Las últimas encuestas han dejado en claro que el nuevo proceso constituyente ha dejado de estar entre las prioridades de la comunidad. Casi un 90% de los encuestados, se manifiestan que este renovado y acotado proceso no les llama mayormente la atención y creen que los esfuerzos de la clase política y de las autoridades debieran enfocarse en temas más inmediatos como la seguridad y la economía.

Se está muy lejos de aquel plebiscito de entrada de octubre de 2020, cuando el 78% de los chilenos dijo en las urnas que "Sí", que era necesario iniciar un camino para modernizar la actual Carta Magna. Era la prioridad de aquel momento, pos estallido social y en plena pandemia por el covid-19.

Hoy a casi 2 años y medio la situación es diametralmente opuesta. El desgaste y los errores del proceso anterior pudieron desalentar a la comunidad que ya no ve la urgencia de avanzar en este desafío, más aún, con la modalidad de redacción que saltó de un sistema con gran participación ciudadana a otro mucho más acotado.

Previo a este escenario, sólo los Republicanos fueron los que alzaron la voz para exponer que ya no era necesario exponer a los chilenos a un nuevo proceso y nuevas elecciones. Lo veían como un gasto innecesario de recursos y tiempo.

Hoy, son muchos quienes se suman a esa postura ante la apatía del electorado y creen que es muy poco lo que aportará el trabajo de la Comisión Experta y de los consejeros constitucionales.

Lo cierto es que este ambiente de indiferencia tenderá a cambiar con el paso de los días y un gran porcentaje de esta misión será lo que puedan hacer los expertos, quienes con las dificultades propias avanzaron y pudieron acordar los "mínimos comunes" para la Constitución.

Esto empezará a darle carne a un proyecto que será presentado para que sea analizado por los futuros consejeros constitucionales, quienes serán elegidos la primera semana de mayo próximo.

Del desánimo y la apatía se tiene que pasar a un estado más esperanzador y coincidir que la oportunidad creada no se puede perder por segunda vez consecutiva.

Chile tiene la oportunidad de modernizar su carta fundamental y cuenta con la participación de expertos que han estado dispuestos a trabajar por el país.

En el pasado la ruta formativa que seguía un joven era conocida. Al terminar el liceo preparaba la PAA o la PSU y dependiendo de su vocación y su puntaje estudiaba en la universidad o el instituto una carrera de su preferencia, o la más parecida. Después de estudiar al menos 4 o 6 años ingresaba a trabajar no siempre en lo mismo que estudió.

Ese modelo lineal tenía muchas deficiencias. En primer lugar, exigía una formación en educación media que estaba pensada principalmente para los colegios privados y orientado a estudiar en la universidad. Los resultados en las pruebas de selección que obtenían los estudiantes de liceos públicos y colegios particulares subvencionados, difícilmente les permitían estudiar carreras universitarias que no siempre responden a las necesidades del mercado laboral o a las demandas particulares de los diferentes territorios del país.

El 2020, en un esfuerzo conjunto entre organismos ministeriales, gremios empresariales e instituciones de educación superior, se elaboró la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional (ENFTP). El objetivo de esta estrategia es "Contribuir a la transformación del país, formando técnicos y profesionales altamente calificados, que aportarán al desarrollo sustentable de Chile, elevando la calidad de vida de las personas, la fuerza laboral y la productividad."

Uno de los nudos críticos que se identificó, son las barreras para el desarrollo de trayectorias educativas y laborales. Es conocido que el modelo lineal planteado al inicio lo viven un número privilegiado de personas, y no obedece a la realidad de los estudiantes de la enseñanza media técnica profesional. Ellos transitan del liceo al mundo del trabajo, y luego de algunos años de egresados del liceo estudian cursos técnicos de capacitación específicos a las tareas que desempeñan. En otros casos, haciendo un gran esfuerzo personal o familiar logran estudiar una carrera técnica o profesional mientras trabajan, con la esperanza de desarrollarse laboralmente, aumentar su remuneración y mejorar la calidad de vida de su familia.

La nueva estrategia ENFTP, plantea un conjunto de medidas que permiten reconocer y validar los aprendizajes de la enseñanza formal, enseñanza superior y capacitación, pero también el aprendizaje no formal obtenido en el trabajo u oficio.

Bajo este nuevo enfoque, sus aprendizajes previos son reconocidos y una persona no necesita estudiar nuevamente cursos sobre aquellos conocimientos que obtuvo en el pasado; así su proceso de formación es mucho más rápido, económico y pertinente a sus intereses y requerimientos en la función que desempeña.

Por lo anterior, los institutos profesionales y centros de formación técnica, basamos nuestro modelo educativo en estos nuevos paradigmas que permiten formar personas con competencias más pertinentes a lo que demanda el territorio y reconociendo que cada individuo transita por su propia trayectoria formativa y laboral.

Andrés Ruiz-Tagle Avendaño

Vicerrector, INACAP Sede Calama

Este domingo se conmemora el Día Internacional sobre la Concientización del Autismo, instancia promovida por la Asamblea General de Naciones Unidas con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población en esta condición.

Este año, bajo el lema "Por un mundo neuroinclusivo para todos", la organización busca promover su inclusión como ciudadanos de pleno derecho en todos los ámbitos de la sociedad.

En esa materia nuestro país ya cuenta con un tremendo avance. El 10 de marzo fue publica en el Diario Oficial -y por ende entró en vigencia- la nueva Ley 21.545 Trastorno del Espectro Austista (TEA) la cual estamos seguros permitirá mejorar considerablemente la calidad de vida de las personas en esa condición.

Se trata de un proyecto de moción parlamentaria que en primera instancia se tramitó en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara. En segundo trámite legislativo -que se inició en abril de 2022-, nuestro gobierno decidió patrocinarlo y el ministerio de Salud asumió la conducción de su tramitación desde el Ejecutivo.

Este nuevo cuerpo legal abarca todo el curso de vida y los distintos niveles de severidad del TEA.

Como ministerio tendremos una responsabilidad fundamental en la implementación de la ley. Específicamente, en generar respuesta de detección (tamizaje), diagnóstico y atenciones específicas en la red de salud para personas con TEA.

Asimismo, la ley nos mandata a la coordinación intersectorial para mejorar la calidad de vida de las personas con TEA.

Por ejemplo, Minsal y Mineduc debemos coordinarnos (elaborar un protocolo) para mejorar la detección de TEA en establecimientos educacionales y generar un mecanismo de derivación a diagnóstico en establecimientos de salud.

Como autoridad sectorial trabajaremos por una atención de salud digna y pertinente a las necesidades. Esta ley nos llama a avanzar en los ajustes necesarios en la atención general en salud para que las personas con TEA tengan derecho a una atención pertinente.

De la misma forma, la nueva normativa entrega al Ministerio de Salud la responsabilidad de orientar a las redes de salud para el refuerzo de la Calificación y Certificación de Discapacidad en personas con TEA en el curso de vida.

Debemos diseñar mecanismos de tamizaje en Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) con especial énfasis en una primera instancia entre los 30 y los 50 meses (artículo cuarto transitorio) y capacitaciones y formación continua en los contenidos de protocolos y documentos técnicos y brindarla a la red de salud.

Y finalmente, incorporar en el próximo proceso Garantías Explícitas en Salud (GES) la evaluación de las prestaciones para atención del Trastorno del Espectro Autista (TEA).