La Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ), que congrega a diez establecimientos de este tipo situado de Calama a Punta Arenas, anunció que iniciará acciones legales en contra del Estado ante tribunales internacionales con el fin de defender sus "derechos".

Esto, luego de que el lunes la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) informó que iniciará un proceso de licitación para el otorgamiento o renovación de permisos de operación para 12 recintos, que quedarán disponibles en diversas regiones a contar de julio de 2023, con lo cual, a juicio de los actuales operadores, no se estaría reconociendo el derecho preferente para renovar los permisos por otros 15 años.

"incerteza jurídica"

"A los operadores de casinos hoy no nos queda otra opción que iniciar acciones legales para defender nuestros derechos, lo que derivará en demandas contra el Estado de Chile ante tribunales internacionales, como el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), y tribunales nacionales y sus autoridades", dijo la ACCJ.

"Nos llama la atención que la Subsecretaría de Hacienda, organismo del cual depende la Superintendencia, no haya instruido a la entidad técnica que enmiende el rumbo y, por el contrario, avale un proceso que no respeta la ley vigente", expuso la asociación. Sobre el inicio de una etapa de diálogo con los actores involucrados anunciada por dicha subsecretaría, la ACCJ consideró que es "un llamado tardío" y agregó: "No están dadas las condiciones para sentarse a conversar, mientras exista un proceso de licitación ilegal en curso".

"El llamado a conversar mientras se desarrolla el proceso licitatorio iniciado por la SCJ, que es un plazo breve, genera una incerteza jurídica que pone en riesgo los US$1.400 millones de inversión y miles de empleos que hemos aportado en los últimos 15 años", añadió la agrupación, que rechazó.

Redacción

Mañana a las 9 horas comenzará el proceso de solicitud del retiro del 10% del ahorro previsional de las AFP y las instituciones ultiman detalles para su puesta en marcha, mientras que ayer volvieron a verse largas filas fuera de las sucursales de varias administradoras.

El superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, dijo a radio ADN que, desde el 3 de agosto, el proceso se realizará también de forma presencial. En tal sentido, el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, indicó en radio Cooperativa que en los próximos días las AFP anunciarán los lugares donde el trámite se podrá hacer de modo presencial.

Formulario

La superintendencia ordenó que las AFP deben disponer de un formato único de solicitud, que deberá contener la misma información para todos los afiliados y beneficiarios, y entregar los mismos mensajes.

La información que deberán pedir a los afiliados y beneficiarios es: número de cédula de identidad y su serie o número de documento, domicilio completo (opcional), teléfono y correo electrónico, y la modalidad de pago requerida. También deben dar las respectivas instrucciones de llenado.

El solicitante podrá seleccionar una de estas formas de pago: transferencia a la cuenta de ahorro voluntario (Cuenta 2) en la AFP donde hace el retiro (si no posee una, se creará una automáticamente), depósito en una cuenta bancaria o de instituciones financieras, incluyendo cooperativas de ahorro y crédito, y cuentas de provisión de fondos en cajas de compensación. En todos los casos, el solicitante deberá informar el número de cuenta, tipo de cuenta y nombre de la entidad. El afiliado también puede optar por un vale vista.

Una vez elegida la cuenta en la que se hará el depósito, la AFP deberá desplegar un mensaje que señale claramente que no se autoriza el depósito en cuentas bipersonales (con más de un titular), ni en cuentas digitales con procesos de apertura no presenciales, con el fin de evitar el rechazo de la solicitud.

La Asociación de Bancos llamó a los clientes que opten por el retiro del 10% "a privilegiar los depósitos en cuentas bancarias y a utilizar los canales digitales disponibles". El presidente de BancoEstado, Sebastián Sichel, expuso que "casi 7 millones de personas van a pedir que se les devuelva el 10% en una cuenta RUT y como banco nos estamos preparando para hacerlo de la manera más fácil posible".

La Sala del Senado rechazó el veto ingresado por el presidente Sebastián Piñera al proyecto de ley que prohíbe el corte de servicios básicos -como electricidad, agua potable y gas de red- durante la emergencia sanitaria y económica por el coronavirus. Los senadores aprobaron el informe de su comisión de Economía, con 28 votos a favor, 7 en contra y 5 abstenciones.

Sin embargo, en una votación inmediatamente posterior, aprobó en forma parcial la insistencia de la ley despachada por el Congreso el 11 de junio. No se alcanzó el quórum de dos tercios necesarios para que finalmente se pudiera despachar la iniciativa original en forma íntegra, lo cual significa que la ley será materializada sin contener los elementos vetados por el Ejecutivo.

El veto buscaba, en lo medular, limitar la cantidad de metros cúbicos de agua que serían objeto de prórroga -para cuidar el recurso en el contexto de la sequía-, eliminar todo lo relativo a los servicios de telecomunicaciones y que los costos que la implementación de la ley irrogue para las empresas y cooperativas en ningún caso sean traspasados a los clientes finales. Respecto de los servicios de telecomunicaciones, no tuvo quórum suficiente el artículo que aseguraba la gratuidad de la conexión a Internet para los estudiantes de los grupos de menores ingresos del país, con lo que quedó fuera. También fracasó el artículo que buscaba prohibir que las empresas, en futuros procesos tarifarios, consideren esta ley para subir las cuentas.

"Esto es particularmente grave, genera un precedente en las relaciones entre el Gobierno y el Congreso (...) El propio Gobierno ofreció un acuerdo" en orden a "garantizar" el acceso a internet, dijo la senadora Yasna Provoste (DC), quien reprochó que incluso la ministra Gloria Hutt se involucró en lograr la gratuidad del servicio para quienes lo necesitan. Esto "deja en entredicho y muy mal pie a la propia ministra Hutt como interlocutora".

Según el Gobierno, se buscaba también remediar eventuales problemas legales que implica la ley. Además, argumentó que se trata de un proyecto innecesario, pues en la actualidad opera un acuerdo de palabra con las empresas de servicios básicos para que a ningún cliente se le corte el suministro de estos debido a una mora en el pago.