El Pleno de la Corte Suprema ratificó por unanimidad el desafuero del diputado Mauricio Ojeda, investigado por el millonario fraude del Gobierno Regional de La Araucanía en el marco del caso convenios por el traspaso de más de 730 millones de pesos que se habrían desviado por parte de las fundaciones Folab y Educc.

En julio pasado la Corte de Apelaciones de Temuco acogió la solicitud de la Fiscalía y desaforó al parlamentario electo en cupo del Partido Republicano, bancada a la que renunció en abril.

El Ministerio Público de La Araucanía indaga al parlamentario por los delitos de fraude al Fisco, cohecho, soborno y lavado de activos, entre otros. Y tras su desafuero ahora puede ser acusado penalmente, sometido a medidas cautelares y recibir una sentencia en el caso de que sea considerado culpable de algún ilícito.

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, señaló que "nosotros consideramos que su rol es fundamental en esta dinámica defraudatoria, porque él es la persona que ubica a las fundaciones, que las incita a la postulación de estos fondos, que financia además con recursos propios y también de terceros, el funcionamiento de esta fundación, y realiza los contactos con funcionarios públicos que permiten la aprobación de estos programas y la transferencia de fondos a estas fundaciones".

El persecutor añadió que "de manera casi inmediata una vez que estas fundaciones reciben los fondos, estos salen de las cuentas de estas fundaciones, se vacían las cuentas que se habían creado para recibir los fondos y recibe él también, y los terceros que habían participado con él en el aporte de dinero para el funcionamiento de esta fundación, la devolución de esos montos, además de los intereses que cobraba él y los terceros que él había contactado para permitir el funcionamiento de la fundación".

"Caiga quien caiga"

Una vez conocida la resolución, la diputada del Frente Amplio Erika Ñanco, también representante de La Araucanía, manifestó que "el caso convenios está pasado a la derecha. Eso demuestra el desafuero al diputado Mauricio Ojeda, único parlamentario desaforado por el caso convenios. ¿Chile Vamos y Republicanos seguirán avalando a los posibles corruptos? ¿Cuál será la postura respecto al apoyo al candidato Luciano Rivas al Gobierno Regional de La Araucanía? Espero que las instituciones funcionen caiga quien caiga con todo el peso de la ley sin importar color político".

Según la indagación, el legislador habría pactado con los directores de la fundación ganancias sobre los convenios suscritos. Y el año pasado, cuando le pidieron la entrega voluntaria de su celular, si bien accedió a hacerlo, el móvil estaba destruido.

Poco después de eso imputados del caso revelaron que el parlamentario les habría sugerido "quemar" los teléfonos.

El Gobierno publicó en el Diario Oficial un decreto que extiende en 18 meses la vigencia de cientos de permisos de edificación que estaban a punto de expirar con el riesgo de que quedaran inconclusas miles de nuevas viviendas.

Gracias a esto el sector inmobiliario esquivó lo que habría significado un duro golpe para una industria que ya se había visto profundamente complicada tras la pandemia de covid-19.

Según datos de la consultora Toctoc recogidos por el Diario Financiero, entre julio y septiembre iban a vencer 319 proyectos inmobiliarios en la Región Metropolitana, lo que representa el 41% del total de las obras de la capital.

Ante las complicaciones, hace algunos meses, la industria llamó al Gobierno para dictar una postergación extraordinaria de la vigencia de los permisos concedidos. El Ejecutivo acogió el llamado y dictó el Decreto Supremo 33, firmado por el Presidente Gabriel Boric y el ministro de Vivienda, Carlos Montes.

En el se argumenta que "se entenderán prorrogados por dieciocho meses adicionales aquellos permisos de construcción que, encontrándose vigentes a la fecha de entrada en vigencia de esta norma, no han iniciado las obras correspondientes".

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ingresó ayer al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto 2025, presentado por el Presidente Gabriel Boric en una cadena nacional donde subrayó el aumento de la inversión en seguridad y cultura. A economistas y legisladores llamó la atención que el aumento del gasto público sea de 2,7% cuando se prevé que el crecimiento en 2025 será de 2,2%. Marcel ayer dijo que esto es "medir el tamaño del sector público, que es una cuestión más bien ideológica, hay quienes quisieran tener un Estado más chico".

El titular de Hacienda afirmó ayer en ADN Radio que "la expansividad de un presupuesto uno debería medirlo a través del balance estructural, (...) lo cual es distinto que compararlo con el crecimiento de la actividad. (...) Siempre están planteando que el gasto crezca menos del producto, hay otros que quisieran lo contrario, pero en la política fiscal se fija de acuerdo al balance estructural".

"Sobre esa base se va determinando la expansión del gasto", explicó el expresidente del Banco Central, "y al interior del gasto hay un énfasis que va haciendo cada Presupuesto, que es lo que realmente marca el contenido", es decir, los anuncios como el aumento de $28.000 millones para combatir el crimen organizado al interior de las cárceles, otros 1.300 carabineros en las calles y más de 200 nuevos efectivos de la PDI.

A esto se suma, indicó el Presidente, un 68% de incremento en fondos para reducir las listas de esperas en salud, junto con destinar el 1% del Presupuesto a Cultura.

Marcel ayer destacó que "la diferencia entre crecimiento del gasto y crecimiento del producto es como medio punto porcentual, no es el punto completo". Junto a esto, "se reduce el déficit estructural a 1,1%. Para este año teníamos 1,9% del producto. Y esto lo que va a permitir es que finalmente se estabilice la deuda pública, como porcentaje del producto. Que deje de crecer como ha crecido durante los últimos 17 años, lo cual es una señal muy potente respecto de la responsabilidad con la que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha estado manejando las finanzas públicas".

Inversión "dañada"

El decano de la Facultad de administración y negocios de la Universidad Autónoma, Rodrigo Montero, dijo a Emol que "desde el punto de vista macro, es un gasto que apunta a mantener el gasto controlado". Sin embargo, "un elemento que será importante es la inversión, variable que ha sido bastante dañada durante los últimos años. Por lo tanto, la inversión pública que se plantee para 2025 será un factor clave en términos de apuntalar esta variable".

El integrante de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, Miguel Mellado (RN), señaló que "cada ítem que se aumentará deberá demostrar qué se hizo estos años y su real impacto. En caso contrario, será un Presupuesto de campaña".