Una investigación del O.S.7 de Carabineros junto a la Fiscalía local de Los Ángeles (iniciada en el mes de abril), permitió desarticular una organización criminal dedicada a la venta de droga, con la detención de 4 de sus integrantes (3 hombres y 1 mujer), quienes internaban droga desde Calama, para luego distribuirla, y con ello, abastecer a diferentes bandas criminales que operan en la región del Bío Bío.

Las diferentes diligencias de investigación, sumado al análisis criminal, permitió al personal investigador posicionar a la organización criminal en Calama, identificar el lugar donde éstos estaban residiendo y los vehículos que utilizarían para trasladar la droga hasta el sur del país.

Con estos antecedentes, y gracias a un trabajo coordinado entre las diferentes secciones O.S.7 de la zona norte del país, se efectuó un seguimiento de 2 vehículos mientras trasladaban la droga hacia el sur, logrando la fiscalización de uno de ellos en la comuna de Vallenar, región de Atacama y el segundo en la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo.

Este operativo permitió incautar 67 kilos de marihuana en 65 paquetes, que tenían como destino el sur del país, siendo la incautación más importante en los últimos 10 años en la provincia de Bío Bío. También se incautaron 380 mil pesos en dinero en efectivo, teléfonos celulares y dos vehículos, un station wagon Honda CRV y una Peugeot Partner. Además se allanaron dos domicilios en la ciudad de Los Ángeles pertenecientes a miembros de la organización criminal, siendo éste operativo un golpe importante al crimen organizado.

Tras este exitoso operativo de Carabineros del OS7 se logró interrumpir una cadena de delitos originados en Calama.

Tras un nuevo control conjunto entre Carabineros y la Delegación Presidencial El Loa, se detectó e interrumpió una fiesta que se efectuaba en una sede social, la cual no tenía permiso para el evento, y tampoco para la venta de alcoholes.

Al respecto el delegado Presidencial de El Loa, Miguel Ballesteros explicó que "en las fiscalizaciones que frecuentamos hacer con Carabineros, durante los fines de semanas, logramos frustrar la realización de una fiesta en un local clandestino que ya había sido clausurado, en consecuencia ésta se movilizó al sector poniente de la ciudad en una sede vecinal, donde llegamos con Carabineros y constatamos la presencia de menores de edad y el expendio de alcohol a estos mismos, lo cual nos parece sumamente grave si además adicionamos que también se estaba registrando el consumo de sustancias ilícitas al interior de esta sede vecinal. Para estos efectos lo que hicimos con Carabineros es fiscalizar y cursar las infracciones correspondientes".

La autoridad, agregó que "nos preocupa el uso de espacios que son para el desarrollo comunitario y social en los territorios, más todavía teniendo en cuenta que en marzo de este año se desarrolló una fiesta, también en una sede vecinal, con participación de menores de edad, que culminó con el homicidio de uno de ellos".

En este caso las autoridades fiscalizadoras encontraron a menores de edad consumiendo y comprando bebidas alcohólicas, consumo de drogas, y pudieron detectar una serie de irregularidades en el control conjunto.

"Por lo mismo vamos a poner los antecedentes a disposición de la Municipalidad de Calama, para que puedan tomar las medidas correspondientes entendiendo que este tipo de infraestructura son comodatos que se generan desde la propia Municipalidad", dijo la autoridad provincial al mismo que informó "se continuará con el despliegue de estos controles conjuntos", dijo Ballesteros.

Pablo Orellana G.

Tras un largo proceso legal, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, ordenó un millonario pago a una exalumna que sufrió violencia física y psicológica cuando cursaba el sexto básico en el colegio Guadalupe de Ayquina (CGA), en 2019.

Según explicó Manuel Pimentel, juez de Policía Local de Calama, "tras la denuncia interpuesta por el abogado patrocinante de la víctima, en contra del colegio Guadalupe de Ayquina, se estableció una compleja y delicada investigación por abusos físicos y psicológicos contra la menor afectada, la cual era efectuada por otras alumnas del recinto educativo", detalló.

El magistrado en esta causa precisó que "tras la denuncia se inició una investigación, para determinar si eran efectivos los hechos, y luego de una recopilación de antecedentes, testimonios y diligencias, se logró establecer la veracidad de estos, y también a los padres de la menor, y por lo que tuvo que ser retirada de ese establecimiento. Si bien este juzgado en primera instancia se había declarado incompetente, fue la Corte de Apelaciones la que ordenó se fallara, y por lo cual no había controversia en ello".

Sentencia

Manuel Pimentel informó además "de la acreditación de los abusos por parte de compañeras, el cual no fue detenido por forma diligente por el colegio, y por lo cual la Corte de Apelaciones confirmó en todas sus partes el fallo de este juzgado, el cual consiste en 15 ingresos mínimos mensuales, la indemnización para la víctima de 10 millones de pesos, y de 5 millones de pesos para cada uno de los padres, aún cuando esto no repara el daño causado a la menor y sus padres".

Si bien este caso denunciado no entró dentro de la justicia penal, y se efectuó como una causa civil, el magistrado dijo también que "fue un caso complejo, porque se trata de niñas, y debió ser tratado con mucha delicadeza, y en un contexto de abusos que se prestaban en el colegio. En este caso en particular no hubo el cuidado necesario ni las medidas al respecto, lo cual quedó de manifiesto en la sentencia del tribunal de alzada".

"Se pudo constara en las diligencias que la víctima sufrió agresiones de todo tipo, las cuales se extendieron en su estadía en el colegio, y que no fueron remediadas por las autoridades, tampoco la asesoría de este complejo tema, y del cual tuvimos el respaldo de la Corte de Apelaciones", agregó Pimentel.

El magistrado explicó que "se marca un precedente, un punto de inflexión en las responsabilidades que deben asumir los recintos educativos y sus sostenedores en este tipo de casos y que tras el fallo de la Corte de Apelaciones ya no es apelable por el colegio al ser cosa juzgada".