Contraloría pide investigar a Jadue y a Martorell
LICITACIONES. A él, por gastos sin justificar en Recoleta. A ella, por anomalías en compra de cámaras de Carabineros.
La Contraloría General de la República abrió en las últimas horas del viernes dos sumarios: uno contra la administración del alcalde de Recoleta y exprecandidato presidencial por el PC, Daniel Jadue, al detectar gastos sin rendir por más de $2.000 millones; y otro contra la vocera del candidato a La Moneda Sebastián Sichel y exsubsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, por irregularidades en la licitación de las cámaras corporales para Carabineros.
En la Municipalidad de Recoleta, la Contraloría detectó irregularidades en los aportes entregados a la corporación cultural de la comuna y a la Fundación Womad, por la realización del festival del mismo nombre, sumado a que en los últimos diez años la oficina municipal no ha rendido gastos por más de $2.111 millones.
Jadue ayer respondió, mediante su cuenta de Twitter, que "tenemos plena confianza y alta valoración de lo que hace la Contraloría. Atenderemos todas las observaciones emitidas, porque tenemos plena certeza de que cada peso está debidamente invertido en cultura para nuestra comuna".
"Estamos solo frente a faltas administrativas y he instruido que se apliquen todas las medidas a nuestro alcance para subsanar. Como siempre, informaremos oportunamente sobre la marcha de estas acciones", agregó el alcalde.
El candidato al Ejecutivo por su pacto electoral Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, luego manifestó su respaldo afirmando que "nuestro proyecto de cambio solo tiene sentido si actuamos distinto a las coaliciones tradicionales: ante una denuncia se debe colaborar con la investigación, presentar los antecedentes a la ciudadanía y nunca hacer defensas corporativas. La misma regla para rivales y aliados".
Cámaras de carabineros
El proceso abierto por Contraloría contra Martorell versa sobre la compra de las nuevas cámaras corporales para Carabineros, por $378 millones, proceso que estuvo marcado por irregularidades, indicó el ente fiscalizador, ya que los aparatos de Motorola no cumplen con características técnicas necesarias para su función.