La reciente polémica sobre el elevado sueldo que una universidad privada paga a la exministra Marcela Cubillos ha generado un amplio debate en Chile sobre las prácticas de financiamiento y compensación en la educación superior. Este caso ha destacado tanto la cuestión de las retribuciones como el uso de los fondos públicos y privados en el sector educativo. Mientras algunos argumentan que tales sueldos son esenciales para atraer y retener talento en instituciones privadas, otros ven estas prácticas como problemáticas en términos de equidad y gestión de recursos.
Esta situación nos obliga a reflexionar sobre la estructura financiera de nuestras propias instituciones estatales. En la Universidad de Antofagasta, consideramos esencial adoptar un modelo de financiamiento transparente y equitativo que garantice el acceso a la educación superior para todos los sectores de la sociedad, evitando que esté sujeta a los vaivenes del mercado o a prácticas que puedan ser vistas como excesivas.
En medio de un clima de desconfianza que se extiende más allá de las fronteras del debate, y en tiempos de profunda discordia en nuestro país, parece fundamental que las instituciones educativas estatales lideren con el ejemplo, promoviendo la transparencia y el consenso. Es crucial que las decisiones que afectan a la educación y su financiación se tomen considerando el bien común, asegurando que el interés público prevalezca sobre cualquier otro.
Es imperativo discutir el modelo de financiamiento de la educación superior estatal. La dependencia del mercado para definir los futuros y oportunidades de nuestra juventud es una práctica que debe ser evaluada cuidadosamente. El financiamiento estatal asegura una mayor equidad en el acceso a la educación y al mismo tiempo sostiene la calidad y la continuidad de la formación que ofrecemos.
El informe "Education at a Glance" de la OCDE revela una correlación directa entre la inversión en educación superior y el incremento de los ingresos fiscales, junto con una reducción en los gastos de asistencia social. Este estudio destaca el impacto significativo de la educación superior pública en el desarrollo económico y la reducción de la desigualdad social, subrayando los beneficios que aporta a la sociedad en su conjunto. Las investigaciones realizadas por la OCDE confirman consistentemente estos efectos, resaltando la importancia de mantener y reforzar el apoyo a este sector educativo.
En las universidades del CUECH, especialmente en las instituciones regionales como la nuestra, entendemos que la educación es un derecho y un pilar fundamental para el desarrollo de nuestra región y del país. A través de nuestra vinculación con la comunidad y nuestro compromiso con la investigación científica aplicada, buscamos constantemente contribuir al bien común, preparando a los jóvenes no solo para el mercado laboral, sino también para ser ciudadanos conscientes y activos.
Es vital que el debate sobre el financiamiento y la gestión de nuestras universidades estatales se lleve a cabo con un espíritu de transparencia y colaboración. Solo así podremos reconstruir la confianza en nuestras instituciones y asegurar que la educación superior continúe siendo un motor de equidad y progreso social.
