La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ayer un acuerdo histórico, el más importante en 30 años, aunque de mínimos, entre demócratas y republicanos, para reforzar el control de las armas de fuego tras los últimos tiroteos masivos ocurridos en este país.

Ahora al acuerdo, que ya había sido aprobado la noche del jueves por el Senado, solo le falta la firma del presidente, Joe Biden, para convertirse en ley.

Por 234 votos a favor -todos los demócratas más 14 republicanos- frente a 193 en contra, la Cámara Baja aprobó la medida, justo cuando se cumple un mes de la matanza de Uvalde, Texas, donde un joven irrumpió en una escuela de primaria y mató con un rifle semiautomático a 19 niños y dos profesoras.

El proyecto de ley incluye una revisión del proceso de compra de armas para los menores de 21 años y extiende a todo el país las llamadas leyes de "alerta de peligro" ("Red Flag" o bandera roja), que permiten activar un procedimiento legal para confiscar las armas de fuego de quienes representen un peligro para terceros o para sí mismos.

La propuesta busca acabar con lo que se conoce como "el vacío legal del novio", por el que hasta ahora si alguna persona es acusada de violencia doméstica sin estar casado, se le permite que siga en posesión de armas, algo que no ocurre en el caso de las personas que se encuentran casadas.

Al margen de restringir ligeramente el acceso a las armas a determinadas personas y en qué circunstancias, el acuerdo entre demócratas y republicanos incluye más fondos para recursos de salud mental y para reforzar la seguridad en las escuelas, dos aspectos en los que insisten los defensores de las armas cada vez que hay un tiroteo en EE.UU.

El suceso de Uvalde del 24 de mayo fue precedido por otro tiroteo masivo en un supermercado de Búfalo, Nueva York, cuando por motivos racistas un joven supremacista blanco asesinó a 10 personas.

Apenas ocurrió la matanza de Uvalde comenzaron las negociaciones que han llevado a este proyecto, que fueron encabezadas por el senador demócrata Chris Murphy y el republicano John Cornyn, con el apoyo de los líderes de ambos partidos en el Congreso.

La aprobación definitiva en el Congreso se produce un día después de que el Tribunal Supremo de EE.UU., de mayoría conservadora, ampliara el derecho a portar armas al avalar que se puedan llevar en público.

Los ministros de Relaciones Exteriores del G7 reiteraron ayer su condena a la guerra de agresión a Ucrania, responsabilizaron a Rusia de la crisis alimentaria mundial y pidieron desbloquear los puertos ucranianos para dar salida al trigo de ese país.

En un comunicado tras una reunión en Berlín, en la que participan además en una conferencia internacional sobre la crisis alimentaria con representantes de otros países, los ministros recordaron que, además del bloqueo a los puertos en el mar Negro, Rusia está bombardeando depósitos de trigo e infraestructura agrícola.

Asimismo, acusaron a Rusia de propagar una narrativa falsa y hacer una campaña de desinformación con respecto a las sanciones, que no afectan a los alimentos, por lo que los productos agrícolas rusos podrían llegar a los mercados mundiales

Además, expresaron su respaldo a los esfuerzos de la ONU por reabrir la ruta del mar Negro para cereales y el plan de acción de la Comisión Europea para crear una "Ruta de Solidaridad" para el transporte de grano por tierra.

Los ministros reiteraron que Ucrania recibirá apoyo político y militar el tiempo que sea necesario y aseguraron además ayuda humanitaria y apoyo para la reconstrucción del país.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, también responsabilizó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su decisión de ordenar la "brutal invasión de Ucrania", del alza de los precios de los alimentos a escala mundial. "No son nuestras sanciones, sino la guerra" la que ha causado "los actuales problemas para obtener cereales fuera de Ucrania", sentenció.

El mandatario ruso rechazó las acusaciones y acusó a Occidente de la inflación mundial y del brusco aumento de los precios de los alimentos, la energía y las materias primas, y del impacto negativo en Asia, África, América Latina y Oriente Medio.

Sobre la inflación, señaló que es el resultado de "muchos años de política macroeconómica irresponsable de los países del G7, de la emisión descontrolada y la acumulación de deudas sin respaldo", y añadió que este proceso se agravó con la caída de la oferta y la demanda que provocó la pandemia del coronavirus.

Las fuerzas de seguridad pública de Ecuador desalojaron anoche la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde el movimiento indígena había instaurado una "asamblea popular" para tomar sus decisiones sobre el desarrollo de las protestas contra el Gobierno por el alto costo de la vida.

El desalojo se produjo después de una larga jornada de disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y policías en torno al parque de El Arbolito, aledaño a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y luego de que el presidente Guillermo Lasso no viese predisposición del movimiento indígena a dialogar con el Gobierno.

El Ejecutivo había permitido que los indígenas accediesen a la Casa de la Cultura para contentar una de las condiciones puestas por el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, para ir a un diálogo.

Desde el domingo, dentro de esa instalación se habían apostado las fuerzas de seguridad para impedir que ingresasen los indígenas y se repitiesen en los alrededores los altercados de las protestas de octubre de 2019, también lideradas por el movimiento indígena, que dejaron a nivel nacional una decena de fallecidos y unos 1.500 heridos.

Tras ingresar el jueves por la mañana al ágora de la Casa de la Cultura, las escenas de enfrentamientos se repitieron en torno al parque El Arbolito, luego de que la Policía disolviese una multitudinaria marcha encabezada por el mismo Iza que llegó hasta las inmediaciones de la Asamblea Nacional (Parlamento).

Allí volvieron las barricadas hechas con adoquines del pavimento del parque y el amplio espacio se volvió una nube densa donde se mezclaban los gases lacrimógenos con los fuegos hechos por los manifestantes en los que quemaban eucalipto para contrarrestar el efecto del gas.

Incluso decenas de manifestantes llegaron a entrar dentro de la Embajada de Egipto en Ecuador para parapetarse allí y lanzar fuegos artificiales a los policías.

El punto de inflexión llegó cuando Iza intervino este viernes por la tarde en la "asamblea popular" con varios asambleístas del movimiento indigenista y plurinacional Pachakutik, brazo político de la Conaie, que apoyaban una solicitud de tramitar la destitución del presidente en la Asamblea Nacional.

Fue entonces cuando Lasso salió en un mensaje televisado a la nación y denunció un intento de golpe de Estado en su contra, del que acusó a Iza de buscar "el derrocamiento del Gobierno" al considerar que "lo único que buscaba era engañar a sus bases y usurpar el Gobierno legalmente constituido".

Las protestas comenzaron el 13 de junio, convocadas principalmente por la Conaie, aunque luego también se adhirieron otras organizaciones de campesinos, así como sindicatos y federaciones de estudiantes.

Desde el movimiento indígena se exige el cumplimiento de un pliego de 10 demandas, entre ellas que se reduzcan y congelen los precios de los combustibles y de los productos de primera necesidad, que no se privaticen empresas estatales y que no se amplíe la actividad petrolera y minera en la Amazonía.

Hasta el momento la movilización deja un saldo de cinco fallecidos y no menos de 200 heridos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, así como más de 100 detenciones, según organizaciones de DD.HH.