El caso que involucra a exfuncionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Antofagasta, en la tramitación irregular de documentación migratoria a cambio de pago en dinero u otro tipo de favores, surge como una arista que ha alertado a autoridades locales, que han llamado a la necesidad de investigar a fondo este ilícito.
La investigación por este hecho la encabeza la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que indaga el ingreso irregular de al menos 100 migrantes entre junio y octubre de 2021 por la zona norte. Según ha trascendido, la banda la integran 11 individuos. Entre estos, figuran cuatro exefectivos de la PDI de Antofagasta.
En conversación con El Mercurio de Antofagasta el prefecto inspector de la PDI Hernán Solís Catalán (52), jefe de la región policial de Antofagasta, aborda los avances de esta indagatoria. Un caso que en la entidad consideran aislado frente a los más de 300 efectivos en la región.
¿Hay una aproximación de cuántos migrantes fueron favorecidos con esta documentación irregular proporcionada por funcionarios de la PDI?
-En cuanto al número de la afectación o la gente que pudo haber sido beneficiada, eso es parte de la investigación penal sobre la cual no me puedo referir porque no es una investigación abierta, está reservada, llevada por la Fiscalía Central Norte de Santiago. Sobre lo que sí me puedo referir es que cuando nosotros, sobre la base de nuestros propios controles internos, se detectó esta irregularidad; que por lo demás fue en abril del año pasado, rápidamente accionamos dos mecanismos: uno, dando cuenta al Tribunal, en este caso la Fiscalía, de los hechos que puedan constituir carácter de delito; y, en forma interna, se inicia el acto administrativo que es una investigación para establecernos sí hay falta a la probidad o a la doctrina institucional.
¿Cuáles son estas medidas administrativas y habría otras que pudiese adoptar la PDI?
-Cuando se detecta esto por los controles internos, el acto administrativo, a medida que iba avanzando permitió establecer responsabilidades en exfuncionarios. Ellos fueron apartados de inmediato de sus funciones. Luego se produjo su desvinculación. En el proceso administrativo falta una etapa de cierre, pero ya dejaron de pertenecer a la institución los funcionarios involucrados en la investigación administrativa. Insisto, la investigación judicial sigue abierta, y ese es un camino totalmente paralelo sobre el que no nos podemos pronunciar en este minuto.
¿Cuántos fueron, finalmente, los funcionarios de la PDI que han sido removidos de la entidad?
-Actualmente hay cuatro exfuncionarios desvinculados de la institución a raíz de esta investigación, y un quinto funcionario en que se establece responsabilidad administrativa de un nivel inferior, por decirlo de alguna una manera, no teniendo una vinculación mayor ni directa con estos ex funcionarios que fueron apartados de la institución.
¿Por qué ocurrió este incidente, Prefecto, con funcionarios que están justamente a cargo del control migratorio? El país enfrenta una situación crítica en cuanto a la situación migratoria y a un alza de delitos considerados como importados. Además, el Gobierno implementó la Ley de Infraestructura Crítica para controlar la migración irregular y otros delitos fronterizos.
-Nosotros como institución tenemos una estrategia para el control interno. Hay una Inspectoría General que regula a través de varios departamentos, el análisis y revisión de forma permanente de los procesos. Fue de esta manera que se detectó esta documentación irregular. Los propios funcionarios y nuestra propia institución lo detectó. Fue denunciado como corresponde y ejercido el acto administrativo. Ahora desde el punto de vista que esto pueda afectar el control migratorio… Debemos entender que la migración es un fenómeno mundial. Si nosotros estamos a cargo del control migratorio, lo hacemos en los lugares establecidos, donde el policía hace el control de la persona que ingresa al país. El otro fenómeno que se da por los ingresos irregulares, es porque tenemos una frontera absolutamente permeable. Ahora respecto a la situación que afecta a estos funcionarios involucrados, obviamente nuestros controles siguen siendo efectivos. Se siguen reforzando día a día a través de la estrategia de la Inspectoría General, en cada región, cuya función es reforzar el trabajo de los procesos y controles internos.
Parlamentarios de la región han planteado la necesidad de que esto se investigue a fondo. ¿Cómo evalúan la posición de estas autoridades? Algunos de ellos planteaban su inquietud por la imagen y la creación de confianza de la ciudadanía por parte de instituciones como la PDI y la eventual pérdida de confianza por este incidente.
-Acabamos de cumplir 90 años, 90 años en la escena del crimen. Así lo hemos dado a conocer a la comunidad en este aniversario. Durante estos años hemos demostrado una trayectoria, profesionalismo y credibilidad. Estos hechos nos afectan de alguna manera, pero queremos decirle a la comunidad que vamos a ser rigurosos en nuestro trabajo, vamos a seguir siendo profesionales y cada vez que detectemos algún signo que afecte la probidad o la doctrina institucional vamos a ser implacables, y vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias. No vamos a amparar este tipo de situaciones y prueba de ello es lo que ocurrió en abril del año pasado cuando se detectó esta irregularidad y rápidamente fueron apartados de sus funciones y actualmente desvinculados de la institución.
¿Serían esos solamente los funcionarios involucrados? Los cuatro mencionados y uno en una incidencia menor.
-Hasta el minuto de los antecedentes que nosotros manejamos, y que se manejan en el sumario administrativo, abordan solamente estos cuatro exfuncionarios y el quinto que usted menciona, en relación a los antecedentes con los que contamos. No hay antecedentes que permitan vincular a alguien más en esta investigación, en lo que consideramos como un hecho aislado hasta el minuto del trabajo que cumple la PDI en la región.
