Redacción

Aunque no era un debate urgente, pues ayer la Convención Constitucional retomó la votación en particular de sus reglas para funcionar, el vicepresidente Jaime Bassa sembró la duda el domingo en Tolerancia Cero respecto a si el presidente que suceda a Sebastián Piñera debería durar los mismos cuatro años en el cargo, considerando que la nueva Carta Magna podría fijar condiciones que afecten a la siguiente administración, por ejemplo, estableciendo un llamado a elecciones anticipadas.

Su intervención fue refutada desde La Moneda, donde el ministro secretario general de la Presidencial (Segpres), Juan José Ossa, ayer pidió "ser muy categóricos en que hay límites, y esos límites están expresamente establecidos en la reforma constitucional que hizo nacer esta Convención", pese a que precisó que no se busca "inmiscuirnos en las atribuciones y en el contenido".

Ossa recomendó en radio Cooperativa tener a la vista la reforma que contiene "las reglas" y opinó que "categóricamente no pueden ser modificadas las reglas, los límites y los deslindes que tiene la Convención".

CRÍTICAS A SUS DICHOS

Bassa dijo que le parecía "bastante razonable pensar que el próximo gobierno no va a terminar con las mismas condiciones con las cuales está terminando el actual, precisamente porque las reglas del juego van a cambiar a mitad de camino". Agregó que "lo razonable sería que la propia Constitución contemple adelantar las elecciones o establecer un periodo para renovar todos los cargos de elección popular".

Los dichos sobre el eventual acortamiento del período de Gobierno no cayeron bien entre algunos candidatos presidenciales. Sebastián Sichel (Chile Podemos Más) pidió a la Convención no sentirse "emperadores", ni "dueños de la democracia". "Veo mucha soberbia en la Convención Constitucional que de repente habla de la democracia o de la soberanía de Chile y quieren determinar cuánto dura un periodo presidencial, quién puede gobernar o no", criticó.

En tanto, José Antonio Kast (Republicanos) le pidió a Bassa que "se remita al trabajo que corresponde", añadiendo que el órgano redactor debe dedicarse a "redactar un texto constitucional que tiene que ser aprobado o rechazado por la ciudadanía .

La abanderada de Unidad Constituyente, Yasna Provoste, fue más genérica y aseguró que "tenemos una mirada mucho más grande: que le vaya bien a la Convención y que vamos a apoyar las decisiones de la constituyente".

Nueve acciones judiciales en contra de 28 médicos de distintas regiones del país presentó este lunes la Asociación de Isapres de Chile (AICh), entidad gremial que -desde 1984- reúne a todas las instituciones de Salud Previsional (isapres) abiertas en el país.

Las querellas presentadas ante el Ministerio Público tienen por objetivo que se investigue la emisión de licencias médicas vinculadas a posibles actividades fraudulentas.

"Estamos frente a un grupo pequeño de médicos que ha emitido un alto número de licencias médicas, las cuales no tendrían justificación conforme a la investigación que se ha realizado", explicó el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simon.

Las querellas se acompañan de antecedentes, como un listado de médicos identificados como altos emisores de licencias médicas sin justificación o doctores con irregularidades previas. En algunos casos se ha relacionado a los profesionales con la comercialización de documentos en redes sociales.

Según la información provista a la Fiscalía, algunos médicos han otorgado hasta diez veces más licencias que el promedio nacional, sin tener especialidades que justifiquen tal cantidad, que en algunos casos llegan a más de 1.000 licencias cuestionadas por año. En otros, hay denuncias ante la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) e investigaciones penales por emisión de licencias médicas fraudulentas tráfico de sustancias controladas.

"Nuestro sector entiende muy claramente la importancia de este beneficio para recuperar la salud de los trabajadores y tenemos la convicción de que una amplia mayoría de los médicos realiza su trabajo con altos estándares, pero vemos con preocupación que un reducido número de profesionales, al extender licencias falsas por patologías complejas, termina afectando la fe pública y a quienes realmente lo necesitan", agregó Simon.

La acción "va en contra de todos quienes resulten responsables, ya sea en calidad de autores, cómplices o encubridores, por hechos constitutivos del delito de emisión, certificación o falsificación de licencias médicas". Junto a ello, se pide al Ministerio Público iniciar diligencias ante la PDI, el SII, el Compin y la Suseso.

El Colegio Médico ha señalado que "como Colmed rechazamos política de amedrentamiento que están utilizando algunas isapres por emisión de licencias por parte de médic@s que desarrollan de forma ética la profesión. Nuestro gremio defenderá el buen ejercicio profesional".

La madrugada del domingo ocurrió un confuso episodio en el cual fue detenida en la comuna de Ñuñoa la convencional del pueblo rapanui Tiare Aguilera, a quien las primeras versiones policiales sindicaban como protagonista de un hecho de violencia intrafamiliar. Luego fue puesta en libertad, ella entregó su versión de los hechos y denunció que fue víctima de maltrato policial mientras era detenida.

De hecho, un carabinero que durante el operativo la tomó fuertemente del cuello -según un video grabado por testigos- fue dado de baja por la institución durante la noche del domingo.

Este lunes la situación siguió captando la atención de parte de los miembros de la Convención Constitucional, en particular del grupo de convencionales de escaños reservados de los pueblos indígenas, quienes reaccionaron a través de un comunicado difundido por la presidenta de la mesa directiva, Elisa Loncon.

"Queremos expresar nuestra consternación y el más absoluto repudio a la detención arbitraria e ilegal por parte de Carabineros de nuestra compañera (…) No podemos mantenernos en silencio frente a la cobarde y violenta agresión que sufrió y que ha sido divulgada", señala el documento.

La declaración firmada por 17 representantes, entre ellos Isabel Godoy del pueblo colla; la machi Francisca Linconao (mapuche), Isabella Mamani (aymara) y Margarita Vargas (kawesqar), añade que "estamos tristemente acostumbrados a presenciar el actuar abusivo y violento de las fuerzas policiales mediante el uso desproporcionado de la fuerza", señalando que la agresión de Tiare Aguilera "no hace más que reafirmar esta realidad".

Asimismo, los convencionales apuntan a que "las mujeres, y en especial las mujeres indígenas, se encuentran doblemente desprotegidas frente a las agresiones de los funcionarios que, precisamente debieran estar capacitados para el resguardo de sus derechos".

Finalmente, en el texto sostienen que esperan que la "terrible situación de agresión y maltrato" recuerde la "urgente necesidad de reformular la manera en que Carabineros lleva adelante su tarea de protección de la ciudadanía, de manera que sea una institución que proteja a las personas, con irrestricto apego y respeto por los derechos humanos".