El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se reunió ayer por segunda vez con los miembros del Consejo de Rectores (CRUCh), en busca de una fórmula para la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE), proyecto que el Presidente Gabriel Boric anunciará el domingo 22. En el intertanto, el secretario de Estado adelantó que "todos los deudores van a tener algún incentivo" para ponerse al día en su deuda, examinando lo ya abonado, así como el nivel de ingresos. Desde la oposición criticaron la "prioridad" de la medida, que fue una de las promesas de campaña del Mandatario.

Cataldo explicó en Radio Pauta que la iniciativa contemplará "ya sea un incentivo a reconocer las trayectorias responsables de pago, un incentivo a aquellos que no vieron cumplida la promesa de mejorar la calidad de vida con el CAE", porque "casi el 70% de las personas que tienen deuda y están en mora, tienen un ingreso inferior a $1.000.000, y si lo llevo más abajo aún, casi el 60% gana menos de $750.000".

Otro segmento son los "morosos que no pagan, y que pudiendo hacerlo no lo han hecho: nosotros estamos de acuerdo en que tenemos que ponerle especial atención a cuál es la decisión que el proyecto de Ley va a establecer para ellos", dijo el secretario de Estado.

"Quiero recordar que todo sistema financiero, y particularmente el sistema de crédito, aplica formas para convertir una deuda incobrable en cobrable", destacó el ministro antes de la cita con los rectores.

"prioridad"

Sobre los cuestionamientos acerca de la prioridad de la política pública, el ministro pidió "mirar cuántos son los recursos que el Estado está inyectando: a la fecha, el Estado ha adquirido más de $6.000.000.000.000 en créditos. Además, ha invertido otros $2.000.000.000 o $3.000.000.000 más en la inyección de recursos que son puro capital que va a los bancos".

"La recarga, que es el sobreprecio que el Estado tiene que pagar para que los bancos participen del proceso, este último año fue de 35% por sobre el precio original a financiar. Y, por otro lado, toda la disminución de las tasas que en algún minuto se legislaron para que los estudiantes tuviesen sólo un 2% y no un 6%, como originalmente establecía el crédito. Todos esos recursos hay que ponerlos", señaló la autoridad.

El diputado Diego Schalper (RN) escribió en X que "insto a (el ministro de Hacienda) Mario Marcel a definir mejor las prioridades de cara al presupuesto. Él sabe que la condonación parcial o total del CAE es improcedente, ha tenido impacto en morosidad y debe postergarse frente a otras urgencias sociales. ¿Cuándo va a golpear la mesa?".

Ayer se apagó el alto horno de la empresa siderúrgica Huachipato, lo que puso fin a más de 70 años de producción de acero nacional.

Tras ello, el ministro de Economía, Nicolás Grau, presentó en dependencias de la Universidad de Concepción el plan del Gobierno para fortalecer el empleo industrial en el Biobío, trabajado con actores del rubro productivo de la región, pero que no dejó conformes a parlamentarios de la zona.

Este documento tiene cinco ejes principales: apoyo y acompañamiento a las empresas proveedoras de Huachipato en riesgo mediante subsidios de retención laboral y programas de inversión para el acceso a nuevos clientes; potenciar la reinserción, movilidad laboral, y acompañamiento para el resguardo de garantías laborales; acelerar la inversión pública y privada en la región; reactivación y fortalecimiento de la industria en el mediano y largo plazo; y recuperación en el mediano plazo de la producción nacional de acero.

Ante ello el senador PS Gastón Saavedra advirtió que el plan necesita complementarse con medidas específicas hacia los trabajadores: "Es necesario pensar en algo que permita protegerlos, de manera que sea un plan de transición justa para mitigar una pérdida del empleo y sus medios de sustento familiar".

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC), lamentó que el plan gubernamental carezca de una hoja de ruta clara: "Esperábamos que para revertir esa situación tuviésemos un anuncio dentro del plan, por ejemplo, un incentivo tributario para que las empresas puedan instalarse en la región del Biobío. En eso no hubo anuncios, y eso de verdad que nos dejó un gusto a poco".

El diputado Leonidas Romero (RN) dijo: "No entiendo por qué el gobierno se demoró tanto para lograr una solución. Hoy día la gente está quedando cesante, las pequeñas y medianas empresas que eran proveedores de Huachipato están quedando en la indefensión total".

Un profundo debate surgió luego de que la ministra de Defensa, Maya Fernández, expresara en Pekín su disposición a expandir continuamente la cooperación en defensa con China: si bien expertos coinciden en que entre ambos países existe una larga relación diplomática y económica, y que es "fluida", otra cosa es "estrechar vínculos militares" debido a la posible tensión que esto podría generar con potencias occidentales.

La ministra Fernández dio cuenta del acuerdo suscrito con China, en su reciente visita oficial, en la que se reunió con su homólogo, el almirante Dong Jun, e indicó que la reunión fue para "fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países y reactivar la cooperación mutua de defensa".

Ante ello la experta en relaciones internacionales Karin Ebensperger afirmó en una carta a El Mercurio que "ese vínculo aumentaría la posibilidad de una peligrosa intromisión del PC chino en la seguridad estratégica de Chile y crearía una delicada tensión con nuestros aliados occidentales". Y Jorge Burgos, en entrevista con el mismo medio, sostuvo que hay que "tener mucha precaución con convenios de defensa cuando se trata de países del mundo no democrático".

Frente a las críticas, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, expuso que "no hay ningún cambio en la política exterior y de relación en este ámbito con China. Son parte de la política de continuidad en que se tiene una teoría internacional y en el sentido de retomar diálogos que se venían desarrollando hace un tiempo".

Además, indicó que "hay una relación con China, como con otros países, que es comercial, de intercambio cultural, tecnológico, pero también en el ámbito de la defensa que data de más tiempo de lo que es la administración de este Gobierno, y en el aspecto en cuestión, es algo que tiene que ver más con retomar diálogos que con innovar en una política especial".

El Ministerio de Hacienda señaló en el segundo trimestre que los ingresos previstos estarían 1,2% por debajo de lo proyectado, lo que equivale a $828.806 millones. Entonces, se recortó el gasto público en $779.404 millones (alrededor de US$850 millones). Esta situación podría repertirse de cara a la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto, debido a una posible recaudación de impuestos menor a la esperada, indicó Pulso ayer. La idea se alínea con una publicación del centro Libertad y Desarrollo (LyD), que el fin de semana advirtió que, en caso de mantener el gasto fiscal, este sobrepasaría el 6% durante el próximo año.