Representantes del Poder Judicial, Fiscalía, Defensoría Penal y la Corporación de Asistencia Judicial visitaron el ayllu de Solor, ubicado a 7 kilómetros de distancia de San Pedro de Atacama, para dialogar con dirigentes de las distintas comunidades indígenas de la zona y explicarles el rol que cada institución desarrolla en el ámbito de la justicia.

Este nuevo encuentro forma parte de los compromisos adquiridos por dichas instituciones con las comunidades del pueblo lickanantay, en el contexto del proyecto de instalar un centro de justicia en San Pedro de Atacama, que espera brindar un mejor acceso de los usuarios al sistema judicial y evitar los costos personales y económicos en que hasta ahora deben incurrir trasladándose a Calama para resolver sus inquietudes.

Balance

En este sentido, Héctor García Mamani, presidente de la comunidad de Larache y secretario del Consejo de Pueblos Atacameños, dijo que para las comunidades estas reuniones son muy importantes, pues permiten alcanzar los consensos y visiones comunes que requiere un proyecto de esta naturaleza, por lo que instó a continuar desarrollándolas.

La jueza Macarena Muñoz, presidenta del Juzgado de Familia de Calama, destacó la buena recepción de las comunidades a la propuesta del centro de justicia, como también el compromiso que éstas han asumido con la iniciativa, y que se expresa en su interés por conocer detalles cada vez más precisos del proyecto en sí, como de los servicios e instituciones que participan.

Franco Bruna Ortiz

Las ramificaciones que ha provocado el caso Democracia Viva continúan incrementándose con el paso de los días y con el conocimiento de mayor información que involucra a otras fundaciones en el resto del país. En la región de Antofagasta se siguen generando dudas en torno al alcance que tienen estos convenios, sobre todo al analizar el marco general en que se otorgaron fondos por parte del Minvu.

Según información registrada en el informe de la glosa 06 que el Ministerio de Vivienda informó a la comisión del Senado, el presupuesto total de asentamientos precarios percibido a nivel nacional para el 2022 fue de $31.479.352.787. Este monto se divide en recursos orientados a convenios con instituciones públicas y otros a acuerdos con fundaciones y organizaciones sociales. A la primera categoría (municipios, delegaciones presidenciales, instituciones públicas) se destinaron $20.133.399.150, mientras que a la segunda (organizaciones no gubernamentales y fundaciones) fueron transferidos $11.293.953.638.

En esta área, donde ha tenido lugar la controversia con las instituciones cuestionadas, resalta la cantidad total dada a la segunda región. Se trata de $5.216.655.556 que fueron otorgados a diez fundaciones bajo convenios que tenían como eventual fin la realización de trabajos de habitabilidad primaria en campamentos. Está cifra además equivale al 46% del presupuesto nacional orientado a este tipo de organizaciones.

El hecho de que Antofagasta recibiera casi la mitad de los recursos dispuestos por el Minvu en esta categoría llama particularmente la atención, considerando que no es la región con más campamentos en Chile (ocupa el tercer lugar según el último catastro en la materia realizado por Techo) y llama también a cuestionar la forma en la cual los dineros fueron distribuidos a lo largo del país.

La cifra además evidencia un alza del 288% respecto al año 2021, cuando el presupuesto de Minvu Antofagasta para el programa de asentamientos precarios llegó a la cifra de $1.344.919.929

REACCIoNes

Al ser cuestionados por esta estadística, los parlamentarios tuvieron diversas reacciones. El senador Pedro Araya tomó la problemática desde una perspectiva analítica, indicando que el porcentaje tiene cierta lógica por el sostenido aumento de los campamentos durante los últimos años, pero a su vez también resaltó las dudas frente a la manera en que Minvu registra a las personas que viven allí.

"Cuando se discutió la ley de presupuestos el año pasado, justamente uno de los temas que planteé en ese minuto tenía que ver con cómo se apoyaban las labores del Serviu para dar solución al problema habitacional. Era necesario actuar con urgencia, construyendo más viviendas y entregando soluciones habitacionales, entre otras cosas. Entonces había una cantidad de recursos importantes que se iban a destinar a la región justamente por el tema de habitabilidad de campamento", explicó el parlamentario.

"Me atrevería a decir que ha sido la región que más ha crecido en campamento en los últimos años, incluso más que la metropolitana, pero desconozco cuál fue la fórmula con la que el Minvu terminó asignando los recursos", agregó.

Por su parte, la diputada Yovana Ahumada aseguró no conocer estos datos y manifestó sorpresa ante lo que considera un agravamiento de la situación, más aún cuando el oficio que presentó sobre Democracia Viva aún no ha tenido respuesta por parte del Ejecutivo.

"Si bien hay un aumento de campamentos, eso no justifica que la región reciba la mitad de los recursos a nivel nacional. Esto agrava aún más la situación y amerita una investigación del por qué se están entregando estos montos. Este monto supera cualquier expectativa que se pudiese pensar, porque son demasiados recursos que se están entregando de manera directa", señaló.

Desde la oposición, la senadora Paulina Nuñez expresó que "si los recursos hubieran ido realmente a las familias de campamento no me hubiera parecido mal que llegarán más recursos a nuestra región que tanto ha aportado, pero llegaron más recursos para otros fines que hoy están siendo investigados por la justicia".