Dos días antes de conmemorar un nuevo Día Internacional de la Mujer, las mujeres que vivimos en Chile, después de observar siete años extensas tramitaciones en el Congreso, celebrábamos la aprobación transversal del proyecto de Ley Integral sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Está ley eleva lo que se entiende por violencia de género y sus expresiones de acuerdo a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos señalando, por ejemplo, que la
violencia contra mujeres es toda acción u omisión que, basada en su género, cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico incluyendo acciones u omisiones estatales; definiendo sus diferentes manifestaciones: física, psicológica, sexual, económica, simbólica, institucional, laboral y gineco-obstétrica. Igualmente, se extiende su aplicación a delitos de violencia de género y agresiones fuera de relaciones familiares o de convivencia.
En lo que respecta a las responsabilidades estatales, la ley establece medidas de prevención, investigación, protección, sanción y reparación de esta violencia destacando el fortalecimiento de las medidas cautelares y un mecanismo de supervisión judicial para garantizar su efectividad. Lo que muchas veces es lo que ha fallado siendo incumplido por los agresores con resultados incluso fatales para las mujeres.
La legislación incluye también medidas generales de prevención en educación, a través de una educación no sexista y de seguridad pública desde la perspectiva de género y derechos humanos para fomentar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres rompiendo estereotipos de género que fomentan y justifican la discriminación que ya hemos vivenciado hace más de dos mil años, entre otras determinantes medidas.
Por todo esto no se entiende que, en el minuto del anuncio de esta aprobación legislativa que venía a coronar una nueva conmemoración del 8M y una legislativa de género, exitosa por parte del Gobierno, un grupo de parlamentarios y parlamentarias del ala derecha de nuestro espectro político partidista interpusiera un requerimiento en el Tribunal Constitucional (compuesto enteramente por hombres) por supuestamente atentar contra la libertad de enseñanza, en circunstancias que la educación no sexista se basa en el principio de no discriminación, base fundamental de los derechos humanos y de la Convención sobre los Derechos del Niño/a.
6Esperemos que las mujeres no debamos seguir esperando para ejercer nuestro Derecho a una Vida Libre de Toda Violencia, que prime la sensatez, el sentido común, la mirada amplia sobre un horizonte ideal de igualdad humana y no la jugada miope de un sector que impide que el país avance.