Lecciones del gasto público regional
De acuerdo al último análisis de la Subdere la Región figuró entre las tres de menor ejecuciónn de su presupuesto anual. Una situación que impacta directamente a las comunidades más vulnerables de la zona. Un nuevo ciclo de pobre cartera de proyectos y baja ejecución presupuestaria no encontrarían mayores justificaciones.
Hace poco más de una semana la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) entregó el informe anual de ejecución presupuestaria. Y tal como se había previsto por autoridades y analistas, la Región de Antofagasta resultó entre las de más bajo desempeño a nivel nacional, solo superada por las regiones de Aysén y Ñuble.
La evaluación resulta más crítica si se considera el ajuste del marco presupuestario que realizó el Gore y que significó una rebaja del 16% del presupuesto original, el recorte más alto entre 14 regiones que utilizaron el mecanismo para mejorar sus indicadores de eficiencia.
Como mucho de la inversión pública, los costos de una pobre gestión se observan, generalmente, en el mediano plazo. Y este parece ser un ejemplo más. Fueron diversas las críticas de actuales y ex consejeros, de todas las tendencias valga decir, que advirtieron la escasa generación de cartera de proyectos relevantes para la región durante la actual administración.
Quienes conocen de los mecanismos de finanzas públicas recalcan insistentemente, que el ciclo para una comenzar a concretar una obra pública con fuerte inversión en mano de obra, en la mayoría de los casos, no es menor a tres años, por lo tanto, lo que se deja de hacer hoy tiene impacto en las comunidades que, durante el mismo rango de tiempo, deben esperar por soluciones.
Sin duda que la emergencia sanitaria alteró cualquier agenda y afectó el funcionamiento de equipos técnicos y formuladores, sin embargo, no deja de llamar la atención que mientras unidades productivas procuraron aminorar el impacto sobre sus actividades, el sector público exhibiera tanta parsimonia frente a un problema que muchos avizoraron.
Es de esperar que el conflicto de intereses y continuas disputas entre las atribuciones del Gobierno Regional y de la Delegación Presidencial decanten en el futuro y contribuyan a acelerar la inversión pública regional. Puesto así, un nuevo ciclo de pobre cartera de proyectos y baja ejecución presupuestaria no encontrarían mayores justificaciones.