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ENTREVISTA. Víctor Flores Dañobeytía, coordinador de OIM para la Macrozona Norte::

"Hay una solidaridad que se manifiesta de distintas maneras ante el nuevo flujo migratorio"

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Claudio Cerda Santander

La crisis migratoria de la frontera norte ha vuelto a reactivarse con un sostenido aumento del ingreso al país de migrantes por pasos no habilitados, en un flujo de extranjeros que puede advertirse a diario por carreteras y localidades de esta zona del país. Un éxodo migratorio que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de servicios del Estado y de la sociedad civil para abordar esta contingencia, según reconoce Víctor Flores Dañobeytía, coordinador de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para la Macrozona Norte en entrevista con El Mercurio de Antofagasta.

Crisis de movilidad

Luego de las medidas más restrictivas adoptadas por el Gobierno, como el cierre de fronteras debido a la pandemia, aparentemente ocurrió un descenso del flujo migratorio. Sin embargo, en los últimos meses se evidencia una fuerte reactivación ¿cuál sería la causa?

-Lo primero que hay que señalar, es que no hay que perder de vista que la actual situación migratoria en la zona norte de Chile, particularmente respecto de los flujos de ingresos de ciudadanos venezolanos, tiene un antecedente que ya existía antes que se declara la pandemia y tuviese como efecto el cierre de fronteras. Ese antecedente previo es la situación de crisis política, económica y social que vive Venezuela y que ha dado lugar a la segunda mayor crisis de movilidad humana en el mundo, solo detrás de Siria. Antes de marzo de 2020, cuando se declara la pandemia, ya más de 5 millones de venezolanos habían abandonado su país, y Chile ya se había convertido en esa época en el tercer lugar de destino, antecedido por Colombia y por Perú. Esa situación previa de crisis ha repercutido de una manera fuerte precisamente en estos ciudadanos venezolanos, que estaban en su país de origen o que ya habían migrado a países como Ecuador y Perú, donde también han sufrido estos efectos. Y les ha afectado más, porque ellos eran una migración reciente en esos países, lo que hace que tengas menos redes ¿Qué es lo que provoca esta situación?, que estas personas busquen otro país u otro lugar donde puedan superar esta afectación, desde el punto de vista social y económico que estaban viviendo.

-Cuál sería su diagnóstico de lo que hoy ocurre en la frontera de la Macro Zona Norte ¿se advierte alguna diferencia con la primera oleada migratoria de venezolanos al país?

-Hay un cambio. Estamos hablando de un flujo migratorio venezolano distinto al que conocimos en los primeros años (2015-2018), cuando sabíamos que más del 50% de la población tenía un nivel de educación superior o inconcluso, pero había llegado a los niveles de educación superior. Este flujo actual, en cambio, el 80% no tiene niveles de educación superior. Además, son flujos mucho más jóvenes: el promedio de edad es de 30 años, y más del 50% tiene entre 18 y 29 años, con menor nivel de calificación y además están migrando en grupos familiares, con niños y adolescentes (…) Este es un flujo más vulnerable, y precisamente en esa condición de vulnerabilidad, en contexto de cierre de fronteras como ha ocurrido en otros países, estas personas terminan siendo parte de un comercio informal. Una ciudadana venezolana, nos dijo en un momento en una pensión de asistencia humanitaria en Iquique: 'lamentablemente los venezolanos nos hemos transformado en un negocio'. Porque ante esa necesidad, hay otros que de manera inescrupulosa lucran cobrando valores irrisorios en transporte informal. Por ejemplo, en trayectos como Colchane y Huara, donde llegan incluso a cobrar entre $50 mil a $60 mil pesos por un trayecto que son menos de 200 kilómetros.

- ¿Cuál es su diagnóstico de la percepción que tendría la ciudadanía respecto a este flujo migratorio? que se advierte en lo cotidiano, en el día a día de los habitantes de distintas ciudades.

-Esa es una buena pregunta, porque lo que uno observa en general, no obstante, lo que pueda advertirse en redes sociales o en ciertos espacios en lo que acompaña a la opinión es el anonimato; es que en general hay una comprensión respecto de la situación compleja que vive Venezuela y que hace que sus ciudadanos estén migrando de ese país. Hay una solidaridad que se manifiesta de distintas maneras. Un caso ejemplar es lo que ha ocurrido en las últimas semanas en la ciudad de Antofagasta en el terminal de buses, donde gente incluso de ollas comunes ha hecho esfuerzo desde sectores poblacionales de Antofagasta para ir en ayuda a de estos ciudadanos. Porque el hecho de ver a familias, niños y niñas con sus padres, en esta situación tan precaria, sin duda, genera estas reacciones de solidaridad. Aunque también es comprensible que surjan temores y aprensiones, porque estamos en una situación compleja desde el punto de vista socioeconómico, y este tipo de flujo migratorio pone a prueba las capacidades instaladas y las capacidades de respuesta que pueda tener el Estado y la sociedad civil, ante un tipo de flujo al que no estábamos acostumbrados.

En lo concreto ¿qué medidas se están adoptando de sectores públicos y quizás privado para prestar asistencia a los grupos migrantes más vulnerables, como mujeres, menores de edad y adultos mayores, entre otros?

-Los estados en América Latina y el Caribe están buscando distintos mecanismos de respuesta, creando instancias de coordinación, para abordar una situación que escapa a los límites de un país en particular. Sin perjuicio de eso surge, a propósito de una petición que hace el Secretario General de Naciones Unidades a la OIM y ACNUR, un plan para fortalecer la respuesta que están dando los distintos estados y la sociedad civil ante estos flujos de refugiados y migrantes venezolanos. Este plan ha sido elaborado por estos organismos, junto a otras agencias de Naciones Unidas, y se está implementando en países de América Latina, entre ellos Chile, en alianza y en apoyo con el Estado, desde el nivel nacional, regional, provincial y comunal. Eso se ha traducido en apoyar una serie de albergues, generalmente de la sociedad civil, que están desplegados en Arica, Tarapacá y Antofagasta. También hemos brindado apoyo en Santiago y algunas regiones del sur.