Lejos de los mutuos respaldos a la continuidad de la iniciativa, y de un cierre "amigable" de la ejecución manifestados en agosto pasado, la decisión del término anticipado del proyecto "Recuperación de fachadas zona de conservación histórica" a cargo de la Fundación ProCultura, amenaza con convertirse en una nueva disputa legal para el Gobierno Regional.
La resolución de término y la solicitud de restitución de $383 millones dentro de los próximos quince días hábiles generó diversas reacciones en el mundo político que, las que en su mayoría respaldó la iniciativa. Sin embargo, la Fundación ProCultura, arremetió contra de la decisión calificándola como una medida "sin fundamento legal ni factual" y anunció acciones legales para garantizar la integridad de su trabajo.
A través de una declaración pública, la Fundación ProCultura, bajo la dirección de Alberto Larraín, afirmó que el Gore intentó llegar a un acuerdo mutuo para poner fin al proyecto, propuesta que ProCultura no aceptó y defendió su firme compromiso de cumplir con el contrato original y su responsabilidad hacia la comunidad local.
De acuerdo a la versión de ProCultura, durante la ejecución del proyecto, cumplieron cabalmente con todos los compromisos establecidos con el Gore y realizaron los ajustes requeridos por la autoridad en tiempo y forma. "El Gobierno Regional de Antofagasta intentó dar término de mutuo acuerdo al proyecto lo cual Fundación ProCultura no aceptó abogando por la convicción que nos asiste de que la mejor opción era cumplir con el contrato en función del compromiso adquirido con la comunidad. Es importante enfatizar que Fundación ProCultura cumplió hasta el día de ayer, con todos los compromisos asumidos, sin embargo, fue dicha autoridad la que no permitió seguir ejecutándolo", señalan en la misiva.
La fundación argumentó que la decisión unilateral del Gobierno Regional se basó en "múltiples razones y reparos continuos" por parte de la autoridad, sin fundamentos legales ni fácticos sólidos.
Desde la entidad indicaron que están evaluando las acciones legales necesarias para garantizar que el proceso de término anticipado del convenio se realice de acuerdo con las regulaciones vigentes y teniendo en cuenta todos los antecedentes que respaldan su trabajo. La controversia en torno a este proyecto continúa siendo un tema candente en Antofagasta y está destinada a desarrollarse en los próximos meses.
avance de proyecto
Una de las interrogantes que abrió el término del proyecto apunta al monto a restituir. Parte de esos cuestionamientos quedaron reflejados en la opinión de Pablo Toloza, presidente regional de la UDI, quien sostuvo que "Si se transifieron $460 millones, en qué se gastaron casi $100 millones si el proyecto no avanzó en nada?".
"Esta decisión, por supuesto que llega tardía. Hay que ser mucho más exigentes y exhaustivos, debemos tener un rol mayor fiscalizador sobre todo cuando están involucrados los recursos de todos los chilenos", agregó la diputada Yovana Ahumada (IND).
"El convenio con Procultura con el pasar del tiempo comenzó a generar muchas dudas respecto de lo que se nos presentó. Por esto mismo es que, en este julio pasado, junto a otros dos colegas propusimos poner fin al convenio y que se restituyeran los dineros. Siempre estuvimos en lo correcto y esta decisión de restituir los fondos nos da la razón", indicó el consejero regional Fabián Ossandón.
Ante las críticas el Gobierno Regional remitió una nueva declaración donde entregó detalles del convenio suscrito. En parte de su declaración el Gore indicó que si bien el proyecto fue aprobado por un total de $629 millones, no se transfirió la totalidad de estos fondos, sino que se traspasaron $460 millones en la primera cuota de transferencia. La solicitud de restitución, por tanto, se basaría en ese monto traspasado.
Bryan Romo, jefe de la Unidad Jurídica del Gore, subrayó las dificultades que evidenciaba la ejecución de la iniciativa ante la serie de cuestionamientos.
"Las circunstancias y la controversia mediática han impedido que este proyecto se desarrolle, ha llegado a un punto donde es imposible que se lleve a cabo. El Gobierno Regional, para resguardar el buen uso de los fondos públicos, decidió poner término anticipado al proyecto por las condiciones actuales" indicó .
"Este cierre del proyecto da comienzo a un periodo de liquidación donde se determinará los gastos que se reconocerán mediante la relación de los objetivos, el perfil, los productos entregables, la carta Gantt y el presupuesto del proyecto" cerró Romo.
Según precisaron son $373 millones que estiman que no han sido ejecutados por Procultura, reconociendo sólo $87 millones de gasto en el proyecto, los que en su mayoría corresponderían al pago de honorarios de los 11 profesionales contratados por la consultora y los gastos operacionales asociados al funcionamiento del proyecto durante los ocho meses que duró la iniciativa.
De ahí que una de las principales disputas a resolver en las próximas semanas, estaría centrada en los meses que se reconocerán como efectivamente rendidos hasta el término unilateral del convenio.
