La remisión de los contagios covid entregó un mínimo respiro a los sistemas públicos de atención sanitaria, porque, como lo habían advertido los especialistas, los virus llamados estacionales, arreciaban con fuerza y hacían temer de un nuevo estrés en los dispositivos de atención de salud. Y no pasó mucho tiempo para que nuevamente nos viéramos en una situación preocupante, debido a que las infecciones siguieron una espiral que no pudo ser contenida y que hoy se enluta con el fallecimiento de un lactante, que no pudo ser internada por falta de camas.

Esa fue la triste noticia que sacudió el martes y que se daba en paralelo con la información de las autoridades sanitarias locales, quienes reconocían el aumento de contagios, ampliación en un 74% de las camas de hospitalización y que habían recibido a tres pacientes pediátricos, en el marco de la coordinación en red del ministerio.

Los servicios de atención volvían a momentos de estrés y el llamado era a que la población elevara los estándares en el autocuidado. Se recomendaba retomar las medidas preventivas covid, como el buen uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol gel y el distanciamiento social (evitar concurrir a lugares de mucha aglomeración).

Para algunos es fácil volver a esas prevenciones, no obstante, la gran mayoría prefiere obviarlas. Es como si no se hubiese aprendido nada de la pandemia y hay quienes ni siquiera se cubren la boca para toser.

Si la situación no toma un mejor rumbo no sería descabellado pensar que el Ministerio de Salud determine retomar la obligatoriedad de las medidas preventivas de pandemia, partiendo por el uso de mascarillas. Todo dependerá de la evolución de los distintos contagios y si el llamado al autocuidado tiene buena recepción entre la comunidad.

Hace un par de semanas se viene hablando de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago de Pensiones de Alimentos, N°21.484 la cual constituye un avance en la protección económica de niños, niñas y adolescentes, especialmente en cuanto a su derecho de recibir manutención por parte de sus padres.

Esta normativa, además, busca dar respuesta a la violencia económica que sufren muchas mujeres al tener que perseguir al padre deudor, lo cual lamentablemente sigue siendo una realidad. Esta modificación a la ley N°14.908, tiene varios puntos claves que mejorarán la realidad de miles de niños, niñas y adolescentes; en primer lugar, la responsabilidad: pues traslada al Estado la responsabilidad de perseguir el patrimonio del deudor, lo cual hasta ahora estaba radicado en las posibilidades de la madre demandante, que normalmente es también la cuidadora de los niños, niñas y adolescentes.

La responsabilidad viene acompañada de dos brazos operativos, cuales son: la coordinación, entre los entes del Estado, y la cooperación de las instituciones privadas; pues la indagación patrimonial puede ordenarse a cualquier organismo del Estado, como el Servicio de Impuestos Internos (SII) o la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y a su vez, lo propio sucede respecto de las instituciones privadas que deben informar a tiempo sobre la existencia de fondos, bienes o dinero del deudor, y, pagar a tiempo cuando se le ordene.

En segundo término, la modificación incluye la solidaridad. La introducción esta figura aplicada a las instituciones bancarias, financieras o previsionales que no paguen dentro del plazo establecido por el juzgado de familia (5 días hábiles), quiere decir que, si la institución no paga en ese plazo, ella misma debería pagar. Esto es sólo eventualmente, a modo de sanción si no se encarga de trasferir los fondos a la cuenta informada por la demandante al tribunal.

En tercer lugar, la nueva legislación introduce lo que podría considerarse como las primeras referencias legales de los llamados trabajos domésticos no remunerados, no bajo esta nomenclatura específicamente, pero sí bajo la fórmula de tasación económica de los trabajos de cuidados, que deben ser tenidos en cuenta por el juez a la hora de establecer los alimentos.

Todas estas innovaciones, que acompañan la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos (en la región, hay un total de 2.209 deudores vigentes), eran necesarias, y son a su vez un compromiso programático de S.E. el Presidente Gabriel Boric Font, que, junto al Registro Civil e Identificación, Poder Judicial, demás servicios del Estado y las instituciones financieras bogaremos por hacer cumplir en la región según mandató en la Región de Antofagasta la delegada presidencial regional, Karen Behrens Navarrete.