Un nuevo ciclo que se avecina. Dado por el cambio climático, los devenires de la pandemia, la aún elevada tasa de cáncer regional y el cambio de gobierno que se acerca, nos abren una oportunidad única de repensar nuestra región.

Por qué no pensar en superar los malos indicadores oncológicos, la contaminación, soñar con un parque metropolitano en pleno centro de la ciudad, donde la familia antofagastina pueda descansar, pasear y hacer deporte al aire libre, usar más el borde costero y el mar.

Para alcanzar esos sueños debemos lograr superar los pasivos ambientales en nuestra ciudad, renunciar al transporte, acopio y exportación de polvos y metales pesados por el puerto, ubicado en el centro de Antofagasta. Sustancias altamente nocivas, que representan un enorme riesgo para la salud de la familia antofagastina y regional.

Debemos considerar la necesidad de abordar las nuevas formas de transporte a escala humana, crear ciclovías seguras y efectivas, desplegar un Metro elevado por la franja del ferrocarril, similar al de Medellín. También necesitamos contar comuna o varias plantas de aguas servidas modernas que rieguen nuestros parques y plazas, apurar la segunda desaladora que nos libere del arsénico.

Algunos hablan de la necesidad que la "Perla vuelva a brillar", o que avancemos hacia una "Región Saludable", siendo ambos una forma interesante de hacer entender al ciudadano, sobre lo que todos queremos lograr.

Para alcanzar estos objetivos, no podemos seguir pegados solo al slogan. Para que la ciudad brille, y que nuestra región sea saludable, necesitamos que se laven las calles al finalizar cada jornada y se genere una política preventiva de salud, junto con la mejor infraestructura pública existente, digna de una verdadera capital minera del mundo del siglo XXI.

Para ello, debemos planificar en conjunto, con disposición a escucharnos. Terminar con que el negocio de unos pocos siga costando la salud de todos. A través de cabildos o consultas ciudadanos, debemos incorporar las más diversas opiniones, que vengan expertos en política pública, sanitaria, ambiental, del mundo minero privado y público, para alcanzar el sueño de una nueva Antofagasta.

Todos queremos tener una urbe moderna para vivir sanamente, tranquilos, sin riesgo de cáncer, con zonas de esparcimiento para nuestras familias, dejemos de ser zona de sacrificio, de paso, de área de cáncer o dormitorio minero.

Los esfuerzos ciudadanos de "no al galpón", de "este polvo te mata, "no más quemas", y otros, que han expresado con justicia el malestar ciudadano por la mala calidad de vida, requieren una solución definitiva a esas demandas insatisfechas y eso el nuevo gobierno lo sabe.

Muchos de quienes encabezaban esas banderas y marchaban en las calles, hoy ocupan cargos de poder.

Se nos avecina un nuevo gobierno ciudadano, entonces se hace urgente avanzar en concretar el anhelo de todos. De lo contrario mañana, muchos podrían elevar su crítica diciendo que esos reclamos fueron sólo obtener notoriedad y luego ostentar cargos públicos, enrostrándoles a quienes no cumplieron, la clásica crítica chilena: "otra cosa es con guitarra".

Unos 50 mil egresados ha entregado desde 1956 la Universidad Católica del Norte a la regiones de Antofagasta, Coquimbo, al país y al mundo. Desde las ingenierías, pasando por las pedagogías, las ciencias y la medicina, miles de hombres y mujeres han aportado a sus semejantes con los valores de la Libertad, la Verdad, la Justicia, y la Sustentabilidad, como estandarte.

Es evidente que la UCN es una Universidad de excelencia y pública, que está al servicio de toda la sociedad. Nuestro origen o dependencia no es determinante para el cumplimiento del rol que se nos demanda. Y las pruebas de nuestro servicio son evidentes: el 90% de nuestros alumnos proviene de las regiones donde estamos insertos (Antofagasta y Coquimbo) y la gran mayoría de ellos estudió en colegios municipales y subvencionados, lo que es una constatación de la movilidad social que perseguimos y concretamos.

Así también, ofrecemos apoyo a todo quien lo demande, no importando su origen, creencias o posición política. Colaboramos con todos y todas, con gobiernos de distinto corte, con empresas, gremios, compatriotas y extranjeros, porque creemos que la diversidad es un valor que debe reconocerse.

Esto mismo realizan cada una de las instituciones que integran la Red G9 de Universidades Públicas a lo largo del país. Todas ellas se han entregado al bien común, aportando educación de calidad y profesionales competentes y con valores, que están pensando en desarrollar colaborativamente con la sociedad y cada uno de los territorios donde desarrollan su actividad.

Ante ello, aspiramos a que en la futura Constitución quede garantizado y se reconozca la función pública que han tenido los planteles de la Red G9 desde sus orígenes, vínculo que ha sido funcional al desarrollo de la educación pública chilena y al país, y esencial para que el Estado pueda alcanzar sus propios fines.

Es por esa razón, y con motivo del proceso constituyente actualmente en desarrollo, que la Red de Universidades Públicas agrupadas en el G9 presentó una norma constitucional para garantizar un sistema universitario equitativo, inclusivo, con compromiso público, regional y producción de conocimiento de excelencia. Además, buscamos que esta iniciativa consagre y mantenga la libertad de enseñanza, junto con evitar que se limiten las alternativas de la ciudadanía para elegir sus propios proyectos de vida.

En definitiva, creemos que es imperante garantizar la igualdad de reconocimiento con las universidades del Estado en lo concerniente a la preservación de garantías de autonomía en la gestión y en el régimen de financiamiento simétrico.

Solo así tendremos la certeza de seguir desempeñando, sin discriminación y en condiciones de equiparación con las instituciones estatales, el rol fundamental que los planteles de la Red G9 vienen desarrollando hace décadas y cuyas obras y frutos están a la vista con generaciones de profesionales aportando desde todas las profesiones a un mundo mejor.

La agresión que recibieron carabineros en la comuna de Iquique mientras cumplían con sus funciones de control de actividades ilícitas y recuperación de espacios públicos para la comunidad, fue ampliamente repudiada desde todos los sectores. Las imágenes viralizadas dejaban al descubierto el ataque a mansalva y la falta de respeto a la autoridad exhibida por el grupo que era fiscalizado sin que sufrieran algún tipo de vulneración.

Muchas veces se esgrime abuso de autoridad y fuerza innecesaria, reparos que están lejos de lo que observamos a través de los videos "colgados" en la red y que claramente dejan en evidencia que este grupo de ciudadanos extranjeros estaba dispuesto a resistir la detención a cualquier precio, la que finalmente pasó por el ataque a los funcionarios públicos que cumplían con su deber, dejando a uno de ellos con lesiones de carácter grave debido a los golpes con un objeto contundente tipo manopla.

El respaldo hacia los uniformados no solo vino de las autoridades comunales, regionales y nacionales, también desde la comunidad con manifestaciones de apoyo en Iquique y Alto Hospicio.

Es bueno recordar que nuestro país atravesó y todavía transita por una crisis social en la que hubo un claro distanciamiento con las fuerzas de orden. Hubo molestia por los excesos cometidos durante las manifestaciones con el uso de armamento disuasivo y otros elementos utilizados por las fuerzas especiales.

De allí hubo un deterioro en las relaciones que culminaron con una suerte de irrespeto hacia la institución encargada de velar por el orden público. Se agudizaron roces que se arrastraban por décadas los que sumados a las investigaciones de corrupción, hicieron caer en descrédito a la institución como tal y las formas de represión utilizadas.

Ese ambiente pese que ha decaído aún puede observarse, especialmente, cuando se tratan de detenciones en flagrancia como lo visto en el control del comercio callejero.

Creo que como ciudadanos, como ocurre en todo el mundo, le debemos un respeto a la autoridad, lo que no significa dejarnos pasar a llevar o ver vulnerados nuestros derechos, siempre tendremos instancias donde recurrir para denunciar a quienes se sobrepasen en sus funciones, de los que también hay.

Dicen que el respeto se gana, pero en este caso está instituido y debemos acatarlo por el bienestar de una sociedad en la que debe imperar el derecho.