconao

Otra arista que ayer siguió levantando polvo al interior de la convención: la inclusión del constituyente y excomandante en jefe de la Armada Jorge Arancibia en la Comisión de Derechos Humanos, lo que ha generado airadas reacciones por parte de representantes del Frente Amplio y la Lista del Pueblo.

Ayer fue Patricia Politzer (la Independiente No Neutrales), quien en Tele13 Radio sumó dardos a la presencia del exsenador y exedecán de Augusto Pinochet en la comisión. "Pienso que no debiera estar en la comisión de Derechos Humanos. Fue comandante en jefe de la Armada, una rama que nunca ha colaborado en buscar la justicia y la verdad en materia de DD.HH.", aseveró y agregó que "debería renunciar a ese cargo".

El aludido ha insistido que su presencia en la instancia es legítima, que reúne trayectoria adecuada y que no renunciará a participar en ella. La presidenta Loncon ayer aseveró "eso lo va a decidir el pleno y como mesa directiva asumimos su voluntad del pleno".

En la misma comisión, también aumentó la controversia por la petición de la constituyente Francisca Linconao, quien dijo el martes que "desde hoy en adelante a mí no me van a decir Francisca Linconao. Desde ahora me van a decir machi Francisca Linconao, con respeto".

Un vuelco tuvo la investigación que la Fiscalía Metropolitana Sur realizaba en torno al homicidio de la subinspectora de la Policía de Investigaciones (PDI) Valeria Vivanco, ocurrido el 13 de junio en la comuna de La Granja durante un procedimiento policial. Ayer el órgano persecutor informó que tres funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) quedaron suspendidos de sus labores ante su eventual responsabilidad en el crimen de la joven detective, que podría haber ocurrido con el arma de servicio de uno de ellos. A ello se sumará una reconstitución de escena en el lugar de los hechos y pericias avanzadas que se solicitaron al FBI de Estados Unidos. Además, se inició una indagación por obstrucción a la investigación contra funcionarios de la policía civil.

Ayer los ministros de Segegob, Jaime Bellolio, y de Segpres, Juan José Ossa, se reunieron en una cita de trabajo con el presidente del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, ocasión en la que anunciaron el ingreso de indicaciones al proyecto de ley que busca fomentar una mayor participación en los procesos eleccionarios.

Se trata de una iniciativa que pretende privilegiar la cercanía al domicilio del elector al momento de asignar locales de votación, ingresada en 2019 por un grupo de diputados, entre ellos Marcela Sabat, Andrés Celis y Gonzalo Fuenzalida, y que será la base de la propuesta con la cual La Moneda busca terminar con la designación aleatoria de los puntos de sufragio, lo que muchas veces termina afectando la convocatoria en los comicios.

"Hemos presentado indicaciones en el Senado para que ojalá prontamente sea un proyecto de ley el que permita votar en el local más cercano al domicilio de las personas. Esperamos que para las próximas elecciones presidenciales así ocurra", explicó el ministro Juan José Ossa.

En tanto, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, explicó que "esto va a ser un proceso gradual que va en la línea de acercar los locales de votación a los lugares donde las personas viven y, por tanto, que queden asignados lo más cerca posible, y así entonces fomentar la participación".

Según el nuevo sistema propuesto, el elector será asignado por el Servel a un local de votación primero -el más cercano a su domicilio-, y luego y a una mesa dentro del local por orden alfabético.

Para esto será clave que el elector consulte su local y mesa de votación para cada elección en la consulta de datos electorales del sitio web del Servel, durante los 22 días anteriores de cada elección, como hacen cerca de nueve millones de electores en cada proceso electoral.

Este miércoles se concretó un nuevo operativo de expulsión colectiva. Fueron 77 ciudadanos extranjeros, 31 bolivianos y 46 peruanos, todos cumpliendo condenas en distintas cárceles del país por delitos como robo con violencia, homicidio, robo con intimidación y tráfico de drogas, quienes fueron trasladados en un vuelo que despegó desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez con rumbo a Perú y Bolivia. Durante 2021, se han concretado 547 deportaciones de ciudadanos extranjeros, según cifras del Departamento de Extranjería y Migración, en distintos hitos de expulsión que han despertado duras críticas por parte de organismos e instituciones pro migrantes en el país. El ministro de Interior, Rodrigo Delgado, supervisó el operativo de ayer.