Ayer se inició el juicio oral contra el funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) Leonel Alejandro Contreras Canales, formalizado como el sospechoso del homicidio de la subinspectora de dicha institución Valeria Vivanco. En la oportunidad el acusado negó haber matado a su compañera.

El hecho tuvo lugar en junio del año 2021. En primera instancia se informó que la subinspectora había fallecido producto de un impacto de bala durante un procedimiento policial en La Granja. Sin embargo, el caso dio un vuelco, ya que tres funcionarios de la policía civil fueron suspendidos por "obstrucción a la investigación" y Contreras fue formalizado como autor.

Durante la audiencia de ayer el policía renunció a su derecho a guardar silencio y relató que "con mi equipo de trabajo realizamos un control vehicular en donde resulta fallecida la funcionaria Valeria Vivanco. Posterior a eso se me indica la responsabilidad a mí, y yo quiero decir, delante de todos los presentes, que yo no maté a Valeria Vivanco".

Contreras está en prisión preventiva desde noviembre de 2021, y desde dicha fecha ha insistido en que él no disparó a la subinspectora Vivanco, sino que habría sido el arma de otro de los funcionarios involucrados.

El fiscal Christian Toledo, sin embargo, detalló que "se determina por parte de peritos de Lacrim que el proyectil que le causa la muerte a la víctima provino del arma del señor Contreras".

Grau: el Gobierno hará "todo lo posible" para que Huachipato no cierre

El Gobierno y la Compañía Siderúrgica Huachipato acordaron ayer una hoja de ruta para hacer frente a la importación del acero chino y la distorsión de precios que genera, que ha llevado a la empresa nacional a una situación "crítica" e incluso evaluar su cierre, según informó su gerente general, César Garrido.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, y la delegada presidencial regional del Biobío, Daniela Dresdner, se reunieron con los ejecutivos de la firma asentada en la comuna de Talcahuano, Región del Biobío.

El secretario de Estado afirmó tras la cita que que "Huachipato es estratégico para el país. A juicio del Gobierno tenemos que hacer todo lo posible para que por tales consideraciones Huachipato no cierre. Y hoy día lo que estamos haciendo es reafirmar este compromiso y articular un trabajo en conjunto, un equipo público-privado que nos ayude a ir identificando todas las medidas para que eso ocurra".

Respecto a la eventual instauración de salvaguardias respecto del aumento de las importaciones de determinados productos cuando esas importaciones hayan causado o amenacen causar un daño grave a la rama de producción nacional del miembro importador, el titular de Economía aseguró que "esa solicitud todavía no se ha hecho. Eso es un antecedente, hay que revisarlo, fue parte de las cosas que conversamos, yo no me quiero manifestar con anticipación a conocer el detalle de esos antecedentes".

Redacción

El ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, criticó duramente que se haya decretado arresto domiciliario para cinco de los 11 detenidos en la Región del Biobío el jueves por su vinculación con ataques incendiarios, robo de madera y tráfico de armas. Y junto con ello aseguró que el Gobierno apelará a dicha decisión con el objetivo de que todos queden en prisión preventiva.

Un operativo de la Policía de Investigaciones que incluyó allanamientos en 12 domicilios tuvo como resultado la detención de este grupo de personas entre las que hay integrantes de la organización Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) y dos carabineros, uno de ellos activo.

Pese a la seriedad de los delitos imputados, el Juzgado de Garantía de Curanilahue dejó solo a seis de los imputados en prisión preventiva, ante lo cual Monsalve afirmó que el Ejecutivo apelará.

"¿Qué justifica nuestra opinión de que debería mantenerse la prisión preventiva para los 11? La gravedad de los delitos. Estamos hablando primero del delito de asociación ilícita de acuerdo a la legislación anterior, porque hoy día es asociación criminal, pero este delito se viene investigando antes de la nueva ley", argumentó el ministro.

"Eso significa que hay un grupo de personas que se concertaron, se organizaron, para llevar adelante delitos que son muy graves, que tienen sanciones graves, como los ataques incendiarios, pero que además hacían uso de armas de fuego", añadió Monsalve.

Policía recibía pago

Durante la jornada de ayer se conocieron mayores detalles del rol de Darwin Castillo, el funcionario policial activo que fue detenido, quien confesó haber recibido 3,5 millones de pesos a cambio de información.

El fiscal Juan Yáñez detalló que "Celso le ofreció trabajar para él, necesitaba que le diera datos policiales, que tenía camiones y quería evitar que lo fiscalizaran y se los quitaran. Celso le señala que tenía un amigo en la PDI que le informaba de todo y él reconoce haber entregado comunicación a Celso Fonseca respecto de los movimientos de Carabineros, permitiendo que hubiera sustracción de madera".

Fonseca es sindicado como el líder de la organización y se encuentra en prisión preventiva desde noviembre del 2022.

Diputados apoyan

Parlamentarios de La Araucanía respaldaron también ayer la posición del ministerio del Interior en este caso.

El diputado Eric Aedo (DC) comentó que "es inexplicable que la Fiscalía haya dicho que hay irreprochable conducta anterior respecto de dos carabineros que fueron detenidos por apoyar este grupo terrorista y no haya sido pedida la prisión preventiva. Espero que la Corte de Apelaciones remedie esta situación y que estos cinco personajes estén en la cárcel y eso incluye a los dos carabineros".

Por su parte, Joanna Pérez (Demócratas) dijo que "necesitamos desbaratar a muchas más bandas que tenemos en la zona y que utilizan un conflicto para generar impunidad para el robo de madera u otros ilícitos, por eso el máximo rigor de la ley en esta materia, para los policías que se apartan de su misión que es justamente combatir el delito, perseguir e investigar cómo deben hacerlo en nuestro estado de derecho".

Optimismo

Más allá de este desacuerdo con la acción judicial, el ministro (s) Monsalve se mostró satisfecho con el trabajo en la Macrozona Sur. En entrevista con La Segunda, afirmó que "si uno analiza la tendencia que ha ocurrido durante el transcurso de nuestro gobierno, una de las tareas ha sido justamente desarticular las organizaciones criminales para disminuir su capacidad operativa. Ojalá, desarticular por completo".

"Hay más de 10 organizaciones que operan en la Macrozona Sur. Yo diría que solo dos han logrado mantener su capacidad operativa", destacó la autoridad y añadió que "producto de los resultados en materia de persecución penal, que implica 325 condenados entre 2022 y 2023, 327 imputados, 124 en prisión preventiva (...) esto ha hecho que el resto de las organizaciones se hayan ido progresivamente debilitando".

Añadió que "las dos organizaciones que mantienen capacidad operativa y que han ido concentrando la atención son Resistencia Mapuche Malleco y Liberación Nacional Mapuche".

El ministro (s) Monsalve también se refirió ayer a la posibilidad de que Héctor Guerrero, alias "El Niño Guerrero", líder del Tren de Aragua, se encuentre en Chile. Las sospechas de que haya llegado al país se prendieron cuando se supo que varios integrantes del grupo delictual escaparon desde la cárcel de Tocorón, Venezuela, en medio de una masiva intervención del Ejército de ese país en dicho centro penitenciario. Ante ello la autoridad dijo que "por supuesto que nuestra policía está alerta, pero no tenemos ningún antecedente que permita afirmar que el líder del Tren de Aragua está en Chile. Ninguno".