El proceso de notificaciones vigente para quienes hayan ingresado al país sin documentos permite a las personas pasar hasta 30 días recibiendo y enviando cartas para regularizar su situación, tiempo en el que muchas veces cambian de domicilio y esto no se concreta. La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, dijo ayer que "podríamos estar en un caso de ineficiencia", mientras que el Gobierno detalló un aumento de recursos para el control migratorio en el Presupuesto 2023.

"En Chile tanto personas migrantes como no migrantes, chilenos, extranjeros, etc., tienen que tener las mismas garantías procesales, no es posible que una persona por ser migrante, aún irregular, no tenga las debidas garantías procesales que tendría cualquier persona en nuestro país. Hay que tener presente que la Constitución asegura los derechos a todas las personas, no distingue", señaló ayer la ministra de la Suprema en Tele 13 Radio.

"Desde ese punto de vista, (el proceso de las cartas de) notificaciones tiene por objeto que esa persona pueda gozar de defensa, porque no olvidemos que hubo personas expulsadas del país que no alcanzaron ni siquiera a gozar de defensa, porque no se habían establecido o aclarado este tipo de garantías", destacó Vivanco.

Sin embargo, "esto a veces obsta a poder expulsar personas que son ilegales en el país, en consecuencia, aquí hay dos frentes que hay que revisar: uno de lo que sigue sucediendo con el ingreso ilegal de personas al país, que sigue siendo un problema bastante grave; (...) y por otra parte, cómo revisar el procedimiento de manera que manteniendo las garantías del debido proceso, esto no signifique que las personas eludan a la justicia".

En esta situación, "yo soy partidaria siempre de buscar el punto medio, porque es un problema para el Estado de Chile tener inmigrantes ilegales, pero eso no significa que el Estado de Chile pueda bajar el estándar del respeto de las garantías del debido proceso", sostuvo la magistrada, aunque reconoció que "podríamos estar en un caso de ineficiencia, en el sentido de que habría que buscar la fórmula de que entre una notificación y otra tengamos más observada a la persona de tal manera de que no eluda a la justicia y posiblemente ahí está la clave".

Los diputados UDI Renzo Trisotti y Juan Manuel Fuenzalida anunciaron ayer un proyecto de reforma, porque "es absolutamente inútil tener una ley garantista que sólo protege a quienes están de manera irregular o que han cometido delitos", por lo cual piden que "las expulsiones se den por notificadas al momento de publicarse en un diario de circulación regional o nacional".

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, de visita en la Región de Tarapacá, dijo que en el proyecto de presupuesto "hay recursos para dotar de mejores condiciones de habitabilidad y vehículos Carabineros, para poder tener más puntos de control en la frontera, (... y) avanzar en la instalación de un sistema de identificación biométrica".

El fiscal de la zona Metropolitana Sur, Héctor Barros, explicó ayer que la bomba encontrada en un edificio donde operan empresas del Grupo Angelini, en el barrio El Golf de Las Condes, Santiago, era "de alto poder de destrucción. No era el típico artefacto con pólvora negra", por lo cual comparó el objeto con el enviado al exministro del Interior Rodrigo Hinzpeter.

El hallazgo del jueves en el barrio capitalino "era un artefacto explosivo de alto poder de destrucción. No era el típico artefacto que encontrábamos habitualmente con pólvora negra", dijo el persecutor en ADN Radio, "este artefacto lo podemos comparar con el que fue enviado al exministro del Interior , Rodrigo Hinzpeter, (en 2019) que es de un poder de destrucción mayor".

El día antes, el miércoles, fue condenado a 45 años de cárcel Camilo Gajardo, por el envío de encomiendas explosivas al académico y expresidente de Codelco, Óscar Landerretche, y el expresidente de Metro, Louis de Grange. Además, en el mismo sector, hace unas semanas fueron atacadas las oficinas de Inmobiliaria Besalco.

Ante una eventual correlación de hechos, Barros dijo que "habitualmente tenemos la colocación o envío de artefactos que se desactivan, y que no salen muchas veces a la luz pública, y que enmarcan dentro de los movimientos anarquistas cada vez cuando hay detenciones o celebraciones por esto. Para nosotros es habitual tener este tipo de respuestas".

Ley antigua

"Hemos tenido muy buenos resultados en la persecución penal de estos delitos, son investigaciones mucho más largas de las que estamos acostumbrados a ver", dijo el fiscal, a causa de que "estamos operando en la vía de la Ley de armas, porque en Chile no tenemos una Ley antiterrorista que nos sirva para poder procesar o enjuiciar este tipo de casos. En cualquier parte del mundo, estas conductas que se ven son terrorismo, acá en Chile es Ley de armas".

"El problema es que no tenemos una ley adecuada a los tiempos. Tenemos la Ley antiterrorista de 1984, sin embargo, esta es una ley con que cuesta mucho acreditar las conductas terroristas en los tribunales, porque no está adecuada a los tiempos actuales", sostuvo Barros, debido a la instalación de artefactos explosivos.

El abogado luego detalló en CNN Chile que "los grupos criminales ha mostrado que son mucho más adaptativos que nosotros, mucho más rápidos, más dinámicos. Por lo tanto, nosotros pasamos años discutiendo una normativa y cuando ya la tenemos, los grupos han evolucionado, (...) el fenómeno ha cambiado, ha variado, lamentablemente, muchas veces para peor de lo que teníamos anteriormente".

El aparato que no alcanzó a ser detonado esta semana, fue dejado en el lugar por un ciclista, pasadas las 7:00 horas, y un conserje alertó a Carabineros. Luego el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que "se encontró un tubo de PVC negro, que contenía explosivos y un temporizador y también tenía cables".

"Tenemos la colocación o envío de artefactos que se desactivan, y que no salen muchas veces a la luz pública".

Héctor Barros, Fiscal Metropolitana Sur

"Se encontró un tubo de PVC negro, que contenía explosivos y un temporizador y también tenía cables".

Manuel Monsalve, Subsecretario del Interior