La suma de todos los autogoles: Cobreloa se enfrenta al riesgo de suspensión directiva
ERRORES. La estrategia interna que definió el club tras el caso de denuncia contra jugadores por abuso sexual en la Casa de Cadetes abrió el camino para que se indagen responsabilidades administrativas, asi como intencionalidades u omisiones.
El pasado 2 de abril de este año, Cobreloa hacía pública su indagación interna a cargo del estudio jurídico Colombara para detallar que en la denuncia sobre abuso sexual contra jugadores cadetes en un inmueble arrendado para permanencia de estos -ocurrida en septiembre de 2021- "se trató de una fiesta externa, por lo que no es posible concluir algún tipo de responsabilidad, así como tampoco que se haya infringido algún deber de denuncia".
Incluso, ante la advertencia abierta de futuras acciones judiciales contra la parte denunciante -específicamente en nombre de la ex apoderada María Elena Saavedra-, la jugada fue considerada como maestra, ya que había golpeado las bases de todos los involucrados en sus llamados a esclarecer el caso.
Pero finalmente, la acción terminó siendo un "autogol de proporciones" ya que a nivel de pasillo en la Fiscalía de Calama se asume que la medida provocó molestia e inmediatamente puso celeridad al proceso de investigación interna coordinado por el Ministerio Público, algo que terminó con la detención de nueve ex cadetes- Una acción que vino a dejar una mancha negra en la historia institucional naranja.
Pero justo cuando el efecto mediático se concentra en las responsabilidades penales del caso, aparece en el horizonte una nueva arista que viene de la mano de la investigación paralela que se lleva a cabo en instituciones como la Comisión Especial de la Cámara de Diputados o el Comité de Arbitraje, que buscan establecer responsabilidades civiles e institucionales para dar con presuntos responsables en una supuesta "red de protección" donde incluso se apunta hacia la ANFP.
Todo parte con el acuerdo entre la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y el Ministerio del Deportes en mazo de 2021 que vio nacer el Protocolo Contra el Acoso y Abuso Sexual en el fútbol chileno, que desde ese momento rige para todos los clubes que forman parte de sus competencias.
Y allí, las gestiones de la parlamentaria Marisela Santibáñez y su par Andrés Giordano siempre apuntaron a establecer si en Calama hubo falta a la celeridad para aplicar dicho protocolo y apurar el aporte desde el club para esclarecer los hechos.
Si bien el ex timonel de Cobreloa, Fernando Ramírez aclaró en febrero de 2023 -cuando este medio hizo pública la denuncia- que se había echado a andar dicho protocolo interno y que incluso "se hizo una declaración pública ante situaciones tan graves que se dice que ocurrieron y si esto se llega a demostrar, se deben tomar medidas ejemplificadoras", desde allí en más, sólo la presencia del nuevo mandamás naranja, Marcelo Pérez en la Cámara de Diputados, donde puso a disposición todas las instancias para aclarar la investigación desde la interna. Luego, sólo se contrató una asesoría externa con dineros de los socios para indagar el caso, una que hoy aparece cuestionada en su resultado con la acción del Ministerio Público.
Riesgos
Por ahora, y sólo con una declaración pública, Cobreloa reaccionó al fuerte remezón que significó suspender una práctica para que dos de los integrantes de su plantel profesional fuesen detenidos en pleno Centro de Entrenamiento por efectivos de la PDI de Calama.
El club expresó que "reitera su compromiso con la justicia, motivo por el cual ha colaborado en todas las instancias en la que se ha requerido su participación", dejando en claro que los futbolistas que fueron detenidos quedan separados del plantel hasta que se aclare su situación, misma condición que ocurre desde los equipos que mantenía futbolistas acusados dentro de su plantilla en condición de préstamo. Otra medida que aparece como reactiva e incluso, autoacusatoria. Eso pensando en que con la misma investigación interna, el club tenía total conocimiento de los hechos y también de los implicados en la denuncia.
Por lo mismo, tranquilidad no hay en sus filas. Nadie habla y el departamento jurídico trabaja en silencio. Independiente de la causa judicial que busca responsables penales, hoy el Comité de Arbitraje apunta a Cobreloa y a la ANFP por su responsabilidad en no aclarar totalmente las indagatorias y a nivel de directorio lo saben.
El presidente de dicho comité, Eduardo Arévalo explica las indagatorias y dice que "en el caso de quienes prestaron declaraciones escritas, se habla de que tuvieron conocimiento de esto en enero de 2023 pero se sabe que conocían los hechos desde hace mucho tiempo antes. Eso es lo que hoy se tiene que acreditar".
Según establece el reglamento del Comité de Arbitraje de Chile amparado en la Ley 20737 que regula a las Federaciones Deportivas Nacionales, -misma norma que por estos días aboga la Cámara en el parlamento- las sanciones que pueden establecer van desde la responsabilidad institucional a la individual.
Es decir, desde la revisión del correcto funcionamiento de los Tribunales de Honor y Ética de las federaciones y sus asociados, pueden establecer que existieron vicios y faltas en el manejo de denuncias, sin proteger a las víctimas de ella y por tanto, determinar si procede las suspensiones de directivos o funcionarios en ciertos cargos que se les hayan conferido por estricto desapego a las normas.
Se debe precisar que estas eventuales sanciones administrativas que llegan hasta la prohibición de ejercer cargos administrativos en instituciones que son parte de las FDN son para quienes hayan estado ejerciendo en el momento de la denuncia. Es decir, en el caso de Cobreloa se puede determinar la acción incorrecta en la aplicación de protocolo a directivos y funcionarios que ejercían cargos desde fines de 2022, cuando el hecho se dio a conocer por la parte denunciante.
Pero hay otro punto donde quienes se ven directamente perjudicados y apuntados por los dueños de Cobreloa -los socios- son los integrantes del actual directorio, incluido el actual presidente Marcelo Pérez y su antecesor, Fernando Ramírez.
Existe la potestad de la asamblea de pedir una reunión extraordinaria para solicitar cuentas por el gasto económico que significó la errónea estrategia de limpiar responsabilidades con la investigación adjudicada a un estudio jurídico externo.
En caso de que exista una moción por parte de los socios al día de la institución para exigirle el Comité de Honor del club que impugne por estatuto la acción de la directiva, miembros de la actual dirigencia y funcionarios activos podrían ser removidos de sus cargos o instados a renunciar debido al perjuicio económico y moral que le ocasionaron al club, incluso antes del proceso de elecciones pactado para noviembre de este año.