Una gran avance se consideró la puesta en marcha el año 2017 de la ley 21.015 de inclusión laboral que garantiza que discapacitados podrán ocupar las plazas de trabajo del uno por ciento de las empresas del estado o privadas que tengan 100 o más empleados.
Una gran ilusión se abrió para poder acceder a trabajos de acuerdo a sus condiciones físicas y mentales, pero la iniciativa no ha tenido la acogida que se esperaba y más en el sector minero donde han surgido diversos inconvenientes.
Así fue planteado en una jornada de diálogos por la discapacidad en Calama el día martes pasado, que coincidió con la celebración del Día Internacional de la Discapacidad.
Es que la inclusión y la accesibilidad en términos prácticos no está funcionando y no hay disposición de algunos servicios públicos y privados por sumarse a estas leyes.
La ley 20.422 de inclusión social, establece medidas de accesibilidad para las personas discapacitadas, pero hasta la fecha en Calama no hay transporte público para estas personas y muchos edificios siguen si contar con rampas o ascensores para su desplazamientos.
Uno de los grandes problemas con las leyes que se ponen en marcha en nuestro país es la falta casi absoluta de fiscalización para que ellas se cumplan, tal como ha ocurrido con la ley de tenencia responsable de mascotas, entre otras.
Personeros del Centro Laboral de Corcaldem y del Consejo Comunal de la Discapacidad, han manifestado que hay un claro desdén de parte de las autoridades y privados.
Será necesario que las autoridades aboguen por el cumplimiento de las leyes para los discapacitados que representan al dos por ciento de la población total del país.
Quizás el mejor reflejo de la indiferencia frente a personas discapacitadas es el constante uso de los estacionamientos para discapacitados en centros comerciales y de uso masivo de personas.
Es importante seguir avanzando y poniendo en práctica muchas medidas en beneficio de los discapacitados.